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La gestión PRO presentó una denuncia penal en la que acusó al gobierno nacional de boicotear la Policía Metropolitana y reclamó que se investigue a la Policía Federal por el caso de Ciro James. El breve escrito no aportó ninguna prueba que sostenga estas afirmaciones y fue, ante todo, una repetición de la conferencia de prensa que dio Mauricio Macri la semana pasada. Tuvo más de estrategia mediática que de planteo judicial. “En realidad, son las autoridades nacionales las que deben explicar qué conocimiento tenían de la incorporación (de James) como contratado en el Ministerio de Educación”, dice el escrito, aunque los funcionarios macristas no lograron explicar hasta ahora cuáles eran sus actividades allí. La denuncia sería enviada al juzgado de Norberto Oyarbide, cuya investigación cuestionan en el texto.
La presentación de PRO forma parte de la estrategia política que diseñó la semana pasada el jefe de Gobierno junto a la cúpula de su gestión y que implica plantear que James era un “infiltrado” del gobierno nacional y que la investigación busca boicotear la salida de la Policía Metropolitana. Sin embargo, no presentaron ninguna prueba ante la Justicia de las afirmaciones que hacen. El escrito, que el macrismo venía preparando desde el jueves de la semana pasada, tiene tan sólo ocho carillas en las que se repite lo que dijo Macri en su conferencia de prensa, escoltado por su gabinete en pleno: tanto allí como en el texto denunció el “boicot” y las “interferencias” del gobierno nacional para que se lance la Metropolitana.
En el texto, que lleva la firma del procurador porteño Pablo Tonelli, se reitera que en febrero “de manera casi diaria el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal mandó en distintos horarios a móviles y numerarios para tratar de identificar a los policías federales que querían pasar a integrar la Metropolitana” a la puerta del Ministerio de Justicia porteño y al Instituto Superior de Seguridad Pública. El escrito no da detalles de fechas ni de horas en las que habría ocurrido esto. Afirma que tienen fotos de los móviles y que están “a disposición de Su Señoría”. Curiosamente, no las aporta con la denuncia.
También indica que “en la Federal se iniciaron sumarios administrativos al personal que deseaba continuar su carrera en la Metropolitana, sin otra causa que amedrentar y demorar los trámites de baja”. El ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, había dicho esto en la conferencia de la semana pasada. Sin embargo, el texto no menciona ni un solo caso concreto.
Además, el escrito incorpora las quejas acerca de que el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, no quiso recibir a las autoridades de la Metropolitana “por expreso condicionamiento político” y que no responde a sus llamados. La gestión PRO indica que, ante un pedido de cooperación, no consiguió respuesta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Federal ni de los registros de las Personas, de Reincidencia, de la Propiedad del Automotor, de Armas, ni de la Dirección de Migraciones. También sostuvieron que “el gobierno nacional hizo gestiones ante el Ministerio del Interior de Italia para impedir el embarque de aquel país de las pistolas Berretta (sic, por Beretta) que habían sido adquiridas por la Metropolitana”.
En el escrito, indicaron los presuntos delitos de “falsedad ideológica, violación de los deberes de funcionario público” y violación de la Ley de Inteligencia Nacional, aunque no precisaron quiénes los habrían cometido. Sobre el caso de espionaje –que recién aparece en las últimas páginas– cuestionaron la investigación de Oyarbide: sostuvieron que la Federal no debería estar involucrada en la investigación dado que James trabajó allí. “Tampoco se entiende que el juez haya dispuesto sólo allanamientos en el Ministerio de Educación y en dependencias de la Metropolitana”, dicen.
“La investigación no se va a entorpecer en absoluto”, respondió Oyarbide, ante una consulta sobre la denuncia del gobierno porteño. El juez pidió “ser prudentes en todo momento y aguardar los resultados de la investigación”. Y sostuvo que “no está previsto” citar nuevamente a los funcionarios PRO, pero que volvería a hacerlo “si corresponde”.
En su denuncia, los funcionarios PRO no hicieron mención a la relación de James con Jorge “Fino” Palacios, insistieron con la teoría del “infiltrado” y reclamaron que se investigue al gobierno nacional: pidieron que se allane la Federal, el Ministerio de Justicia y que se le requiera al ministro Julio Alak que informe “la cantidad de personal de inteligencia que se desempeña en cualquier dependencia del gobierno porteño”. La denuncia, que presentaron en el juzgado de Daniel Rafecas, fue recibida por el juez Julián Ercolini, que lo subrogaba ayer. Hoy citarán a Tonelli a ratificar la denuncia y luego le correrán vista al fiscal Luis Comparatore, quien se inclinaría por enviar el escrito a Oyarbide, porque se trataría de los mismos hechos que ya investiga.
Ayer fue un día de denuncias para el PRO. Además de la presentación que hizo el gobierno porteño por el caso del espía Ciro James, los diputados del PRO presentaron un amparo (la misma figura que quieren limitar en la ciudad) contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el que reclamaron que se suspenda hasta el 10 de diciembre la conformación de la autoridad de aplicación. El jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, presentó la denuncia ante el fuero en lo contencioso administrativo. Allí cuestionó que se disponga “que el organismo creado por la ley mencionada puede funcionar sin que la totalidad de sus miembros hayan sido designados”. La oposición se negó a ocupar los lugares vacantes en el organismo hasta que se produzca el recambio legislativo correspondiente a las elecciones de junio pasado. En un escrito de 18 páginas, Pinedo sostuvo que si se integra el organismo antes del 10 de diciembre, se “estaría violando el plazo máximo de dos años previos al 10 de diciembre de 2011 que ha sido previsto por la ley”. Pinedo sostuvo que así se “privará a las minorías futuras de su capacidad de representación establecida por la ley”.
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