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En el interior del galpón, una pelirroja desafía la ley de gravedad. Trepa por un caño como una hormiga subiría a un palito; una vez arriba, a cuatro metros de altura, se pone cabeza abajo y se desliza, el pelo rojo colgando como flecos, hasta tocar de nuevo el piso. ¿No tiene miedo?
–Hay que perder el vértigo –concede Roque, el profesor.
Del techo, entre cuerdas y telas cuelga un trapecista. Practica una rutina. La pelirroja vuelve a trepar a su caño. No es posible que un ser humano pueda hacer lo que ella hace; sólo ciertos insectos fueron hechos para caminar así por una acerada superficie vertical. Sin embargo ella sube, gira, se sostiene sólo con una mano, prueba movimientos. A veces la voz le tiembla:
–Ayudame que me voy al carajo! –pide.
Y el profesor está ahí. La ayuda a bajar antes de repetir la secuencia. Van encontrando un modo de hacer lo que parece impracticable.
El galpón de Trivenchi, en Caseros al 1700, es una escuela de circo donde todas las semanas unas 500 personas, la mayoría vecinos de Constitución y Barracas, pasan por talleres como éste (algunos menos impresionantes, como yoga o estiramiento, otros de malabares).
La escuela funciona como una cooperativa de trabajo y es también un centro cultural. Los fines de semana, la troupe da funciones de circo y varieté, todo a la gorra.
La escuela consiguió armar un círculo virtuoso: los artistas dan clases que les permiten vivir de lo suyo, el barrio accede a espectáculos y talleres a la gorra y, después de pasar por las clases, hay espectadores que terminan alimentando el escenario. Trivenchi, que es de espíritu autogestivo, se mantiene a sí misma con este movimiento.
Pero la escuela, que funciona en una propiedad del gobierno de la Ciudad, está desde marzo en riesgo de ser desalojada. Es uno de los espacios culturales que han visto multiplicados sus problemas desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri. Una lista que circula por Internet enumera más de 15 centros culturales y afines en peligro. La mayoría son independientes, pero los hay también estatales.
Por la avenida Caseros los colectivos pasan con un ruido atronador. “Constitución tiene pocos espacios como este”, grita Darío Ramos, el presidente de la cooperativa. Es un día de sol, y Ramos invita a aprovechar la vereda.
–Nos enteramos del desalojo en marzo –cuenta, con la espalda apoyada contra el mural que adorna el frente del galpón–. En marzo, un inspector nos trajo la orden para devolver el lugar en diez días. La habían firmado Macri y todos los ministros. El destino que el gobierno de la Ciudad le quiere dar al galpón no era aclarado.
Los Trivenchi consultaron a una abogada y presentaron un amparo ante la Justicia, apelando a la trayectoria del lugar.
La escuela fue creada por tres malabaristas de semáforo, que en busca de un sitio para entrenar ocuparon un lugar abandonado en Villa Crespo, hace ya nueve años. Se armó una troupe que hacía espectáculos y daba talleres. Llevaban dos años con este trabajo cuando les llegó una primera orden de desalojo. Una serie de acciones de resistencia cultural consiguieron que el tema apareciera en los diarios y la televisión y el gobierno de Aníbal Ibarra les ofreció relocalizarse en el galpón de Caseros.
No hubo más apoyo del Estado que ése. La cooperativa limpió el lugar y lo reacondicionó para su uso. Aquí están hace seis años.
Como formadores de artistas no se pueden quejar. Uno de los tres malabaristas creadores de Trivenchi está en Canadá, contratado por el Cirque du Soleil. Otro está con una compañía circense en Barcelona. “A veces tenemos la suerte de que después de vernos nos contratan”, continúa su relato Ramos. Cuenta el caso de su compañero Sugus, que estuvo dando clases en escuelas de Holanda. De vuelta al barrio, Sugus es ahora parte del equipo que va a dar clases a los chicos que duermen en la estación de trenes de Constitución.
Tomando en cuenta estos aspectos, la jueza Lidia Lago, del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño, dictó en favor de los Trivenchi un amparo que por ahora está frenando el desalojo.
–No esperábamos que nos felicitaran, pero de ahí a querer sacarnos del lugar... ¿qué sería mejor que esto para ellos? –se pregunta Ramos, y arriesga–: ¿poner un shopping?
El Centro Cultural del Sur funciona en una antigua casona colonial de paredes blancas y tejas rojas, ubicada veinte metros avenida arriba sobre la misma Caseros. El mismo barrio del sur de la ciudad. La diferencia con los Trivenchi es que se trata de un lugar estatal, que depende del Ministerio de Cultura porteño. ¿Depende?
Todos los meses su coordinador, Rubén González, paga de su bolsillo la factura de la banda ancha para que el lugar tenga Internet.
–La tan famosa ausencia del Estado –define él. Y su voz suena más a vergüenza que a ironía.
El centro tiene desde mayo clausurado su auditorio y restringido el uso de una de sus salas. Lo único que se puede usar es el patio. El motivo es una rajadura que apareció en la pared madre del edificio y para la que hace meses están esperando reparación.
– Desde hace mucho veníamos pidiendo mantenimiento para el edificio, que es de 1883, sin resultados concretos– reseña el coordinador.
González no tiene el aspecto esperable de los funcionarios de Cultura. Viste de jeans y buzo, y comparte el despacho con los empleados del lugar. Cuenta que es trabajador de planta: empezó en este centro cultural hace 16 años.
Lo que siguió a la aparición de la grieta fue un irritante baile de minué. A medida que los meses pasaban sin respuesta, comenzó a hacer circular cadenas de mails denunciando la situación. Era plena campaña para las elecciones de junio y la ex vicejefa de Gobierno Gabriela Michetti, nerviosa por la publicidad negativa, fue a quejarse con el ministro de Cultura Hernán Lombardi.
Desde Cultura empezaron a llegar a la avenida Caseros 1750 arquitectos para “solucionar” el problema. “Venían dos o tres por semana, a todos les mostrábamos el lugar en una recorrida, hacían un diagnóstico, pero los trabajos no empezaban. Cuando llegó el número veinte le explicamos que ya teníamos un diagnóstico. No vino ninguno más.”
Los vecinos hicieron cortes de calle y clases públicas. Y la Legislatura hizo un pedido de informes al ministro Lombardi. El lunes pasado, Lombardi recibió a los coordinadores de los 7 centros que integran el Circuito de Espacios Culturales de la ciudad. Un repaso a vuelo de pájaro permite comprobar la sospecha de que el Centro Cultural del Sur no es el único con una situación difícil.
- El Julián Centeya colapsa cada vez que llueve y tiene parada la obra de calefacción.
- El Marcó del Pont tiene un problema eléctrico que no pueden arreglar por falta de presupuesto.
- El Plaza Defensa recibió la orden de cogestionar su espacio con el Movimiento Afrocultural Bonga, con lo que no está claro qué va a pasar con la programación artística prevista hasta fin de año.
Lombardi escuchó los reclamos de cada uno y no dijo a nadie que no. La promesa para el Centro Cultural del Sur es que destinará 500 mil pesos a las obras que necesita. ¿Problema solucionado? Quién sabe. González ha empezado la charla contando que en el 2006 creyó que el problema se había solucionado. Ese año en los barrios se discutió el presupuesto participativo y él presentó para el Centro un proyecto que fue aprobado formalmente. Se hicieron los planos, estaban las partidas presupuestarias, “hasta nos llamaron para preguntarnos de qué color queríamos las butacas”. Todo se diluyó sin explicaciones.
Subiendo la empinada escalera de Combate de los Pozos 1983 se entra a Compadres del Horizonte, una casa de la cultura abierta hace seis años por gente que venía de diversas experiencias de militancia social y política. Los que están sentados alrededor de la improvisada mesa de reuniones son todos jóvenes de menos de treinta.
–Nos clausuraron en agosto de 2006, con el argumento de que hacíamos actividades para las que no estábamos habilitados. Cuando quisimos hacer los trámites descubrimos que no existe ninguna figura legal que nos permita la habilitación como centro cultural –cuenta Mariano Avalos.
–Sólo podríamos inscribirnos como “Salón de fiestas” –completa a su lado Noel.
Para ahorrar detalles sobre la historia de la clausura, mejor pasar a lo que los entrevistados consideraron el nudo del asunto: “El macrismo tiene un proyecto que asocia la cultura al turismo”. “Piensan la cultura como algo a vender a un público espectador.” “Hacen megaeventos como el Mundial de Tango o traen a un Polo de Circo a doce compañías francesas, mientras dejan sin insumos a los centros barriales. Si vos querés hacer una actividad como bailar o tocar música en una plaza, resulta que es una contravención.”
–Los problemas que están teniendo los centros culturales ¿son los mismos?
–Hay de todo un poco. Falta de presupuesto, amenazas de clausura, juicios utilizando el Código Contravencional.
Alguien de la mesa ilustra el último caso con una anécdota.
Como no les permitían hacer peñas en el interior de su local (una casa por la que pagan un alquiler), se les ocurrió organizar un festival en el auditorio a cielo abierto del Parque Lezama. Tramitaron todos los permisos y tuvieron el cuidado de cumplir hasta con las más mínimas formalidades. El día del evento les cayeron de una fiscalía en lo contravencional
–¡Y nos hicieron una causa acusándonos de haber pintado uno de los cientos de grafitis que hay en el parque!
La respuesta de los centros culturales ha sido la de defenderse individualmente con recursos de amparo o convocar a movilizaciones. “La verdad es que no conseguimos armar un frente común”, lamentan en la mesa. Pero en casos de peligro, aparecen los apoyos mutuos. Aunque algunos lugares ya fueron cerrados, la mayoría aguanta y van frenando, caso por caso, los peligros de cierre o de desalojo.
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