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El kirchnerismo logró ayer sortear con éxito en la Cámara de Diputados el primer escollo para prorrogar por un año las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo –que vencen el 24 de agosto–, entre ellas la atribución para fijar las retenciones agropecuarias. Tras nueve horas de debate, el oficialismo logró a la medianoche 136 votos a favor de la prórroga, con 100 en contra y 7 abstenciones. Lo acompañaron sus aliados incondicionales y varios diputados de bancadas de centroizquierda, luego de algunas modificaciones al texto original del proyecto oficial para sellar las alianzas parlamentarias que le permitieran conseguir quórum y sesionar. El proyecto pasó al Senado, que buscará transformarlo en ley.
Con la certeza de contar con los votos necesarios, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, salió duramente a cuestionar la embestida opositora. “No vamos a dejar a nuestro gobierno sin superávit fiscal primario. Cuando hubo déficit fiscal en la Argentina terminamos en el corralito y el estallido social”, arrancó el discurso de cierre. Luego señaló que “el debate hoy en la Argentina es entre la política y las corporaciones, y no vamos a permitir que las corporaciones se queden con los pedazos desparramados del Estado”. Rossi también ratificó que el oficialismo habilitó el debate sobre la asignación universal por hijo y que el proyecto de ley de radiodifusión se va a discutir en el Parlamento: “Los monopolios tienen fecha de vencimiento”, sentenció.
La UCR, la Coalición Cívica y el PRO presentaron un dictamen de minoría, que no logró seducir al resto de la oposición. La propuesta rechazaba la prórroga de las facultades delegadas y fijaba que “los derechos de importación y exportación serán establecidos por ley”. Empujados por el lobby ruralista, se establecía en el mismo texto la rebaja para las exportaciones de granos y oleaginosas: de 35 a 25 por ciento a la soja y a cero las alícuotas del trigo, maíz y girasol.
Pero el artículo 17 de ese proyecto fue demasiado hasta para la CC. Allí se planteaba que “no se podrán imponer restricciones cualitativas o cuantitativas al comercio exterior de productos de origen agropecuario, sin autorización expresa del Congreso”. El jefe del bloque cívico, Adrián Pérez, lo firmó en disidencia. El peronismo anti K tampoco lo rubricó y creyó conveniente –según el duhaldista Jorge Sarghini– “no prorrogar las facultades pero tampoco fijar ahora nuevas retenciones”. Los socialistas se alinearon en contra de la delegación legislativa, pero no con la propuesta que elaboraron macristas, radicales y cívicos: están convencidos en la necesidad de mantener retenciones, aunque segmentadas.
El kirchnerismo le había reprochado a la oposición su negativa y le recordó a los radicales que habían delegado esas mismas facultades cuando fueron gobierno. El jefe del bloque de la UCR, Oscar Aguad, salió al cruce: “Es un error votar esta delegación legislativa y es casi inmoral justificarse en el error del otro. Peronista y radicales, que hemos gobernado los últimos 100 años, nos hemos equivocado bastante para tener hoy un país subdesarrollado y con 14 millones de pobres”, reconoció, pero justificó la postura en la situación agropecuaria y en la “necesidad de bajar las retenciones”. “Quienes militamos en la reconstrucción institucional –agregó el macrista Federico Pinedo– tenemos la obligación de votar en contra y de representar al pueblo que nos votó.”
En búsqueda de aliados, el bloque K había comenzado a explorar el camino de la negociación con cuatro bancadas de centroizquierda –proyecto Sur PS), Solidaridad e Igualdad (SI), Encuentro Popular y Social (EPyS), y Diálogo por Buenos Aires– para avanzar con el proyecto. El oficialismo les ofreció como moneda de cambio varias modificaciones a la propuesta oficial: la eliminación de la aprobación en bloque de todos los decretos de facultades delegadas desde 2006 hasta la fecha; incluir la prohibición de delegar esas facultades a funcionarios de segunda y tercera línea y que todas ellas estén refrendadas por la Presidenta; además de fijar una mayor precisión al texto para que la comisión bicameral que revisará las 1900 leyes que delegan facultades pueda discernir claramente cuáles de ellas quedarán o no en manos del Ejecutivo.
Pero las concesiones del oficialismo no conformaron a todos. Los cinco diputados del EPy S –que incluye a los socialistas K, Vilma Ibarra– respaldaran en general el proyecto con las modificaciones, aunque en disidencia sobre otros aspectos del texto oficial. Ibarra fue la encargada de fundamentar su postura en el recinto con un discurso que recibió por igual aplausos y rechiflas de las barras. “No vamos a acorralar la gobernabilidad para que gobiernen por DNU y ceder a la presión de las corporaciones que se quieren quedar con mucha plata”, dijo.
Otros legisladores de se mismo espacio, en cambio, no vieron como una buena señal de compromiso de parte del oficialismo que esas facultades se extiendan por un año más. Tampoco la sanción ficta de los DNU si el Parlamento no lo revisa dentro de un plazo de 60 días. Estos dos temas alejaron a varios diputados del acuerdo con el oficialismo. “De esta manera el Congreso no tiene ninguna garantía de poder controlar esas facultades”, sostuvo Eduardo Macaluse, que propuso –igual que Claudio Lozano– la abstención, aunque no logró encolumnar a toda su tropa.
Se supo que el diputado electo Fernando “Pino” Solanas fue al Parlamento para pedirle a sus aliados que votaran en contra: “No podemos convalidar este nuevo pacto de Olivos impulsado por el bipartidismo. Es una farsa esta oposición en bloque, impulsada por la Mesa de Enlace que quiere gobernar el país. Igual que el gobierno kirchnerista conserve los superpoderes y facultades delegadas”, sostuvo.
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