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El tratamiento por la hepatitis B había sido muy costoso. Más de 50.000 pesos. El paciente, de Jujuy, se sentó ante el juez con cierta desconfianza.
–¿Está mejor? –le preguntó el juez Ariel Lijo.
–Mejor ¿de qué? –contestó el jujeño.
–Mire –insistió el magistrado–, aquí, como afiliado de la Obra Social de Empleados del Ministerio de Economía, usted figura con un largo y costoso tratamiento de hepatitis B.
–¿Yo? No, debe haber un error. Nunca tuve ni un resfrío.
De esta sencilla manera, el juez Lijo detectó una serie de casos en los que la historia clínica era trucha, el paciente nunca estuvo enfermo, jamás le dieron medicamentos contra la hepatitis B y entre los dirigentes de la Obra Social y la droguería, en este caso Multipharma, se repartieron centenares de miles de pesos cobrados a la Administración de Programas Especiales (APE) que se ocupa de reintegrarles a las obras sociales los fondos que supuestamente gastan en enfermedades gravísimas. En otros juzgados vecinos al de Lijo, en los de Julián Ercolini y Claudio Bonadío, por ejemplo, ya se demostró que los troqueles que sirven de prueba de la entrega de medicamentos son falsos. Y el caso de mayor envergadura lo tiene Norberto Oyarbide: en una muestra pedida por la ex ministra Graciela Ocaña y monitoreada por la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) se demostró que son falsas el diez por ciento de las historias clínicas presentadas por obras sociales relacionadas con la droguería San Javier. La maniobra comprobada rondaría los 30 millones de pesos, pero calculando la totalidad de las operaciones de San Javier y de las demás droguerías sospechadas, se podría hablar de unos 300 millones defraudados al Estado.
El juez Ercolini investiga los reintegros hechos a la Mutual del Personal de Agua y Energía de Mendoza. Siempre por medicamentos muy caros y destinados a curar enfermedades gravísimas. Graciela Ocaña le dio en su momento al magistrado una pequeña muestra de seis casos, pero le adelantó al juez que hay otros cien supuestos pacientes posiblemente inexistentes y que nunca recibieron ninguna medicación.
Hace 48 horas, el juez Ercolini recibió el informe de una pericia de la División Escopometría de la Policía Federal referido a los medicamentos entregados en Mendoza –las droguerías investigadas son Romalá, AMG, Seacamp y Baires Med– y el peritaje demuestra que la inmensa mayoría de los troqueles, los cuadraditos de cartón que contienen el código de barras, son falsos. Es decir que los medicamentos nunca se entregaron, la APE pagó, y la plata se la repartieron entre funcionarios de la Mutual y las droguerías. Ahora Ercolini citará a los supuestos enfermos y es más que seguro que se encontrará que ninguno tuvo ni siquiera un resfrío.
Aunque pocos lo tienen presente, una buena parte de las denuncias fueron hechas por la Anmat, como por ejemplo la que dio inicio a la causa que hoy tiene en el centro de la atención a Oyarbide. En la Administración Nacional de Medicamentos, cuentan que después de realizar decenas y decenas de denuncias, resolvieron hacer una especie de flujograma de las maniobras realizadas con los medicamentos de alto costo. Supuestamente, de un laboratorio sale el producto X con su troquel en el que figura el código de barras que lo distingue. Pero lo asombroso –y grave– es que la Anmat encontró el mismo medicamento con el mismo código de barras en el mismo momento en cuatro lugares distintos de la Argentina. Fabricaron uno, comercializaron uno, y los otros tres eran troqueles falsos utilizados para cobrarle al Estado por tratamientos que no se hicieron.
Una de las mecánicas que descubrieron en el juzgado de Lijo es la de utilizar para las maniobras a afiliados de lugares más bien inhóspitos. Al magistrado le llamaron la atención los tratamientos carísimos en provincias norteñas y ni siquiera en las ciudades capitales de esos distritos, sino en pequeñas localidades. Como es obvio, el paciente no se entera de que existe su historia clínica y que en base a su nombre se generó una receta falsa, una factura falsa de la droguería y un troquel igualmente falso.
En el juzgado de Norberto Oyarbide empezaron ahora a realizar un entrecruzamiento entre las historias clínicas que la obra social de los empleados bancarios entregó a la APE y que sirvieron de base para cobrarle al Estado tratamientos oncológicos, de HIV o de otras enfermedades graves. Ahí podría encontrar la clave del desfalco, como ya lo encontraron Ercolini y Lijo.
Cuando Graciela Ocaña denunció a San Javier, la Anmat organizó un muestreo de todas las historias clínicas, facturas y troqueles que provenían de esa droguería, la del sospechado Néstor Lorenzo. Los casos investigados fueron numerosos y se determinó que el diez por ciento de las historias clínicas y facturas eran falsas. Sólo en el caso de San Javier se habla de 30 millones de pesos anuales.
Funcionarios de la Anmat que dialogaron con este diario razonaron las conclusiones de esta manera: “Tomamos una sola droguería y no toda su facturación, sino una muestra. El listado de droguerías sospechadas llega casi a diez y si tomamos el total de la facturación, no es descabellado pensar en una maniobra que puede redondear los 300 millones de pesos”. Ocaña ya había mencionado unos 200 millones de pesos que ni siquiera tienen, por parte de las obras sociales, la documentación correspondiente. Pero por encima de esa cifra, está todo lo que sí tiene documentación, pero trucha. De manera que la cifra de 300 millones –según consideran en la ANMAT– no parece para nada descabellada.
En forma paralela, Oyarbide, al haber hecho su causa tan mediática, recibió ahora numerosos testimonios de damnificados por supuesta medicación trucha. El problema es que eso será difícil de probar, porque no hay forma de saber si el medicamento que se le dio al paciente era auténtico o adulterado. En el juzgado se presentaron damnificados con el medicamento y el troquel en su lugar, lo cual es más que extraño porque en todo caso se habría usado un troquel falso para cobrarle al Estado.
En la Anmat afirman que, el año pasado, de un total de 13.300 medicamentos, se detectaron adulteraciones sólo entre diez y doce casos, es decir de medicamentos a los que se les puso agua o que se les borró, con ácido, la fecha de vencimiento. Esto reitera lo adelantado por Página/12 en el sentido de que la adulteración sólo constituye el uno por ciento, o menos, del fraude contra la APE y el Estado.
Respecto de los robos, en la Anmat afirman que la estadística policial determina que se roba un camión de medicamentos por día, muchísimo menos que en Brasil, donde se sustraen siete por jornada. Hay grandes sospechas de que Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, era un blanqueador de medicamentos robados. Por ahora, en la causa de La Bancaria no aparecen evidencias de esa maniobra.
Hace ya siete días, este diario anticipó, en exclusiva, la decisión de Oyarbide de detener a Juan José Zanola, cabeza de la obra social de los bancarios. El delito que usaría el magistrado para la imputación es el de asociación ilícita, argumentando que detrás de todo el fraude está una organización, dirigida por Zanola, en la que combinan distintos delitos, entre ellos el fraude contra el Estado y el lavado de dinero, a través de cheques canjeados en cooperativas. El juez también está intentando comprobar el uso de medicamentos adulterados y, eventualmente, alguna muerte producida por esa razón. En ese caso también hablaría de homicidio. Todos estos encuadres son polémicos, pero lo cierto es que Oyarbide está decidido a avanzar en ese sentido.
Tal vez sobre el fin de la semana que se inicia, la Sala II de la Cámara Federal resuelva la recusación planteada por Zanola contra Oyarbide. Todo indica que al juez no le quitarán la causa, aunque es vox pópuli que no caen bien las actitudes mediáticas del magistrado. Una vez confirmado a cargo del expediente, Oyarbide llamará a indagatoria a Zanola y, según dicen en Comodoro Py, ése será el momento de las definiciones.
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