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El casting de la Policía Metropolitana que realizó Jorge “Fino” Palacios parece tener un patrón excluyente: estar denunciado o procesado. El propio Fino, el comisario mimado por Mauricio Macri, tuvo que renunciar jaqueado por su rol en la causa que investiga la trama del encubrimiento por el atentado contra la AMIA. Sus elegidos quedaron. Además del espía Ciro James, ahora fue procesado el secretario administrativo de la nueva policía, el contador Guillermo Oscar Rodríguez, un hombre de confianza del ex titular de la SIDE durante el duhaldismo, Miguel Angel Toma. El juez federal Norberto Oyarbide lo envió a juicio junto con Toma por los pagos de sobreprecios en doce contrataciones directas, entre 1997 y 1999, cuando ambos se desempeñaban en la Secretaría de Seguridad del menemismo, uno como titular y otro como subsecretario de Administración. Además, les fijó embargos de 300 mil pesos a cada uno.
El 21 de abril pasado, el decreto 345 firmado por Macri, Guillermo Montenegro (ministro de Justicia y Seguridad) y Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete) informó sobre la designación de Rodríguez. Pocos días más tarde, la legisladora Liliana Parada (Igualdad Social) elevó un pedido de informes al Ejecutivo con el fin de conocer los antecedentes de Rodríguez y del comisario retirado de la Federal, Carlos Arturo Kevorkian, nombrado coordinador general de la Policía Metropolitana. El macrismo hizo caso omiso de los quince días estipulados para responder. Kevorkian, quien también sigue en su puesto, tiene abierto un sumario en la Federal por su responsabilidad en el operativo a la salida de la cancha de Huracán, en junio de 2005, que provocó la muerte de Fernando Blanco, un hincha de 17 años de Defensores de Belgrano.
La investigación por los sobreprecios en construcciones y reparación de oficinas que rondaron el 280 por ciento durante la gestión de Toma, a fines de los ’90, había recaído en el entonces fiscal Guillermo Montenegro. Los eternos tiempos de la Justicia lo alejaron de la causa cuando ascendió a juez y más aún cuando recaló como ministro macrista y terminó rubricando la designación del contador Rodríguez. El procesamiento, firmado por Oyarbide, precisa que “se determinó que entre los años ’95 y ’99 fueron adjudicadas a la empresa Kainer Construcciones SRL doce contrataciones directas para la realización de diversos trabajos que van desde la provisión de alfombras hasta la construcción de un puesto fronterizo” en Misiones. Esa firma, consta en el expediente, siempre cotizaba el precio coincidente con la partida autorizada para ese fin.
La construcción más cara fue, justamente, la del puesto en la Triple Frontera, que ascendió a 650 mil pesos. Teniendo en cuenta que para montos que superan los 100 mil pesos se debe llamar a licitación, los hombres de Toma solicitaron una excepción a la Ley de Contabilidad por razones de urgencia. El testimonio de Luis Roberto Gauna, jefe de la Sección Núcleo del Escuadrón 13 de Gendarmería, de donde dependía el puesto en Ruta 12 –Urugua-I– al que se había destinado la “urgente” inversión decidida por Toma y autorizada por Rodríguez, declaró que “hasta octubre del ’99 no había techo ni cabina sobre la ruta, y que en la actualidad (abril 2003) con fondos de Gendarmería se habría construido el techo, no así las cabinas”. Abundó en que para la iluminación pidieron prestado un reflector a la represa Urugua-I.
A lo largo de las cuarenta y cuatro fojas del fallo, Toma se desentendió de los procesos administrativos y justificó la obra en Misiones en la avanzada del terrorismo en la Triple Frontera. Rodríguez también deslindó responsabilidades en la Comisión de Preadjudicación, encargada de evaluar las ofertas. La obsesión por la confluencia limítrofe entre Argentina, Paraguay y Brasil como nido del fundamentalismo islámico es otra de las coincidencias entre los hombres de Toma y de Palacios. Cuando Fino se desempeñó como responsable del cuerpo antiterrorista de la Federal montó una unidad en ese punto. El espía James fue uno de los más activos en esa misión que dejó la Federal para incorporarse a la Metropolitana. Misiones, el lugar donde Macri fijó durante años su residencia, es el territorio donde James hizo las falsas denuncias para que jueces federales autorizaran las escuchas a Sergio Burstein (familiar de la AMIA), a los empresarios Carlos Avila (ex Torneos y Competencias), Alfredo Coto (supermercados) y al cuñado de Macri, Néstor Leonardo, entre otros.
“Incumpliendo sus deberes, acudieron a regímenes de excepción para evadir el control al que deberían haberse sometido, para asegurar el éxito de sus maniobras delictivas, consistentes en el armado de ruedas de oferentes ficticias y simuladas en contrataciones directas, para el beneficio de la empresa Kainer Construcciones SRL, la cual en todos los casos era adjudicada para la realización de las obras”, sostiene el fallo que procesa, entre otros, a Toma y Rodríguez como cónyuges de causa. “Ambos funcionarios resultan colaboradores esenciales de los delitos indicados, atento el grado de responsabilidad que tenían funcionalmente, y por haber sido quienes autorizaron las contrataciones directas, según el caso”, concluye.
Los hombres de Palacios con el aporte de colaboradores de Toma nutren el staff de la Metropolitana. El Fino se fue pero su estructura sigue intacta: los comisarios Osvaldo Chamorro y Kervokian están en la cúspide. El diputado PRO Eugenio Burzaco asumirá como jefe de la nueva fuerza en diciembre, cuando termine su mandato. Sobre la continuidad de Chamorro hay dudas por su cercanía con James.
Hasta ahora, la metodología de compra directa de patrulleros, motos y uniformes amparándose en la “urgencia” también signó las primeras adquisiciones de la fuerza. Esta vez los valores superaron los dos millones de pesos. El contador Rodríguez, flamante procesado, arrastra su experiencia en esas lides.
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