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Por Julio B. J. Maier *
No me animo a vaticinarlo, pero sí estoy convencido al afirmar que no sólo nosotros, sino el derecho a la información en general, se merecía hace rato un debate como el actual. Hace cerca de una década, cuando todavía ejercía la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, tomé como tema de un seminario el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información, constitucionales, y el derecho penal. Invité a dos periodistas que, según recuerdo, no se sintieron demasiado cómodos frente a tantos aprendices de brujos (jóvenes con pretensión académica en derecho penal). Recuerdo bien, eso sí, que yo diferenciaba la libertad de prensa y de información (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional), de la libertad de empresa y de trabajo (artículo 14), y advertía ya que yo no tenía el mismo derecho de expresar mis ideas públicamente por medio de la prensa que el señor Clarín o el señor La Nación (para no referirme a una persona en particular), al mismo tiempo, tampoco yo gozaba del derecho a informarme, pues sólo podía recibir información de parte de aquél cuyo bolsillo tenía poder (económico) suficiente para publicar y llegar a mi destino (lectura, audición o visión) con su lectura particular (ideológica) del universo; muchos más, la mayoría, estaban incluso por debajo de mis posibilidades. Prueba de ello era la incapacidad de instrumentar un derecho humano consagrado por convenciones internacionales, regionales y universales, el derecho a réplica, derecho e instrumentación siempre rechazados por los “dueños” de la libertad de prensa y sus organizaciones, nacionales e internacionales, con cualquier argumento, incluso el de atentar el ejercicio de ese derecho contra la libertad de prensa. Me parecía, entonces, que una ley de difusión de medios escritos y audiovisuales debía intentar igualar esas posibilidades y, para ello, repartir licencias en instituciones comunitarias, en general sin fines de lucro (universidades, gremios, fundaciones, asociaciones de interés público, etc). No creo que muchos coincidieran conmigo entonces, al menos yo no conocía a ninguno. No soy un experto en la materia, razón por la cual allí quedó todo para mí, en tono de pregunta.
El debate político actual me reconforta. Sin que pueda expresar detalles, pues no me corresponde, observo que de un lado están los que, norma más, norma menos, piensan como yo, que la libertad de prensa y la libertad de información son derechos de todos, del ciudadano, y, por lo contrario, no son reaseguros para empresas “periodísticas” o de “entretenimiento” (para ser sintético). Del otro lado están aquellos para quienes esas libertades y los derechos que generan tienen nombre y apellido, los de las empresas de lucro que los explotan comercialmente. No me asombra la existencia del debate ni su configuración argumental; sí, en cambio, la ubicación en él de alguno de sus protagonistas (la UCR, por ejemplo, que parece querer doblarse para que no se rompa) y los exabruptos de algunos, que califican a los contrarios con epítetos más cercanos a ellos, sobre los cuales deberían tener más cuidado, pues en sus filas existen personas a las que el sayo les cabe.
Por lo demás, me hacen reír las atribuciones de intenciones personales a quienes proponen o defienden la ley, intenciones siempre malignas, como sus portadores. La ley, de ser sancionada, va a regir, con total independencia de cuál sea la intención –buena o mala– de cada uno de los proponentes y de los legisladores que la sancionan, y va a ser estimada como buena o como mala según su texto –que no depende de las intenciones del legislador–, conforme a los intereses políticos de quienes la aprecian o la desprecian. De allí que el debate sobre ella tenga también la virtud de mostrarnos la división de aguas en materia de política nacional.
* Profesor consulto de la Facultad de Derecho (UBA).
Por Gustavo López *
Parafraseando a Neil Amstrong, la media sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso para el sistema democrático argentino.
Hasta el día de hoy tenemos una ley de la dictadura, firmada por Videla y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional que consideraba al ciudadano como enemigo interno, sospechoso frente al Estado. Por eso, la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar. Tuvieron que pasar 25 años para que algunos de ellos fueran sujetos de derecho.
Esta ley aún vigente fue modificada por decretos de necesidad y urgencia a la medida de los sucesivos grupos empresariales que se beneficiaron con la concentración económica e informativa y cuyo cambio fue impedido sistemáticamente por esos mismos grupos, con la complicidad o la impotencia del sistema político.
Cada vez que se pretendió cambiar la ley, o “no era el momento” o, si lo era, no se acumulaban fuerzas suficientes para lograrlo. Lo real y concreto es que nuestro país, que pudo juzgar a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que pudo cambiar la Constitución, no pudo, en 26 años de democracia, cambiar la Ley de Radiodifusión.
El proyecto sancionado en Diputados es un avance enorme respecto de lo que hoy tenemos. Considera a la comunicación como un derecho humano básico, garantiza la defensa irrestricta de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar, buscar y recibir información. Transparenta al organismo de conducción, incorporando a la oposición parlamentaria y a los sectores de la sociedad civil a su directorio y consagra la separación de los medios públicos del gobierno de turno. Impone límites a la formación de monopolios que puedan atentar, por su naturaleza, contra el derecho a la libertad de expresión; incorpora en condiciones de igualdad a todos los sectores sociales eliminando cualquier tipo de discriminación y establece cuotas de producción para el fomento de la industria nacional y local de contenidos, preservando la diversidad cultural.
Lamentablemente, la oposición conservadora quiso impedir a toda costa el tratamiento de la ley. En estos seis meses que transcurrieron desde que se conoció el anteproyecto oficial, intentaron desacreditarlo en lugar de discutirlo.
Uno no sabe si fue porque se oponen a todo aquello que provenga del actual gobierno o, lo que sería peor, por defender descaradamente los intereses empresariales. Lo cierto es que ese sector opositor trabajó para impedir la sanción de una nueva ley.
El Congreso se dividió entre los que queríamos cambiar la ley y los que intentaron impedirlo. Por el cambio estábamos los aliados de la Concertación y sectores tanto del socialismo como de la oposición de centroizquierda. En cambio, la oposición más conservadora se refugió en la estrategia de la dilación y la impugnación, cuya consecuencia es la vigencia de esta ley vergonzante.
La deuda por reformar la ley llevaba 25 años de debates. La sociedad civil participó de los foros de discusión, en 2001 ya había participado de audiencias públicas y además, a lo largo de estos años, miles de congresos, charlas o seminarios dieron cuenta de la necesidad de la reforma.
El oficialismo parlamentario abrió el debate y se reformularon muchos artículos. Incluso la Presidenta eliminó la participación de las telefónicas, ya que despertaba las mayores polémicas. Pero la oposición conservadora no quiso participar de esas modificaciones. Paradójicamente, si hubieran asistido a la votación en particular, algunas de las cuestiones que planteaban en los programas de televisión y no en sus bancas se hubieran reformado.
Ahora le toca al Senado. ¿Intentarán nuevamente la dilación pretendiendo eludir el debate, haciendo pasear el proyecto para que nunca salga, o asumirá su rol de representación de cara a la sociedad?
La democracia necesita reglas democráticas en materia de radiodifusión. Si el Congreso sanciona una nueva ley, el sistema democrático habrá demostrado estar maduro para mejorar nuestro sistema institucional. Dimos el primer paso, sacamos el tema de la oscuridad, corresponde a los legisladores dar a luz una nueva ley de la democracia, por la salud de la República.
* Subsecretario general de la Presidencia.
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