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Unos dieciséis diputados de cuatro bloques parlamentarios de centroizquierda –Solidaridad e Igualdad (SI), Proyecto Sur (PS), Encuentro Popular y Social (EPyS) y Diálogo por Buenos Aires (DBA)– ratificaron su postura a favor de que el Poder Ejecutivo sea quien fije las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero plantearon varias condiciones para acompañar al oficialismo en la prórroga de las facultades delegadas por el Congreso. La lista incluye la negativa a respaldar una “prórroga masiva” de las facultades que vencen el 24 de agosto, la creación de una comisión bicameral que estudie en un plazo de seis meses cuáles de las miles de delegaciones quedarán en manos del Gobierno y la prohibición de “subdelegar” esas atribuciones. Llevarán su propuesta al resto de las bancadas opositoras y pedirán una reunión formal con el kirchnerismo.
La rueda de prensa en la Cámara de Diputados fue breve y el cuestionario periodístico se resumió a una sola pregunta: “¿Van a dar quórum al oficialismo en la sesión del miércoles?”, en referencia a la sesión de mañana en la que el oficialismo intentará tratar la prórroga de facultades delegadas, pero donde no tiene garantizado el quórum para abrir el debate. La respuesta fue casi a coro: “No hemos discutido ese tema”. Entre los bloques de centroizquierda, incluso dentro de ellos –donde conviven distintas fuerzas políticas–, no hay una postura unificada sobre ese punto. Pero tampoco quieren abrir juicio sobre la negociación que empujan con el oficialismo que todavía “ni siquiera empezó” (ver aparte).
Vilma Ibarra (EPyS) fue la encargada de explicar las propuestas del abanico parlamentario de centroizquierda. Dijo que había que “terminar con las prórrogas masivas de delegación de facultades”, pero remarcó que “la fijación de los derechos de exportación debe ser una facultad del Ejecutivo”. “Esta atribución –continuó Ibarra– es un instrumento de política económica de comercio exterior.”
El documento conjunto también reclama la eliminación de varios artículos del “proyecto oficial”, entre los que figuran la prórroga por un año de todas las facultades y la aceptación de todos los decretos delegados por el Ejecutivo desde 2006. Como alternativa, los bloques opositores proponen la creación de una comisión bicameral, que con “un fuerte perfil técnico” estudie con un plazo de seis meses qué facultades quedarán en manos del Ejecutivo y cuáles no. Además de modificar las facultades y la integración de la comisión bicameral que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y Decretos Delegados (DD) e incorporar la prohibición de subdelegar esas facultades en “funcionarios de segunda y tercera línea”.
Eduardo Macaluse (SI) abrió la conferencia de prensa para exponer el “objetivo central” del reagrupamiento parlamentario en la Cámara baja: “Imponer una agenda legislativa donde la prioridad sea la cuestión social”. Una propuesta que se resumió en dos proyectos: “la asignación universal por hijo” y “contra el tarifazo de luz y gas”.
El documento conjunto –al que se sumaron los ex aristas fueguinos alineados con la gobernadora Fabiana Ríos– fue respaldado frente a los periodistas por los diputados Claudio Lozano (PS); Macaluse, Emilio García Méndez, María América González y Delia Bisutti (SI); Miguel Bonasso (DBA); Ibarra y el socialista K Ariel Basteiro (EPyS), y Victoria Donda y Cecilia Marchán de Libres del Sur, que se encargaron de remarcar que su socio político en Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, también avaló la propuesta. Lozano afirmó a Página/12 que “la agenda social no será motivo de negociación con el oficialismo” y lanzó una chicana para la Sociedad Rural: “De esta manera compartimos la preocupación de (Hugo) Biolcati y las retenciones servirán para combatir la pobreza”.
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