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El juez federal Norberto Oyarbide allanó las oficinas de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal en busca de las pruebas que vincularían a Ciro James y tal vez a otros integrantes de esa fuerza con las escuchas ilegales al empresario televisivo Carlos Avila. Ese espionaje empezó en 2007, cuando James revistaba en la Federal. El magistrado, además, procesó sin prisión preventiva al comisario mayor de la policía de Misiones Rubén Quintana, a quien acusó de participar en el espionaje a Avila y a Sergio Burstein, de Familiares del atentado a la AMIA. Igual que las pinchaduras telefónicas a Burstein, las que afectaron a Avila se iniciaron con un dato trucho introducido en una investigación real sobre el robo a un banco.
En una de las escuchas que se estaban realizando en aquel caso, alguien dejó un mensaje que decía: “soy amigo de” Fulano (que era un sospechoso clave), “si querés ubicarlo llamalo desde un teléfono público”. A continuación, el supuesto amigo del sospechoso dejaba un número. La División Robos y Hurtos, donde revistaba James como auxiliar de inteligencia, colaboraba con el caso y le pidió al juzgado de instrucción 15 a cargo de la causa del asalto que ordenara intervenir la línea mencionada en la grabación. Ahora se sabe que no era el teléfono del imputado sino de Avila. Lo que Oyarbide fue a buscar a Robos y Hurtos es el casete que registró ese mensaje, que evidentemente fue dejado con el propósito de pincharle el teléfono al empresario.
En el procedimiento de ayer, los agentes de Asuntos Internos se llevaron varias cintas, entre las que estaría ésa. Oyarbide ordenaría realizar un peritaje de voz, porque se presume que el llamado misterioso lo hizo James para evitar dejar un pedido por escrito. El juez también trata de establecer qué responsabilidad les cabe al jefe de la División, Jorge Walter Carrano, y a otros efectivos que participaron de la investigación del asalto. Aquella escucha a Avila se prolongó entre el 23 de agosto y el 7 de septiembre de 2007 y fue gestionada desde la Policía Federal. Todas las intervenciones posteriores a su teléfono –otra en 2007, una en 2008 y la última este año– fueron requeridas en otras cuatro causas judiciales por los juzgados 1 y 2 de Posadas en base a pedidos de la Dirección de Investigaciones de la policía de Misiones. La escucha más reciente se pidió en el expediente relacionado con el homicidio de un contador: es el mismo en el que fue espiado Burstein. Oyarbide ya procesó a los policías misioneros Diego Guarda y Raúl Rojas por su vinculación con la operación de espionaje y ayer extendió esa decisión también a su jefe, el comisario Quintana, a cargo de Investigaciones, quien firmó órdenes para escuchar a Avila. Le trabó un embargo de 10 mil pesos e, igual que a sus pares misioneros, lo dejó en libertad. James es el único que sigue preso.
Las grabaciones –está comprobado en el expediente– las retiraba James de la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE. Siempre lo hizo invocando su condición de policía federal, aun cuando ya había obtenido la baja –en septiembre último– porque estaba tramitando su ingreso a la Policía Metropolitana, gestión que hizo a través del ex jefe de esa fuerza, Jorge “Fino” Palacios.
En el juzgado intentan desentrañar quién estuvo detrás del espionaje. Lo concreto es que en la primera etapa de las escuchas a Avila, James revistaba como agente de inteligencia de la Federal; en 2008, sin dejar esa fuerza, fue contratado por el gobierno porteño –que dice haber sido engañado– como un supuesto asesor legal en el Ministerio de Educación, y mientras tanto continuaba participando en el espionaje al empresario televisivo. Este año estaba por concretarse su ingreso formal a la nueva policía porteña mientras escuchaba las conversaciones de Burstein, entre agosto y septiembre. Para ese entonces, según revelaron las antenas de Nextel, hacía asiduamente llamados desde adentro del Ministerio de Justicia y Seguridad (donde se encuentra la Metropolitana), lo que indicaría que ya estaba trabajando allí.
El hilo conductor es la relación de James con Palacios, a quien conoce por haber trabajado juntos en la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, e incluso en actividades en Misiones. En los últimos dos meses James habló con él en 150 oportunidades. El teléfono usado por el Fino está a nombre de una empresa de seguridad que es suya y de su esposa. La pinchadura a Burstein –uno de los principales promotores de su desplazamiento de la Metropolitana– se produjo cuando se avecinaba su procesamiento por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Las escuchas a Avila –intuyen allegados a la causa– podrían estar vinculadas con la crisis en la AFA y la ruptura, ya pensada en 2007, del contrato con Torneos y Competencias, la empresa que creó Avila pero de la que estaba alejado en ese momento. Palacios es uno de los principales sospechosos de haber estado detrás del espionaje, aunque desde el juzgado aseguran que evaluarán todas las posibles responsabilidades en el espionaje.
Así como el allanamiento de ayer apuntó a la Federal, Oyarbide le pidió a esa misma fuerza el listado de los ex efectivos del cuerpo de inteligencia criminal –que serían unos treinta– que tramitaron la baja para pasarse a la Policía Metropolitana. Habrá que ver si la Federal le da efectivamente esa lista: quienes conocen el decreto que rige las operaciones de inteligencia de esa fuerza afirman que incluso habilita al jefe de la Federal a mentirles a los magistrados y, supuestamente, está habilitado para negar que tal efectivo integre la fuerza.
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