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Aunque todavía no tiene fecha precisa para el debate, la decisión política de implementar la asignación universal por hijo –como parte de la lucha contra la pobreza– empieza a abrirse camino en el Congreso. El kirchnerismo comenzará a analizar el martes las cuatro propuestas opositoras y las iniciativas propias en busca de unificar los proyectos, donde tampoco faltará la opinión del Gobierno. La idea del oficialismo es que su tratamiento se dé en el marco de la discusión del Presupuesto nacional para 2010, mientras que los sectores de centroizquierda apuran su incorporación urgente a la agenda legislativa y no dudan en impulsar una sesión especial si el bloque K dilata el debate.
El propio jefe del bloque kirchnerista en la Cámara baja, Agustín Rossi, hizo pública hace una semana atrás la decisión del oficialismo de abrir el debate. Su idea es que el tema se aborde junto al debate del presupuesto del año próximo y que todos los sectores debatan de dónde saldrán los recursos económicos para implementarlo. Este eje del debate también le permitirá al oficialismo afrontar una nueva embestida del grueso de la oposición parlamentaria por la baja de las retenciones agropecuarias.
Algunos legisladores oficialistas ejemplifican la situación con una cuenta simple. “De los 12 millones de niños que hay en el país, la mitad tiene algún tipo de cobertura. De los otros seis millones, el 60 por ciento recibe algún tipo de ayuda del Estado a través de distintos planes sociales, mientras el otro 40 por ciento, unos 2,6 millones, no recibe ninguna ayuda. Con una asignación mínima, de 135 pesos mensuales, se necesitan entre 4500 y 5000 millones de pesos anuales.”
Los diputados kirchneristas que presiden las comisiones legislativas de Trabajo, Héctor Recalde; Familia, Niñez y Adolescencia, Juliana Di Tullio; Acción Social, Juan Sylvestre Begnis; y Presupuesto, Gustavo Marconato, comenzaron a recolectar los proyectos opositores. Todos ellos, junto a Rossi y Mariano West, de la conducción política del bloque, se reunirán el martes para analizar las iniciativas. Aunque las consultas también abarcarán al Ejecutivo, donde los interlocutores serán los ministros de Economía, Amado Boudou, y Desarrollo Social, Alicia Kirchner. La estrategia oficialista pasará por buscar “consensos” con varios sectores antes de convocar a un plenario de las comisiones.
“Es un desafío legislativo salir de la inercia postelectoral y trabajar en cuestiones de Estado como ésta, que es fundamental para la inclusión social”, afirmó Recalde a Página/12. El abogado laboralista de la CGT es autor de uno de los proyectos que apuntan a cubrir esa deficiencia. Aunque su alcance se limita a los desocupados y a los trabajadores en negro, quienes contarían –según el proyecto– con algún tipo de protección legal porque los propios trabajadores no registrados tendrán que denunciar su situación irregular para acceder a la asignación.
En tanto, los proyectos presentados desde la oposición fueron elaborados por el economista de la CTA Claudio Lozano y Eduardo Macaluse; Cecilia Merchán y Victoria Donda de Libres del Sur, la Coalición Cívica y Francisco de Narváez.
“Acordamos entre todos los bloques que éste sería uno de los temas prioritarios de la agenda legislativa para lo que queda del año, consideramos que no existe motivo alguno para seguir dilatándolo. Si el oficialismo no formaliza el debate, buscaremos otra forma de llevarlo al recinto, como convocar a sesiones especiales hasta que logremos su sanción”, afirmó a este diario Lozano, que viene proponiendo desde 2004 y sin suerte su implementación en cada debate sobre el presupuesto. Merchán tampoco descarta la convocatoria a sesiones especiales si el debate no avanza. Desde la CC, cuyo proyecto apunta a un replanteo total del sistema de las actuales asignaciones familiares, también quieren que el tema –que enarboló como bandera de su campaña electoral– llegue al recinto. De Narváez elaboró una iniciativa –que abrió a discusión con sus aliados de PRO y del peronismo disidente– que quiere presentar en sociedad no más allá de la semana próxima.
Con el grueso de la oposición y algunos de sus propios aliados metiendo presión, el kirchnerismo ya piensa en acelerar sus tiempos parlamentarios.
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