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El ex aviador naval Julio Alberto Poch, detenido en España por su participación en vuelos de la muerte, declaró ayer que “no tuvo nada que ver” con el método de desaparición utilizado por las tres Fuerzas Armadas durante la última dictadura. La Justicia española ratificó su prisión provisional, ordenó que sea trasladado a una cárcel de Madrid e inició el proceso de extradición a la Argentina, donde está imputado en la causa ESMA. La Justicia argentina tiene ahora 45 días para ratificar su pedido de extradición.
Poch declaró durante 45 minutos ante el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Según su abogado, Ignacio Peláez, explicó que durante la cena celebrada en la isla de Bali, en la que sus compañeros de la empresa Transavia escucharon su confesión, “tuvo que haber un malentendido”. Agregó que, al contrario de lo que declararon los holandeses, Poch se manifestó “en contra de todo tipo de terrorismo”.
Peláez destacó que su defendido no quiere ser extraditado, aunque confió que en el futuro le gustaría volver al país, y sugirió que la captura ordenada por el juez federal Sergio Torres responde “a temas más políticos que otra cosa”. El letrado se permitió dudar sobre los motivos por los que el pedido de detención llegó a Holanda en marzo y se concretó seis meses después en España, “justamente” durante el último vuelo de Poch antes de jubilarse. “La patata caliente se la han mandado a España”, razonó Peláez, quien sugirió que la detención se relaciona con el hecho de que el padre de la princesa Máxima ocupó un alto cargo durante la última dictadura.
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