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La moda se nutre de tendencias que los consumidores respetan para estar actualizados. Salvando las distancias, en el Congreso sucede algo parecido. Hay debates que se imponen a medida que ganan espacio en la sociedad. La asignación universal por hijo, la universalización de los programas de asistencia social, se ha convertido en una materia infaltable en la discusión parlamentaria. Hasta se podría decir que está de moda. Pero es una moda que está lejos de cualquier sospecha de frivolidad. Los 2.860.713 menores de 18 años que, según la propia Presidenta, no reciben ningún tipo de cobertura –ni a través del salario familiar ni por medio de los planes del Ministerio de Desarrollo Social– estarían satisfechos de que en el Congreso se impusiera esta nueva tendencia. Son varios los bloques legislativos que impulsan proyectos propios de asignación universal. El gran interrogante que sobrevuela a todas esas iniciativas es la problemática básica de la ciencia económica: ¿con qué recursos se pretende financiar? Con esa pregunta como principio orientador, Página/12 consultó sobre el tema a un amplio arco de diputados opositores y oficialistas. En sus respuestas hubo coincidencias, matices y también desacuerdos profundos.
“¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro?”, se preguntó la Presidenta el día en que presentó el programa de creación de cooperativas Ingreso Social más Trabajo. Allí también informó que la versión más acotada de la asignación universal –consiste en un subsidio mensual de 135 pesos por hijo– tendría un costo fiscal de 6900 millones de pesos al año. “Habría que ver el nivel de exenciones y eximiciones que estamos teniendo en la Argentina para ver de dónde pueden salir los recursos”, dijo CFK en aquel acto en la Casa Rosada. “El problema es que a veces se subsidia a los que tienen para terminar no subsidiando a los que no tienen”, fue una de sus conclusiones. Esa frase encierra el debate profundo que se desprende de cada una de las propuestas que escuchó Página/12. Lo esencial de cada proyecto es conocer cuáles son las alternativas previstas de financiamiento. La decisión de crear nuevos impuestos, reorientar la inversión pública o mantener el presupuesto vigente en materia social pero reduciendo el gasto en otras áreas implica distintos posicionamientos políticos.
- Impuesto a las Ganancias. Una de las vías de financiamiento que más se repite entre los variados proyectos es dejar sin efecto la deducción por hijo del Impuesto a las Ganancias. Ese beneficio contempla que quienes cobran salarios mayores a 4800 pesos puedan descontar de sus pagos el salario familiar correspondiente a cada hijo. Según algunos cálculos, este beneficio favorece a los sectores de mayores ingresos porque les permite recibir un monto mensual de 150 pesos por hijo cuando la mayor parte de los asalariados recibe 135 por mes.
- Ganancias II. Otra propuesta que involucra a este impuesto es la suba de las alícuotas para las categorías superiores. O crear una nueva categoría para los que tienen ingresos muy altos: eso impulsan las diputadas Cecilia Merchán y Victoria Donda (Libres del Sur). Proponen una alícuota del 39 por ciento de las ganancias. Todas las variantes que involucran a Ganancias tienen un problema. Por la cultura evasora de la Argentina, este impuesto es uno de los más difíciles de cobrar para el Estado.
- Gravar la renta financiera y el juego. Una medida relacionada con el Impuesto a las Ganancias es eliminar las exenciones a la renta financiera. El Gobierno especuló varias veces con crear un impuesto a la actividad bancaria y a las operaciones de compra-venta de acciones en la Bolsa. En cada oportunidad luego debió salir a desmentirlo. Las idas y vueltas no desaniman a otros sectores. “Nosotros proponemos cobrar un impuesto de 1 por ciento a la venta de acciones, bonos y títulos públicos en el mercado de valores”, contó a Página/12 uno de los colaboradores de Merchán. En el bloque socialista que encabeza Silvia Augsburger proponen gravar también el juego, una actividad que se volvió muy dinámica en los últimos años. “Hay que terminar con todas las exenciones a Ganancias”, dijo Augsburger.
- Disminución de subsidios. Una propuesta que encuentra mucho eco en la oposición es avanzar en la reducción de los regímenes promocionales a determinadas actividades. El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) propone revisar los 41 mil millones de pesos que el Estado destina a subsidios con la intención de desacoplar precios o establecer precios máximos en rubros muy sensibles, como el transporte público o la distribución de energía. Esta alternativa genera discusiones sobre su factibilidad. “Es fácil hablar de reorientar los subsidios, pero mire lo que pasó con la actualización tarifaria. Se armó un quilombo infernal”, advirtió Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en Diputados.
- Gravar la renta extraordinaria en petróleo y eliminar los reembolsos en la minería. Lozano sostiene que las petroleras deberían aportar más al fisco porque su margen de ganancia es muy amplio. Los valores surgen al contrastar la diferencia entre el costo de extracción del crudo en la Argentina y el precio de venta en el mercado interno (alrededor de 42 dólares). “Las petroleras privadas tienen el 700 por ciento de ganancia. Es una renta descomunal”, argumentó el aliado de Pino Solanas. En relación con la minería, Lozano dice que el Estado no debe favorecer la extracción a cielo abierto y el uso de cianuro.
- Aumentar las contribuciones patronales. Otra propuesta de Lozano. El economista de la CTA sostiene que hay que anular una medida dispuesta por Domingo Cavallo en 1993, que permitió a los empleadores reducir a la mitad sus pagos de contribuciones patronales a la Anses. “Se las redujo con el argumento de la Convertibilidad y el atraso cambiario. Pero desde la devaluación nunca se repuso el nivel anterior. Esto permitiría que la Anses dispusiera de 10 mil millones de pesos al año adicionales”, argumentó.
- Unificar todos los programas vigentes en materia social y redireccionar los fondos. El presupuesto del ministerio que encabeza Alicia Kirchner es de 10.200 millones de pesos anuales. Algunos bloques de la oposición proponen suprimir los programas en curso y destinar todo ese dinero a implementar la asignación universal. Cuando se refirió a este tema, la Presidenta habló de mantener el presupuesto actual con su destino específico y disponer de nuevos fondos para la universalización. En el bloque del Partido Socialista sostienen que todos los planes de Desarrollo Social que se destinan a las familias con hijos deben redireccionarse a una asignación universal. Exceptúan de esa reingeniería a las pensiones no contributivas y a los programas de fomento a la economía social, como el Manos a la Obra. Otra opción que baraja la oposición es que se unifiquen los planes sociales de Nación, provincia y municipios que se destinan a la población de un mismo territorio. “Si se implementara la universalización, hay muchos programas que perderían razón de ser”, argumentó a Página/12 Jorge Sarghini, del peronismo disidente.
- Eliminar el sistema de asignaciones familiares. Quizás el cambio más drástico sea el que propone la Coalición Cívica a partir de su Ingreso Ciudadano a la Niñez, el proyecto otrora creado por el economista Rubén Lo Vuolo. Para poner en marcha una universalización de 200 pesos destinada a los menores de 18 años y también a los discapacitados, el partido de Elisa Carrió plantea que los trabajadores registrados no cobren más el salario familiar a través del salario, y que reciban 200 pesos por hijo de ingreso ciudadano junto a todos los demás jefes de familia. En la Coalición aseguran que la eliminación del salario familiar permitiría redireccionar 10 mil millones de pesos. Para financiar el proyecto de Ingreso Ciudadano se necesitarían 23 mil millones. El costo total se completaría con todo el presupuesto de Desarrollo Social, los 7500 millones que significaría la eliminación de la deducción por hijo de Ganancias y unos 1500 millones adicionales que el Estado cobraría de IVA por la suba del consumo.
Estas fuentes de financiamiento son postuladas por los bloques parlamentarios que impulsan la universalización. Algunas alternativas son compartidas, otras son planteadas en soledad. En lo que todos coinciden es en que la discusión en serio se producirá cuando el Ejecutivo mande al Congreso el proyecto de presupuesto correspondiente a 2010. Pero en ese momento también surgirá otro debate: ¿la búsqueda de mayores ingresos para el Estado con destino a una asignación universal por hijo es compatible con una reducción en diez puntos de las retenciones a la soja? Las respuestas, por lo que pudo comprobar Página/12, hacen presagiar tempestades.
“No se puede impulsar la universalización y al mismo tiempo proponer disminuir las retenciones. Hoy la soja tiene márgenes de ganancia superiores a los de 2007, cuando tenía un 27 por ciento de retenciones. No podés distribuir riqueza sin cobrar sobre los que tienen capacidad económica”, advirtió Lozano. “Es perfectamente compatible y sustentable buscar la universalización y al mismo tiempo bajar las retenciones. A los sectores competitivos de la economía hay que dejarles margen para la productividad. Con mayor competitividad tenés mayor producción, y mayor ingreso por cobro de impuestos”, replicó Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. “No son compatibles. Si estamos hablando de un ministerio que tiene 10 mil millones de presupuesto, y cualquier política de universalización implica 7 mil millones más, ¿de dónde sacás ese dinero?”, se preguntó el rosarino Rossi.
El debate, como se ve, recién empieza.
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