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Mariano González Palazzo, Luis García, Augusto Diez Ojeda y Guillermo Yacobucci integran la Cámara Nacional de Casación Penal. Ingresaron como subrogantes luego de que en ese tribunal se produjeran algunas vacantes provocadas en parte por la polémica que generó su demora en la tramitación de las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. La semana pasada, el Consejo de la Magistratura elaboró el orden de mérito provisorio del concurso realizado para cubrir esos puestos. El resultado dejó en evidencia algunas fallas en los magistrados que están en este momento ejerciendo esos cargos.
Antes de llegar a Casación –el tribunal penal más importante del país y la instancia de mayor peso jurídico luego de la Corte Suprema–, Diez Ojeda se desempeñaba como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín, González Palazzo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, García en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de Buenos Aires y Yacobucci en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de Buenos Aires. Todos ellos se presentaron al concurso que les podía garantizar la continuidad en Casación, pero sólo Yacobucci está en condiciones de quedarse.
En la evaluación que realizó el organismo que se encarga de seleccionar a los magistrados, los postulantes debieron contestar sobre aspectos jurídicos de un caso vinculado con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
González Palazzo fue calificado con 45 puntos sobre cien. Fue la peor nota del examen, que también obtuvieron otros dos postulantes. El jurado conformado por Mirta Delia Tyden de Skanata, Angela Ester Ledesma, Daniel Aníbal Erbetta y Gustavo Luis Vitale consideró que su escrito tenía “cierto grado de imprecisión y confusión”, que no reconoció “las cuestiones federales planteadas ni los precedentes de la Corte Suprema de Justicia” que citó “erróneamente precedentes de la Cámara Nacional de Casación Penal” (que integra) y que “la prueba se caracteriza por la escasa fundamentación y se omite el tratamiento de los agravios vinculados con la autoría mediata, la arbitrariedad y la doctrina del leal acatamiento”. En el orden de mérito provisorio en el que se computan también los antecedentes terminó 23 de una lista de 25.
García sacó 57 puntos. El jurado consideró que “luce insuficiente a la hora de fundamentar cuestiones fundamentales como la vinculada con los delitos de lesa humanidad y la autoría mediata”, y tuvo en cuenta que rechazó el derecho a querellar de una ONG. A Diez Ojeda le fue un poco mejor. Recibió 60 puntos, pero le señalaron que en un escrito se advertía “cierto grado de confusión” y que “omitió el tratamiento de problemas planteados”.
Yacobucci, en cambio, fue calificado con 84 puntos y salió octavo en el concurso. Pero, como tenía el primer lugar en antecedentes, quedó segundo en el orden de mérito provisorio.
Los otros postulantes en condiciones de convertirse en jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal son Alejandro Slokar, actual secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación (sacó 97 en el examen y está primero en la lista), y el fiscal Mariano Borinsky, titular de la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (91 puntos en la prueba y quedó tercero al sumar los antecedentes).
En el cuarto lugar aparece la abogada Ana María Figueroa (obtuvo 91 puntos en la evaluación). A diferencia del resto de los protagonistas, no proviene de la familia judicial. Trabajó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario y ahora integra el área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En su momento fue mencionada como posible candidata a la Corte Suprema, pero su postulación no se concretó.
Los posibles nuevos integrantes de la Cámara de Casación deberán ahora afrontar la entrevista personal de la Comisión de Selección del Consejo. Es probable que Yacobucci deba responder alguna pregunta relacionada con el fallo que firmó hace unos meses con el que le otorgó la libertad a Alfredo Astiz y a otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí, junto con García, consideró que los acusados habían estado demasiado tiempo procesados sin condena y por lo tanto debían ser excarcelados hasta que fueran juzgados. La decisión fue apelada y quedó en suspenso. Además, el Tribunal Oral Nº 5 fijó para el 6 de octubre el inicio del proceso y por lo tanto se supone que los miembros de la patota de la ESMA no sean autorizados a volver a caminar por las calles libremente. El escrito de Yacobucci y García fue criticado por organismos de derechos humanos que, de todas formas, hicieron hincapié en la necesidad de acelerar los tiempos judiciales para que los represores no tarden años en recibir una condena. Pero Yacobucci deberá despejar otro interrogante: Página/12 reveló que en 1977 y 1978 escribió en la revista ultranacionalista Cabildo, vinculada con los represores Adel Vilas y Ramón Camps. El dato no figura entre sus antecedentes profesionales ni académicos, que comienzan en 1979, cuando se recibió de abogado y que le valieron el primer lugar en ese rubro.
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