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Ante la falta de solución en el conflicto de Kraft, los trabajadores despedidos y los grupos políticos, sociales y estudiantiles que los apoyan habían decidido volver a cortar la Panamericana, pero la policía lo impidió tras un pedido del gobernador Daniel Scioli a la Justicia. El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, consideró ayer que las partes mantienen “posiciones duras” y no descartó que la empresa esté ejerciendo una persecución ideológica contra los delegados.
Ayer seguía habiendo policías en el interior y el exterior de la fábrica de alimentos, cuyos directivos otra vez negaron el permiso para ingresar a los miembros de la comisión interna. Durante la mañana, Scioli pidió que la Justicia facilite “la intervención de la policía para lograr que por lo menos haya algunas manos habilitadas al tránsito, porque entendemos el derecho a la protesta pero también fundamentalmente el derecho a la libertad de circulación”.
Fue así que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso que las fuerzas de seguridad tomen “medidas de prevención en torno de manifestaciones populares”. Se refería a la protesta de trabajadores de Kraft que se disponían a cortar la Panamericana ante la falta de una “respuesta favorable”, porque las 30 reincorporaciones anunciadas tras la reunión del jueves les resultan insuficientes y no contemplan la situación de los representantes gremiales. La jueza exhortó “a la adopción de medidas en la misma línea desde el Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de tornar operativa la actividad preventora de los auxiliares de la justicia que administramos los magistrados”.
Sin confrontar con el nutrido cordón de policías y gendarmes que bloqueaban la llegada a la ruta, los manifestantes hicieron una asamblea y se retiraron. El delegado Ramón Bogado dijo que “el Gobierno está con los poderosos, en contra de los trabajadores”, mientras la dirigente del MST Vilma Ripoll afirmó que “si el martes el gobierno no da una solución no habrá despliegue policial que le alcance para impedir la respuesta popular en todo el país”. De todos modos, ayer hubo cortes en la autopista Ezeiza-Cañuelas, frente a la Unión Industrial Argentina, y en Corrientes y Callao. La Corriente Clasista y Combativa (CCC) hizo piquetes en Jujuy.
Respecto de la situación de los integrantes de la comisión interna que no pueden entrar a la planta, la viceministra de Trabajo Noemí Rial y el ministro Cuartango coincidieron en que las autoridades laborales intiman y ponen multas pero no pueden “obligar coercitivamente a la empresa a que reingresen los trabajadores”, y éstos “tienen la instancia judicial para pedir su reinserción con una medida precautoria”. Por su parte, el sindicalista de la alimentación Rodolfo Daer afirmó que si el domingo la empresa paga horas extra, como se dice, se podrá ver “si existe aún solidaridad del grueso de los trabajadores con los despedidos de la comisión interna, o no”.
Los trabajadores de Kraft recibieron ayer nuevos respaldos. En este caso de la Pastoral de los Trabajadores, de San Isidro, y el Movimiento de Trabajadores Cristianos (MTCA) que reclamaron a las autoridades de Kraft Foods la reincorporación de los 122 empleados, entre despedidos y suspendidos, y demandaron que “se respeten sus derechos a sindicalizarse”.
Estos grupos católicos denunciaron “los atropellos laborales que tiene la empresa Kraft con sus trabajadores”, e hicieron un llamado “para que puedan regresar a sus puestos ya que son jefes de familias despedidos por reclamar medidas contra la gripe A”. Las entidades consideraron que el maltrato y la represión sufrida por el personal de la planta de Pacheco es por “estar agremiados, organizados, como lo tienen por derecho”, y advirtieron que “la dignidad de la persona humana se ve afectada, amenazada continuamente, en todos los trabajadores de empresas que tienen este perfil de conducción”.
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