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El oficialismo en la Cámara de Diputados presentó ayer un proyecto de ley para regular el precio de todos los productos farmacéuticos, “con el objetivo de asegurarle a toda la población el acceso a los medicamentos”.
En el último año y medio, los precios de los remedios se incrementaron por encima de un 18 por ciento. Además, muchas compañías farmacéuticas ofrecen distintas marcas de un mismo medicamento, donde las diferencias de precios superan el 100 por ciento. Más allá del control de precios, el proyecto pretende crear un Registro Nacional de todas las personas físicas y jurídicas involucradas en la fabricación y comercialización de medicamentos nacionales e internacionales, lo que le permitirá al Estado tener un acabado conocimiento de todos los eslabones del mercado farmacéutico, incluido un control más fuerte sobre los medicamentos truchos. “El objetivo es llevar transparencia a toda la cadena de comercialización”, indicaron a Página/12 fuentes del oficialismo.
El proyecto de ley fue presentado por Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de la Cámara baja, y cuenta con las firmas de Agustín Rossi, titular del bloque K, Patricia Fadel, secretaria parlamentaria del bloque, y las diputadas Roxana Bertone y Adela Segarra. “Muchos fármacos tienen precios hasta siete veces más caros en la Argentina que en Europa. Mientras allí hay control de precios, aquí la venta está completamente desregulada. Así, los precios que se cobran resultan injustificadamente altos”, puede leerse en los considerandos del proyecto.
Según un informe de la Universidad de La Plata, publicado por el suplemento Cash en julio de este año, los precios de los medicamentos aumentaron 17,5 por ciento en promedio en el último año y medio, y en algunos casos los incrementos superaron el 20 por ciento. Por otro lado, el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado local tiene un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis.
Por ejemplo, la droga clonazepam –que suele utilizarse para trastornos de pánico o tratamiento de epilepsia– cuesta en el mercado argentino 36,32 pesos (0,5 miligramo por 30 comprimidos) bajo la marca Rivotril del laboratorio Roche, mientras que la misma droga y dosis fabricada por el laboratorio Soubeiran con la marca Leptic cuesta 18,19 pesos. Estos datos figuran en el listado de medicamentos de la Superintendencia de Salud.
Otro caso similar sucede con la droga topiramato, que es utilizada en casos de migraña o como antiepiléptico. Los 25 miligramos de esta droga fabricada por el laboratorio Janssen-Cilag tienen un precio de venta al público de 79,76 pesos. Con los descuentos de las obras sociales, el medicamento de esta empresa cuesta 42,05 pesos. La misma droga pero fabricada por el laboratorio Indeco tiene un precio de venta al público de 42,90 pesos y con los descuentos el medicamento llega a los 12,87 pesos.
“Si bien hay dispersión de precios, no todos los medicamentos pueden encontrarse en las farmacias. Lo que a simple vista puede ser un signo de competencia, no es tal. Por este motivo se necesita mayor control”, afirmó a este diario Roberto Zorzoli, asesor parlamentario y especialista en temas de defensa del consumidor.
El proyecto de ley pretende crear una Comisión Nacional de Regulación de Precios de Medicamentos, que actuará como la autoridad de aplicación de la norma, que tendrá como objetivo “fiscalizar el mercado de medicamentos”. A tal efecto, la comisión –que deberá estar integrada por funcionarios del Ministerio de Salud, Producción y Economía–, “podrá requerir información sobre cualquier dato que se considere necesario en poder de las empresas”.
Para establecer un precio máximo para medicamentos suministrados por un único proveedor, la autoridad de aplicación tomará en cuenta los precios registrados “en por lo menos siete países asumidos como referentes”. También se fijarán los márgenes de ganancia de la cadena.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto será la creación de un Registro Nacional de todos los integrantes del sector. De esta manera, el Estado pasará a tener un control más profundo del sector –potestad que perdió luego de la desregulación económica establecida por el decreto 2284/91 y las modificaciones de 1993–, algo que también repercutirá en el control del Estado sobre los medicamentos truchos. “La comercialización de medicamentos se desenvuelve en un ámbito sumamente complejo e imperfecto en el que se registran evidencias de conductas anticompetitivas. La salud no puede ser un bien de mercado, es un derecho”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.
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