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En el juzgado de Norberto Oyarbide aseguran que investigan las actividades de espionaje que realizaba Ciro Gerardo James tanto cuando revistaba en la Policía Federal como cuando ingresó al gobierno porteño sin dejar esa fuerza. Por eso ordenaron un análisis de todos los teléfonos que usó el policía-abogado-espía desde agosto de 2007, cuando se concretó la primera pinchadura ilegal al empresario televisivo Carlos Avila, y un rastreo de todas las escuchas que haya retirado de la SIDE. Entre otras medidas, además, enviaron oficios a Boca Juniors y al Correo Argentino para constatar si trabajó allí cuando estaban comandados por el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.
Según las pruebas acumuladas en la causa, James estaba en contacto permanente con el círculo de confianza de Jorge “Fino” Palacios, el hombre elegido por Macri para comandar la Policía Metropolitana que tuvo que irse –a fines de agosto– por su participación en el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Aun tras la salida de Palacios, con quien registra 150 llamados desde fines de julio, James se comunicaba todo el tiempo con el despacho del sucesor del Fino, Osvaldo Chamorro, según detectó ayer el juzgado. Con el celular personal del actual jefe policial intercambió siete llamadas, pero con el que estaba asignado a su despacho habló por lo menos 73 veces, en ocasiones cuatro o cinco veces por día, en los últimos dos meses. El teléfono suele atenderlo el suboficial mayor Adalberto Ontiveros, una suerte de secretario de Chamorro, primo de Roberto Ontiveros, otro viejo aliado de Palacios en la Federal, con quien el espía también se comunicaba asiduamente. Los datos surgen del análisis de los llamados que también da cuenta de que James hablaba desde el edificio del Ministerio de Seguridad porteño, lo que hace sospechar que trabaja allí antes de ser nombrado.
Los llamados “no son clicks de teléfonos de Nextel”, dicen en el juzgado para retrucar un comentario de Macri en la conferencia de prensa que dio ayer, en la que volvió a culpar al gobierno nacional, a la Policía Federal y dedicó críticas al juez. Cerca de Oyarbide señalan que la mayoría de las medidas de prueba ordenadas esta semana en la investigación apuntan a desentrañar todas las actividades de James, dentro y fuera de la Federal. También aspiran a establecer quién está detrás de todas las escuchas ilegales que hizo y quiénes fueron los espiados además de Avila y Sergio Burstein, de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.
En el expediente hay un punto de partida clarísimo: tanto al empresario como al dirigente de la colectividad judía les pincharon los teléfonos en base a pistas truchas en causas judiciales reales, la mayoría tramitadas por dos juzgados de Misiones. A Burstein lo escucharon entre septiembre y agosto últimos en un expediente sobre un asesinato y a Avila le pincharon el teléfono en cinco causas distintas a partir de 2007, incluida la del homicidio y hasta una sobre el robo a mano armada a un banco. El nexo entre todos los casos es James, quien siempre retiraba las conversaciones grabadas de dependencias de la SIDE. Antes de que le tomaran su línea, Burstein recibió dos llamados “de prueba”: venían de un teléfono de la Universidad de la Matanza asignado a James.
En los primeros años de intervención telefónica a Avila, James trabajaba en la Policía Federal. Había ingresado en 2003, según el legajo que está en manos de la Justicia. Era auxiliar de Inteligencia. Pidió la baja en agosto último porque iba a ingresar a la Policía Metropolitana, gracias a su vínculo con el entonces titular de la fuerza Jorge “Fino” Palacios, con quien había trabajado en la Superintendencia de Investigaciones. Pero desde 2008, además, tenía un contrato en el Ministerio de Educación de la ciudad, en el “área ministro”. Según Macri, ocultó que era policía.
Oyarbide libró “órdenes de presentación” contra los juzgados 1 y 2 de Posadas para que proporcionen copias de las actuaciones en cuatro expedientes en los que los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey dispusieron escuchas a Avila y Burstein. Hasta ayer al atardecer no había obtenido respuesta. El juez también pidió, a través de la Cámara de Casación, una causa que tramitó en el Juzgado Nº 15 de Capital Federal, en la que fue intervenido el teléfono de Avila.
En plan de detectar a quién más pudo haber espiado James, Oyarbide le pidió a la SIDE que rastree todos los retiros de escuchas que haya hecho. También mandó a analizar sus comunicaciones desde 2007 para saber con quién hablaba. A Boca Juniors y al Correo Argentino les envió oficios para que informen si tuvieron a James como empleado. Macri lo negó. Oyarbide, a pedido del fiscal Alberto Nisman, pretende verificar la denuncia de la legisladora porteña Gabriela Cerruti, quien dijo que “James era la mano derecha de Palacios en el equipo de seguridad” del club xeneize. Allí, explicó, habría surgido también el nexo con el Ministerio de Educación porteño, ya que James “reportaba a Andrés Ibarra”, que “era gerente general de Boca cuando Macri era presidente” y “hoy es el segundo de (Mariano) Narodowski”. Ibarra, dijo, trabajó en varias empresas del Grupo Macri, como Sideco y Correo Argentino.
Ayer hubo un careo entre la jefa de gabinete de Narodowski, Roxana Barroso, y Jorge Rapoport, un asesor del legislador Aníbal Ibarra. El dice que ella le dijo que James tendría un cargo de director general en la Metropolitana. Ella lo niega. Ninguno cambió de postura. La situación de James y tres policías misioneros involucrados sería resuelta la semana que viene. Mientras tanto, siguen presos. En el juzgado ya cuentan con numerosos indicios de que detrás de las escuchas habría estado Palacios, el hombre que tuvo que irse de la Metropolitana pero es como si estuviera, ya que quedaron toda su estructura y sus amigos más fieles. Excepto James.
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