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Fuentes del juzgado de Norberto Oyarbide adelantaron a este diario que el magistrado, dentro de los próximos diez días, se dispone a detener al líder del gremio bancario, Juan José Zanola, imputándole el delito de asociación ilícita. En concreto, Oyarbide acusaría a Zanola de dirigir una organización, integrada por titulares de droguerías truchas y hombres de la Obra Social de los bancarios (OSBA), dedicada a numerosos delitos: una parte, delitos contra la salud, a través del suministro de medicamentos vencidos o adulterados, y otra parte delitos de estafa contra el Estado, cobrándole al Ministerio de Salud, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) una enorme cantidad de medicamentos inexistentes, pero que se hicieron figurar como comprados y suministrados a los afiliados. En el juzgado dicen que el juez todavía quiere ir más lejos: piensa en habilitar una oficina especial para que se presenten familiares de pacientes oncológicos y de otros males gravísimos e intentará determinar –algo más que difícil– si perdieron la vida o se agravó su situación por el uso de medicamentos falsos. Oyarbide afirma que, por ahora, la única obra social acusada es La Bancaria.
Hasta anoche, Oyarbide no había librado siquiera una citación para Zanola, mientras que tanto el gremialista como su esposa pidieron una exención de prisión, que les fue concedida. La estrategia del magistrado es analizar los informes de lo encontrado en el allanamiento realizado el viernes en el Policlínico Bancario, la documentación que se secuestró en cinco cooperativas donde las droguerías sospechadas cambiaban cheques y los testimonios de los familiares de los enfermos. Con esos datos, dentro de los próximos diez días, citaría a Zanola a declaración indagatoria y, tras cartón, ordenaría la detención.
Tal como anticipó ayer en exclusiva Página/12, Oyarbide va a enviar una carta a la Presidenta interiorizándola de las irregularidades y sugiriéndole la intervención de la OSBA. Este diario conversó con otros jueces federales que se sorprendieron con esa iniciativa: “Los jueces estamos para decir si algo es legal o ilegal, para determinar las penas, pero no para indicarle al Poder Ejecutivo o a cualquiera lo que tiene que hacer o no hacer”, explicó uno de los magistrados con mayor antigüedad en Comodoro Py.
“Mire, la mecánica de la maniobra es bastante sencilla y tenebrosa –le explicó a Página/12 un funcionario de altísimo nivel del Ministerio de Salud–. Supongamos que un doctor Pérez le receta a su paciente Fernández 40 dosis de un medicamento oncológico o de tratamiento del HIV que cuesta, por ejemplo, 1500 pesos por dosis. En realidad, ni el doctor Pérez ni el paciente Fernández saben que la receta existe y es muy probable que Fernández ni siquiera esté enfermo. Sobre la base de esa receta, la Obra Social pide las 40 dosis a un laboratorio de los que están sospechados, como San Javier. Este no proporciona medicamento alguno. Lo único que entrega son troqueles, el cuadradito de cartón con el código de barras que supuestamente atestigua la entrega de la medicación. De inmediato, la Obra Social le cobra las dosis a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud. Los medicamentos nunca se fabricaron. El paso final es el reparto de la plata entre la droguería trucha y los directivos de la Obra Social, que se quedan con la mayor parte.” Como el centro de la maniobra está en la Obra Social –y, al menos por ahora, las pruebas tienen que ver con La Bancaria–, su dirigente Zanola es el que está principalmente en la mira.
Como se sabe, el viernes fue allanado el Policlínico Bancario y fuentes del juzgado dijeron que allí se encontraron medicamentos vencidos, sin fechas de vencimiento y adulterados. Más allá de la movida espectacular, lo cierto es que la Anmat, Administración Nacional de Medicamentos, recién tendrá el lunes un informe preciso del valor incriminante de lo encontrado. Quienes conocen el expediente y la mecánica de la maniobra afirman que los medicamentos en situación irregular no son muchos.
“Es cierto que existen los medicamentos adulterados, pero la proporción es mínima. Fíjese que es un trabajo hormiga –explicó el funcionario del Ministerio de Salud–. Por ejemplo, se usa una ampolla y en lugar de arrojar el envase a la basura se lo vuelve a recargar, a veces con una jeringa. Este es un delito gravísimo, porque afecta a la salud directamente. Lo que contenga la ampolla adulterada no va a servir para curar a ningún paciente y hasta le puede producir un daño irreparable. Pero en los casos que hemos visto, se trata de dos, tres o cuatro dosis. No se hace en forma masiva.”
“Otra maniobra es robar medicamentos de programas del Estado o reciclar dosis vencidas. En ese caso, se borra la fecha de vencimiento con ácido acético y de la misma manera se borra la inscripción en la que dice que el medicamento es de programas gratuitos del Estado. Tampoco esto es masivo. Imagínese que requiere del armado de una especie de taller en el que tiene que haber personas dedicadas a borrar inscripciones. De todas maneras, aunque los casos son pocos, son muy graves, porque producen un real daño a la salud. A Oyarbide o a cualquier otro juez le resultará dificilísimo probar que la enfermedad de una persona se agravó o produjo la muerte por esta maniobra, esencialmente porque el hecho ya se produjo hace un tiempo y no están a mano las sustancias suministradas al paciente.”
“Por último está la piratería del asfalto, o sea el robo de camiones con medicamentos. El eje son los medicamentos más masivos que se venden luego fácilmente en supermercados y algunas farmacias que son como reducidoras de lo robado. A Sebastián Forza, por ejemplo, siempre se lo acusó de estar metido en ese delito: blanqueaba medicamentos robados. Las droguerías truchas juegan un papel central, porque blanquean lo robado mediante una factura a la obra social o a cualquier otro canal de distribución. Tampoco esto parece estar ahora en el centro de la acusación contra La Bancaria.”
En síntesis, el experto insiste en que la irregularidad de mayor envergadura está en la estafa al Estado cobrándole medicamentos no fabricados y que, supuestamente, se les entregaron a pacientes que no existen o que ni siquiera saben que los utilizan como excusa para un negocio espurio. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que encabezó buena parte de las denuncias, redondea las cosas: “El negocio tiene dos modalidades. Una es poner en el mercado medicamentos falsificados o robados. La otra es la de generar historias clínicas (truchas) y hacer el reclamo ante la APE. Durante muchos años incluso la APE adelantaba subsidios que luego nadie rendía. Para rendir, hay que entregar los troqueles. Hay unos 200 millones de pesos sin rendir, desde mediados de los noventa hasta 2005. En 2006 se empezaron a hacer cambios en esto”.
Por ahora, la lista de sospechados no está completa. Se habla de varias obras sociales. En principio, La Bancaria. Pero Oyarbide ya confirmó que hay otras. Se habla de la del personal del Ministerio de Economía, de la de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingieri, se menciona igualmente a la de Correos y Utedyc, trabajadores de entidades deportivas. En el juzgado se habla también de Camioneros, pero hasta el momento no se dio ningún paso hacia la obra social del gremio de Hugo Moyano. La cuestión, de todas maneras, estará en la solidez de las pruebas.
El ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, pedía ayer un listado de las droguerías sospechadas y que se hiciera algún tipo de presentación legal que permita tomar la decisión de no comprarle a tal o cual empresa. En la investigación, están sospechadas San Javier, Congreso, Multifarma, Romalá, AMG, Prefarm, Bisol, Baires Med, Unifarma. Ni San Javier ni las demás droguerías que están en la mira han sido clausuradas.
Los dirigentes de las obras sociales mencionadas parecen ser el centro del negocio ilícito. Alberto Costa, el funcionario desplazado en la provincia de Buenos Aires, apenas tenía un Ford Escort 89 y en las escuchas telefónicas no aparece ningún elemento incriminante, salvo su relación con Néstor Lorenzo, el titular de la sospechada San Javier. En uno de los diálogos, Costa le dice a Lorenzo: “¿Tenés Tamiflu (el medicamento para la gripe A)? Porque el ministro (por Claudio Zin) quiere comprar”. Como es sabido, sólo el Estado nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, compró Tamiflu y las drogas para la gripe A.
En el allanamiento al departamento del propio Lorenzo, lo que se percibió es un escaso nivel económico. Es una propiedad de tres ambientes en Caballito y, en total, se encontraron 5000 pesos y 2000 dólares. Esto significa que ni Lorenzo ni Forza –que estaba totalmente quebrado– hicieron los grandes negocios. Quienes conocen la causa en forma minuciosa afirman que todo el poderío económico y el inmenso rédito está en manos de la estructura gremial.
Los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo investigan el otro costado del caso: varios dueños de droguerías sospechadas hicieron aportes a la campaña electoral del Frente para la Victoria. Se analiza también si ése no fue un método de blanqueo de dinero proveniente de un delito. En el centro de la escena quedó Héctor Capaccioli, recaudador de la campaña del FpV y en ese momento superintendente de Servicios de Salud, justamente el organismo que supervisa a las obras sociales. Un fiscal en lo penal económico explicó a este diario que para probarle a Capaccioli el delito de blanqueo, el juez deberá fundamentar que el funcionario conocía el origen ilícito del dinero. Eso será parte fundamental de la pesquisa.
El juez Lijo trata de determinar si las droguerías cuestionadas, a raíz del aporte al FpV, recibieron algún tipo de favor o negocio del Estado o el Ejecutivo. La realidad es que la mayoría de esas empresas fueron sacadas del registro de proveedores, sobre todo después que Ocaña desplazó a Capaccioli de su cargo. Aun así, Lijo deberá ver si hubo o no beneficios para San Javier y las demás.
Por último, está la pesquisa puramente electoral sobre el financiamiento de los partidos y en particular del FpV. Quienes conocen el proceso de adentro aseguran que esos aportes para la campaña fueron hechos, en realidad, por los dirigentes gremiales, que usaron a empresarios con los que tenían relaciones oscuras, para que emitan los cheques. Gabriel Brito, titular de Global Pharmacy, dice que él figuró haciendo un aporte, pero que en realidad el dinero lo puso Lorenzo. La sospecha es que tampoco fue Lorenzo el que aportó la plata, sino algún dirigente gremial o de obra social, que usó ese recurso para llevarle financiamiento al FpV.
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