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Néstor Daniel Leonardo es cuñado del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Tiene 49 años, trabaja de parapsicólogo y está casado desde hace cinco años con Sandra Macri. El juez federal Norberto Oyarbide comprobó que tuvo su celular pinchado ilegalmente entre mayo y junio de 2008. La orden para intervenir su teléfono la dio un juzgado de Misiones a través de una causa armada y las cintas con sus conversaciones las retiraba de la SIDE el policía-abogado-espía Ciro James –hombre del riñón del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios–, quien a los pocos días de iniciada esta escucha fue contratado en el Ministerio de Educación porteño. “Creo, sin posibilidad de error, que el Sr. Franco Macri habrá hablado con Mauricio Macri a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de la pinchadura de teléfono. Tanto Mauricio como Franco tienen interés en que yo desaparezca de la familia”, afirmó al dar su testimonio en el juzgado. Leonardo contó que su suegro le ofreció dinero para separarse de su hija y lo amenazó en varias oportunidades. Lo acusó también de perjudicar económicamente a su mujer.
Leonardo, un hombre rubión con barba candado, llegó con cara de susto al juzgado.
–Quédese tranquilo, usted no está imputado de nada –le dijo Oyarbide, y lo invitó a tomar asiento. Junto a su secretario Gustavo Ru-sso, le explicaron que en medio de la investigación sobre las operaciones de espionaje de Ciro James, que sigue preso, habían detectado la intervención a su celular. “No conozco Misiones”, acotó Leonardo. Luego le señalaron el período en que sus conversaciones fueron escuchadas. El parapsicólogo, que también se presentó como enfermero, arqueó las cejas y dijo que el período coincidía con una serie de episodios en que Franco Macri le ofreció dinero primero a través de su abogado y luego cara a cara para que pusiera fin al matrimonio con su hija Sandra.
Allegados a la investigación repararon en otra coincidencia, siguiendo la secuencia del trámite de la escucha: el pedido de intervención telefónica por parte de la policía misionera es del 2 de mayo de 2008; seis días después el juzgado ordena efectivizarla; la conexión para grabar los diálogos se inicia el 23 de mayo y el día 30 James firma el contrato para trabajar en el Ministerio de Educación del gobierno porteño en un cargo de supuesto asesor legal en el que nunca hizo un dictamen o informe por escrito y cuyas tareas ningún funcionario supo o quiso explicar. Pese a desempeñarse en esa repartición, James nunca dejó su puesto de auxiliar de inteligencia de la Policía Federal, hasta agosto último, cuando pidió la baja porque estaba por ingresar a la Policía Metropolitana, gestiones mediante de su mentor, el Jorge “Fino” Palacios.
La vinculación con Palacios llamó la atención en el juzgado desde un comienzo, puesto que la primera escucha denunciada y comprobada fue la que le hicieron a Sergio Burstein, dirigente de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, férreo impulsor del desplazamiento del Fino de la jefatura de la nueva policía porteña, donde Macri intentó sostenerlo a toda costa hasta que decidió ceder a fines de agosto. Burstein recibió en su casa un llamado anónimo advirtiéndole que lo estaba escuchando Palacios. La escucha fue en agosto y septiembre, cuando era inminente el procesamiento del comisario retirado por encubrimiento en la investigación del ataque terrorista. Hoy Palacios es uno de los principales sospechosos de estar detrás del espionaje, más todavía desde que la Justicia verificó que en los últimos tres meses habló 150 veces, usando un teléfono de su agencia de seguridad, con el espía James.
Cuando comenzaron a tomarle testimonio, Leonardo sentenció: “Atribuyo la pinchadura del teléfono a la relación que tengo con la familia Macri, por medio de mi esposa, Sandra Cristina Macri, que desde el inicio de nuestra relación el padre, Franco Macri, se opuso y quiso no sólo comprar mi disolución matrimonial, sino además me amenazó en reiteradas oportunidades, así como también lo hizo con mi abogado personal, el Dr. Luis Eduardo Conde”. Luego apuntó al jefe de Gobierno porteño como quien se habría encargado de que se consumara el espionaje. “Tanto Mauricio Macri como Franco Macri tienen interés en que yo desaparezca de la familia”, agregó después.
Fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño calificaron la versión como un “verdadero disparate”. “Mauricio tiene una excelente relación con su cuñado, la tiene
toda la familia”, le dijeron a Página/12. “Es más, Mauricio es con el que mejor se lleva de los hermanos. Hoy (por ayer) hablaron por teléfono y él (Leonardo) le dijo que de ninguna manera tuvo la intención de involucrarlo”, insistieron los voceros porque “todo es una campaña armada contra Macri para impedir que la Policía Metropolitana salga a la calle”.
En una declaración que le tomó un buen tramo de la mañana el cuñado de Macri contó unos cuantos pormenores del culebrón familiar. Después del primer ofrecimiento de plata para que se divorciara y dado que esa ruptura no ocurrió, dijo, a Sandra le retiraron “el pago de dividendos que cobra como accionista de la empresa Socma en donde detenta el 20 por ciento de las acciones como así también los intereses por fideicomisos que tenía fuera del país”. Detalló que ella tenía un “patrimonio de 18 millones de pesos” en la empresa familiar y por una rectificación presentada ante la AFIP por “los contadores de Socma aproximadamente en mayo de 2008 su patrimonio” se redujo a “entre cinco y siete millones de pesos”. Su teoría es que hubo maniobras destinadas a “insolventar a mi esposa”, sostuvo.
En cuanto a las amenazas, el parapsicólogo –que también ofrece servicios de sanación– dijo que algunas le llegaron a través del jefe de la custodia de Franco Macri, Richard Ford, quien le dijo a su abogado –siempre según su relato– que si no se despegaba de Sandra se iba a “tener que atener a las consecuencias”. Sobre Ford, a quien identificó como jefe de seguridad de toda la familia, informó que “tendría los medios logísticos suficientes para realizar escuchas, seguimiento de personas, fotografías y filmaciones” y recordó que es amigo de William Godoy, el delegado del FBI en la Argentina que también tiene buenas relaciones con Palacios.
Por la misma época –mediados de 2008– relató que en una oportunidad en que su esposa estuvo internada en el Hospital Italiano Franco Macri lo llamó apenas llegó de un viaje a las tres de la madrugada, para verlo a la mañana siguiente. “Me ofreció un café y pensé que me iba a hablar de su hija. En ese momento se para y me dice: ¿vos sabés a qué viniste? Y le digo, sí, a hablar de Sandra y me manifiesta: No, esto es así, alejate de mi hija y vos sabés que económicamente necesitás. ¿Cuánto querés?”, contó. “También me refirió que a la larga esto iba a terminar mal, que lo tomé como una amenaza, golpeando la mesa violentamente. Lo único que le contesté era que el amor no se compra y que no sabía que él se manejaba de esa manera”, dijo en su testimonio.
Cuando le preguntaron qué amenazas llevó a los tribunales, precisó que hizo una denuncia penal en Morón por llamados telefónicos donde le decían “tomátelas de al lado de Sandra porque te vamos a hacer boleta”, algo que dijo que se repitió en 2003, 2007 y 2008. También denunció un secuestro en 2007, cuando llevaba el pago de 18 mil pesos para los empleados de seguridad de la quinta de su suegro en la que “una de las propiedades es de mi mujer”, aclaró.
Néstor Daniel es la séptima víctima detectada en la causa sobre el espionaje que instruye el juez Norberto Oyarbide. Después de la denuncia de Burstein, los investigadores advirtieron que también fueron espiados algunos desde 2007 en adelante –cada quien en distintos momentos– el empresario televisivo Carlos Avila, su yerno Federico Infante, que tiene un cargo gerencial en el canal Torneos y Competencias, dos gerentes de supermercados Coto y el abogado Francisco Castex del influyente estudio de Alfredo Iribarren. A todos ellos en el marco de la misma causa por un asesinato en Misiones se los espió con la falsa excusa. El juzgado está en vías de identificar otros teléfonos que habrían sido intervenidos.
La mayoría de los espiados, el cuñado de Macri inclusive, ya pidió ser querellante en la causa. Los investigadores intentan indagar qué razones había en cada escucha y quién pudo haber encomendado el trabajo. A Avila, todo indicaría que lo espiaban a raíz de una negociación que había iniciado con Julio Grondona en 2007 para la creación de un canal de fútbol, que no prosperó. Se barajaba que la AFA rompiera el contrato con TyC, algo que ocurrió ahora. Avila ya no estaba en TyC, pero se presume que querían chequear si conservaba a alguien suyo, lo que explicaría la pinchadura a su yerno. El abogado Castex se presentó ayer en el juzgado y dijo que no tenía demasiadas hipótesis. Sólo señaló dos grandes temas en los que intervino el estudio al que pertenece: el caso donde representan a Cablevisión, que entre sus derivaciones tuvo el procesamiento por cohecho del ex juez Ismael Murtorio y el abogado Alejandro Mitchell, y otro expediente en el cual, como abogado de Carrefour contra el grupo Exxel en una demanda por 120 millones de dólares, denunció a los peritos oficiales por coimas. También recordó que uno de sus principales clientes es TyC.
Oyarbide busca más teléfonos pinchados y enfila la investigación a determinar, más allá de James, si hay alguna vinculación en toda esta historia ya sea de la Policía Federal –desde donde James practicó múltiples escuchas– o del gobierno de Macri que, como sea, aparece cada vez más enredado en esta increíble historia.
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