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Argentina y Uruguay tuvieron un nuevo entredicho por Botnia. El cruce ocurrió luego de que el diario El País, de Montevideo, publicara un informe de la Dirección de Medio Ambiente (Dinama), que acusó a la Argentina de haber “adulterado documentos” para sostener ante la Corte de La Haya que la papelera contamina. En respuesta, en Buenos Aires la Cancillería calificó la acusación de “inaceptable”. También ratificó que no tiene dudas de que “la planta está contaminando” y que “ha utilizado productos prohibidos en la Unión Europea”.
Desde que comenzó el conflicto, ambos países hacen los controles ambientales por separado. Uruguay tiene una comisión de seguimiento de Botnia, que se reunió el jueves en la localidad de Fray Bentos, donde está ubicada la pastera. Allí, la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres, informó sobre las audiencias públicas que se realizaron en La Haya entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre.
La funcionaria comentó la reseña de la Dinama, que asegura que el equipo argentino, al presentar las pruebas para pedir el desguace de la papelera, “recurrió a afirmaciones contradictorias con la realidad, a sesgar y manipular datos, a la adulteración de documentos e, inclusive, a infringir el reglamento de la propia Corte” de La Haya.
En respuesta a esta inculpación, la Cancillería defendió las pruebas presentadas en las audiencias. En un comunicado de prensa, señaló que “a través de la presentación de un informe científico muy sólido, nuestro país demostró y llevó a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia que la planta de Botnia ya está contaminando el ecosistema del río Uruguay”.
Las pruebas fueron reunidas en el marco del Plan de Seguimiento Ambiental en el que trabajan científicos de las universidades de Buenos Aires y La Plata. Según estos relevamientos, el ecosistema del río Uruguay no sólo ha sido afectado por los efluentes que se preveía que la pastera volcaría, sino que además Botnia ha contaminado el agua con sustancias cuyo uso está prohibido.
En el mismo comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que es llamativo que “las citadas declaraciones uruguayas se produzcan después de terminadas las audiencias y a través de la prensa”.
“En esas oportunidades”, recordó aludiendo a las audiencias públicas, los representantes uruguayos “pudieron haber respondido y planteado todas las cuestiones y aspectos que consideraran necesarios”. Para la cartera que conduce Jorge Taiana, los dichos de la Dinama, “efectuados de forma tardía y en un ámbito que no corresponde”, son “meras cortinas de humo que no alcanzan a disimular la irrefutable evidencia sobre la afectación del río Uruguay”.
“No sirven para suplir el deficiente monitoreo llevado a cabo por las autoridades uruguayas y parecerían reflejar en todo caso un cierto nerviosismo e inseguridad” por parte del Uruguay, como lo han reflejado además “la adopción de medidas tardías relativas al monitoreo de la planta”.
Molesto por la descalificación y el modo en que fue realizada, el Gobierno anticipó que pondrá en conocimiento del episodio a la Corte Internacional, ya que las mismas “contradicen el necesario clima de serenidad y juego limpio en el que las partes deberían esperar el pronunciamiento del alto tribunal”.
La etapa de audiencias públicas y presentación de unas últimas aclaraciones ante los jueces terminó hace diez días. Aunque ahora sólo resta que el tribunal dé a conocer su veredicto, lo que se concretaría recién el año que viene, hasta que el fallo sea dictado los países tienen la chance de ir agregando pruebas, en el caso de que surjan nuevos elementos. Esa es la intención de la Cancillería y la Secretaría de Ambiente, que reforzó los controles ambientales de cara al verano, ya que se cree que las altas temperaturas podrían potenciar los efectos de la contaminación.
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