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Al atardecer del viernes, la oposición no había presentado su dictamen o dictámenes de minoría sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por lo que dejaban trascender sus negociadores políticos, entre los distintos bloques sólo había cinco puntos de acuerdo. A ellos podrían reducirse las votaciones en particular luego de la aprobación en general para la que el oficialismo cree contar con suficientes votos. Pero las peripecias corridas hasta llegar a ese punto aconsejan no dar por cerrada ninguna posibilidad. El Frente para la Victoria se esforzó por cerrar el debate y firmar su dictamen el jueves, de modo de respetar el plazo de una semana de lectura y reunirse el jueves 8 en sesión ordinaria. Su temor si accedía a la prórroga de las audiencias era que la sesión especial, el viernes 9, requeriría que la convocara el hombre de las sorpresas de madrugada. De negarse Cobos, la siguiente sesión ordinaria hubiera correspondido al martes 13. En tal caso, el vicepresidente hubiera podido viajar a Montevideo para darle suerte a Elisa Carrió en el último partido de las eliminatorias para el campeonato mundial de fútbol. De ese modo le sustraería dos votos al oficialismo para la ley de medios: el de José Pampuro, que hubiera debido asumir la presidencia durante el viaje de CFK a la India, y el de Rubén Marín, como forzado presidente provisional del Senado, sin derecho a voto. La presidente habría evaluado inclusive la posibilidad de postergar el viaje a uno de los mayores socios comerciales de la Argentina y exponer a Cobos a la consideración pública por su acto encaminado a continuar la erosión institucional que inició en julio de 2008. Un paso previo, en apariencia exitoso, fue la nota que la conducción del bloque mayoritario elevó a Cobos reclamándole la sesión especial para el martes 6 o el viernes 9. Su texto menciona las “especulaciones acerca de quien presidirá la sesión, por lo que consideramos de suma importancia que sea usted. En cualquiera de las dos fechas solicitadas estaría asegurada su presencia como titular nato del cuerpo, disipándose así toda suspicacia”. Cobos firmó ese mismo día la convocatoria para el viernes 9. Su decreto no dice que él presidirá la sesión, pero eliminado el factor sorpresa, el costo personal que tendría la maniobra la torna casi imposible. Aunque no tuviera cable, podrá verlo por televisión.
Las audiencias realizadas durante toda la semana por las cuatro comisiones del Senado a las que se remitió el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados fueron aleccionadoras acerca de lo que está en juego, tanto por el contenido de las distintas presentaciones como por el modo en que se difundieron. Para enterarse fue necesario sintonizar la señal de Senado TV o estar presente en el salón al que asistieron representantes de entidades interesadas en que se apruebe o se rechace la ley. Quienes siguieron las discusiones sobre “la ley para controlar a los medios” por las señales noticiosas TN y América, de los grupos Clarín o De Narváez-Manzano-Vila, sólo pudieron confirmar que la libertad de expresión en la Argentina está amenazada por la posible sanción de una ley a la que toda la sociedad se opone. También se enteraron de que este empecinamiento sólo se explica por la crispación de un gobierno aislado, que intenta acallar toda crítica, obligar a empresas sanas que enorgullecen a la cultura nacional a que pierdan sus derechos adquiridos y vendan sus medios a precio vil a los amigos del poder. También escucharon que gracias al manejo de la publicidad del Estado construirán luego una cadena oficialista privada que, sumada al sistema de medios públicos, devendrá una usina de propaganda para asegurar la permanencia indefinida de la pareja diabólica en el poder.
Este proyecto totalitario, que avasalla las instituciones y uniforma el pensamiento, fue denunciado por expositores tan profundos como el rabino Sergio Bergman, muy mono con su saco mao negro y su kipá de colores, a quien acompañó el integrante de la comisión justicia y paz de la Iglesia Católica, Gustavo Mangisch, director de un grupo educativo del obispado de San Isidro que, entre otras unidades de excelencia, gestiona un colegio en el barrio privado Nordelta. Bergman dijo que el Senado se proponía aprobar la ley a libro cerrado y que la estatización del sistema jubilatorio probaba que lo único que le interesa al gobierno es la caja. Sin resistir la tentación del juego de palabras propuso tratar los medios de la ley en vez de la ley de medios. Opinó que el Senado debía devolver el proyecto a la otra cámara para que allí se subsanaran los vicios formales que denunciaba, aunque llevara algo más de tiempo. Bergman también convocó a la participación ciudadana por un medio digital interactivo, en el que consignó las direcciones electrónicas de cada senador. De este modo ofreció una alternativa privada a la página estatal del Senado, desde la que también es posible escribirle a cada senador. No quedó claro si por una sobrecarga de ideologismo o porque ignoraba la existencia de Senado.gov.ar.
En forma muy pertinente el dúo Bergman-Mangish citó al cardenal Jorge Bergoglio y al obispo Jorge Casaretto. Los cuatro temen que por debatir estas cuestiones se postergue el tema urgente e importante que es el escándalo de la pobreza, violatorio de los derechos humanos esenciales. Bergoglio había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas en el hotel más lujoso de Buenos Aires, que organizó en forma conjunta con el ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi y con una universidad corresponsal española. Durante la presidencia de Carlos Menem, Dromi diseñó el remate de las empresas públicas, previo despido de buena parte de su planta laboral. Además del liquidador de los teléfonos, el gas, la electricidad, las aerolíneas, el control del espectro radioeléctrico y las rutas nacionales, acompañaron al cardenal el diputado-empresario Francisco De Narváez (si se atiende a sus propias declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió Bergoglio), y el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su país natal y sobreprecios del adoptivo y procesado por el contrabando de un auto de lujo. Rattazzi Agnelli se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares. La elección de estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su tumba.
Cuando quien expuso fue Sergio Caletti, de Carta Abierta, América y TN desviaron sus cámaras a otras cuestiones más interesantes, sobre los cortes de calles, las desventuras matrimoniales del gobernador del Chaco o la salud de la cantora. Una edición atenta protegió al público de referencias anacrónicas a luchas populares, nacionales y emancipatorias, lugares comunes como que los medios son operadores de uno de los negocios más concentrados y lucrativos, diatribas capciosas a la representación de la SIDE y las Fuerzas Armadas en el COMFER y cantilenas izquierdistas sobre zonas del país desamparadas. Esos editores tampoco dieron lugar a la manía confrontativa de Caletti, quien dijo que la limitación en la rentabilidad de los medios más concentrados permitirá la expresión de otros actores sociales a los que el esquema actual les expropia la palabra. También interpretó que la pregunta sobre por qué tanto apuro es parte de “la prédica falsamente consensualista, institucionalista, republicana” que propone que si la democracia argentina tardó 26 años en modificar esta ley podría tomarse otros diez años para estudiarla mejor. Concluyó que si los senadores siguen ese camino, el parlamento no será el Congreso de la Nación sino la vergüenza nacional. Pero no hay que preocuparse porque casi nadie se enteró.
Los presidentes de ADEPA, Gustavo Vittori, de ATA, Carlos Molinero, y de la Academia de las Artes y la Comunicación, Alejandro Fargossi, tuvieron todo el tiempo necesario para exponer a la audiencia de TN y América sus opiniones adversas a la ley, forzando la interpretación de sus artículos y de los de la Constitución Nacional para advertir que se restringirá la libertad de expresión y desaparecerá la televisión de aire o se fundirá la de cable. Vittori se anticipó a los cuestionamientos obvios y dijo que los medios no eran perfectos y habían tenido “inconductas en determinadas circunstancias, como el resto de la sociedad”, una forma taimada de socializar responsabilidades por el comportamiento durante los años de plomo. Pero sólo de cuerpo presente o por Senado TV fue posible conocer la posición del representante del diario pampeano La Arena, Sergio Santisteban, cuando rechazó “ataques falaces contra la ley” y contó que en su ciudad, Santa Rosa, la cooperativa eléctrica tiene prohibido competir con el único cable, propiedad del mismo grupo que se apropió de la única fábrica de papel durante la dictadura que asesinó a casi dos centenares de periodistas. Asuntos de provincia, poco interesantes, expuestos por un desconocido. También le bajaron la palanca el día anterior a Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, quien con citas precisas de la ley y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos explicó la compatibilidad del proyecto con los instrumentos internacionales que entre otros derechos, defienden el de la libertad de expresión. Y volvió a pasarle el viernes al último interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, que había concurrido a completar sus explicaciones sobre la ley a pedido de la oposición que, como en la Cámara de Diputados, dejó sus asientos vacíos. En definitiva, si el Senado confirma lo que votó la otra cámara, los experimentados editores de los grandes medios, que saben mejor que nadie qué le interesa conocer al público, serán desplazados por fanáticos burócratas setentistas que confundirán a la audiencia permitiendo que todas esas voces se escuchen como si fueran equivalentes, sin ninguna jerarquía de valores. Dios no lo permita.
La indignación republicana ante el atropello se concentró en el presidente de la comisión de sistemas, medios y libertad de expresión, Guillermo Jenefes, quien luego de fomentar todas las expectativas opositoras como propietario de un multimedios familiar en Jujuy, prestó su firma al dictamen de la mayoría, apenas con disidencias parciales que hará públicas en el pleno. Recién entonces se sabrá si alguna de ellas se refiere a la autoridad de aplicación o al plazo para la desinversión, que los bloques opositores tratarán de modificar en el recinto, como única forma a su alcance de control de daños. Lo mismo ocurre con la sorpresiva disidencia del senador por Chubut Marcelo Guinle, cuyo contenido no se conoce. El tono de virtud ofendida que campea en los bloques minoritarios ratifica su dificultad para amoldarse a las reglas del juego democrático, para dirimir en forma civilizada, por el voto, legítimos disensos. El oficialismo a su vez no entiende que la búsqueda de consensos obligue a modificar todo lo que le plazca a cada legislador de la minoría y con una sospechosa entonación chavista cree que la mayoría debe prevalecer. Notable por su ostensible sinceridad fue la ofensa del senador por la CCL Samuel Cabanchik, quien dijo que la referencia del académico Fortunato Malimacci a la Banelco, la de Carta Abierta a la vergüenza de la Nación o la de Hebe Bonafini a las manos ensangrentadas de la dictadura constituían un chantaje moral. Es opinable la pertinencia de cada una de esas menciones, pero debería estar fuera de duda que hacerlas es parte de la libertad de expresión que, en teoría, le interesa defender a ese senador. ¿Cómo creerá él que se sienten quienes han pugnado durante años desde la sociedad por la reforma de la ley y ahora son insultados por quienes llaman Ley K al proyecto elaborado según las propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática?
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