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El Congreso de la Nación debe abordar un tema impostergable por estos días. Se trata de la injustificada prórroga de facultades delegadas que el Poder Legislativo, sin un estudio profundo de cuáles facultades se están delegando en el Poder Ejecutivo, viene convalidando en masa cada dos o tres años. Situación que se viene arrastrando desde la Reforma Constitucional de 1994, siendo que en su artículo 76 refiere exactamente lo contrario.
Debemos decir que allí hay un importante número de facultades que no se justifica prorrogar, como la existente Ley de Radiodifusión y el Código de Minería, por ejemplo. Deben revisarse, corregirse y volver al normal cauce de administración por parte del Congreso (muchas, incluso, ni siquiera tienen vigencia). Por eso es que nos oponemos a que se prorroguen en bloque las llamadas “facultades delegadas”.
Sin embargo, la Mesa de Enlace ha vuelto a emprender una feroz ofensiva alrededor de este tema, falseando una vez más su verdadero interés: lograr que se reduzcan o desa-parezcan, y que deje de ser potestad del gobierno de turno asignar retenciones a las exportaciones de diversos cereales, en particular a la muy rentable soja.
Este planteo oportunista de la Mesa de Enlace hace pie en sus cuatro patas.
La primera es la pata de la desigualdad que, en síntesis y a pesar de sus disfraces, se basa en la convicción que tiene dicho sector de que ellos pueden y deben ser los privilegiados de un modelo de país que postergue y arroje a la pobreza a millones de argentinos, de la ciudad y el campo.
La segunda es la pata del liberalismo económico a ultranza, que detesta cualquier intento por parte del Estado de regular la economía a favor de los sectores más desprotegidos de su pueblo, a través del acceso a la salud, la educación y demás derechos sociales a los que tiene que acceder cualquier ciudadano argentino.
La tercera es la pata de la evasión impositiva, que insiste en que los que menos tienen paguen más impuestos. No les basta con que hoy el 80 por ciento de la recaudación fiscal recaiga sobre todos los argentinos y argentinas a través del impuesto al consumo (IVA). Ellos no quieren controles ni rendir cuentas de sus transacciones.
Por último, la cuarta pata es la del desprecio por la democracia. Reivindicación a Martínez de Hoz de por medio, y añorando el vetusto modelo agroexportador de fines de siglo XIX y principios del XX –que estuvo atado al fraude político y el gobierno de minorías “selectas”–, los ruralistas vienen por todo.
Queremos dejar claro que este o cualquier gobierno debe tener no sólo la potestad sino también la obligación de defender la democracia. Tiene que hacer más igualitarias las condiciones de vida de sus habitantes, perseguir y sancionar la evasión impositiva y regular la actividad económica de modo que las mismas no redunden en el empobrecimiento de las mayorías.
La Mesa de Enlace nunca nos va a encontrar siquiera cerca de sus oscuras intenciones.
* Diputadas nacionales del Movimiento Libres del Sur.
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