La historia de las jubilaciones truchas en La Rioja parece no tener fin. El fiscal Guillermo Marijuán acusó ayer al ex procurador general de la Nación Angel Nicolás Agüero Iturbe de haber tramitado y cobrar una jubilación bancaria de 8 mil pesos mensuales que no le correspondía. Por eso le pidió al juez Jorge Urso que lo indague como sospechoso, igual que a otros 69 beneficiarios de retiros falsos. Entre las medidas que impulsó, Marijuán solicitó que el gobernador Angel Maza informe dónde está toda la documentación sobre los empleados del ex Banco de La Rioja.
En el expediente que investiga Marijuán se detectaron más de 700 jubilaciones truchas del sistema bancario y hay 26 funcionarios involucrados. La pesquisa se inició con denuncias del concejal riojano de Olta Pablo Díaz (ARI) y de la propia ANSeS y apunta a desentrañar un sistema de otorgamiento de jubilaciones que al parecer utilizó el poder político local como forma de cosechar votos y de abultar los bolsillos de los funcionarios públicos. El fiscal pidió procesamientos en mayo de este año, pero Urso todavía no hizo lugar.
Agüero Iturbe –jefe de los fiscales durante el gobierno de Carlos Menem– tramitó una jubilación a los 43 años, en 1990. En aquel entonces, el organismo que otorgaba las jubilaciones rechazó su solicitud porque no cumplía con los 30 años de servicio requeridos. En el año ‘94, sin embargo, consiguió una jubilación a través del régimen bancario, alegando su supuesto desempeño en el ex Banco de La Rioja, pero se jubiló con su mejor sueldo (el del Tribunal Superior riojano). El fiscal pidió que la ANSeS suspenda el pago del beneficio cuanto antes.
El fiscal Marijuán sostuvo en su resolución que Agüero Iturbe “no era empleado del banco sino que fue un abogado externo de la institución contratado por el interventor”. Además, agrega, no había norma alguna que avalara la jubilación que hubiera pasado unos pocos meses por la entidad bancaria, como fue su caso.
Las jubilaciones bancarias falsas u otorgadas a quien no cumplía con los requisitos necesarios, son sólo un capítulo de una enorme causa judicial –la que más imputados tiene en la justicia federal–, que también abarca cerca de 2000 retiros de amas de casa. Hay, además, otro expediente en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Marijuán recordó en su resolución que “no sólo se desplegó una actividad defraudatoria por quienes, en definitiva, obtuvieron una jubilación cuando ello no les correspondía sino que aquellos imputados contaron con la connivencia de numerosos funcionarios públicos que intervinieron, en dichos trámites previsionales”. Este es una de los temas más sensibles para los riojanos. El concejal Díaz fue blanco de numerosas amenazas, incluso de muerte, y actualmente recibe lo patrocina la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
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