El país|Jueves, 28 de noviembre de 2002

Por Irina Hauser

“Debe haber un error, nadie le dijo al juez que lo iban a proponer para un tribunal internacional.” Eso fue lo que les mandó a repetir Antonio Boggiano a sus colaboradores, mientras juristas y organismos de derechos humanos cuestionaban ayer que el presidente Eduardo Duhalde haya decidido postularlo para integrar la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) y, así, lograr una nueva vacante en la Corte Suprema. Las quejas apuntan a que no reuniría ni siquiera los requisitos mínimos para ocupar ese cargo y a la falta de transparencia en su nominación. En el Gobierno dicen que no hay ninguna intención de dar marcha atrás con la decisión y que el supremo elegido lo sabe desde la semana pasada.
“Es raro que lo propongan sin el consentimiento del propio interesado”, insistieron los voceros de Boggiano, cuando en realidad los últimos presidentes conocieron perfectamente sus aspiraciones personales a ocupar un lugar en un tribunal internacional poniendo a disposición, a cambio, a su trono en la Corte. Esta vez el ministro Juan José Alvarez logró convencer al Presidente de que bajara de la nominación al camarista de Casación Pedro David, y lo reemplazara por el cortesano. David podría ir a la Corte Suprema. El plazo para que los Estados nominen vencería este viernes y la asamblea de países miembros votaría en febrero. Allí el éxito de Boggiano se perfila como bastante dudoso, admite el Gobierno.
“El Estatuto de la CPI establece que los magistrados serán elegidos entre personas de ‘alta consideración moral, imparcialidad e integridad’. No es posible sostener que Boggiano califica”, señaló María José Guembe, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Entre los por qué señaló que “la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados lo acusó de mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos. Aunque no fue separado de su cargo, 131 legisladores votaron por su destitución sobre 236. Fue uno de los jueces que más acusaciones tuvo”.
La CPI se encargará de juzgar a los individuos responsables de violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así lo estableció el Estatuto de Roma, de 1998. “Boggiano no tienen idoneidad moral para semejante cargo, no sólo por las acusaciones de Diputados, sino por integrar la mayoría automática que siempre acompañó al menemismo y por haber sido en sus votos un sistemático violador de derechos sociales. Sería un papelón”, sostuvo Pedro Kesselman, vicepresidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, hablando a título personal. Joaquín Da Rocha, director del Instituto de Derecho Penal de la misma entidad, añadió: “Boggiano no parece cumplir con un requisito básico del convenio, que dice que sus 18 miembros serán seleccionados entre especialistas en derecho penal o procesal penal o en derecho internacional público. El se especializa en derecho internacional privado, que es algo muy diferente”.
Tanto en el CELS como en Poder Ciudadano, ponen reparos al camino por el que se llegó a proponer a Boggiano. El Poder Ejecutivo tenía dos caminos: apoyar al nominado por el grupo nacional de la Corte Permanente de Arbitraje o elegirlo por su cuenta con acuerdo del Senado. El grupo en cuestión ya había impulsado como candidata a Silvia Fernández, una funcionaria de Cancillería con amplia trayectoria en derecho penal internacional. La votaron hace tiempo tres de sus cuatro miembros: el cuarto, que se expidió, era Boggiano. Duhalde después hizo su propio juego. Guembe objetó que no se haya hecho público el proceso de presentación de candidatos. Carlos March, de Poder Ciudadano, sostuvo que “lo mismo que un grupo de ONG ya sugerimos para la selección de jueces de la Corte Suprema vale para el caso: que sea un proceso público, en base al análisis de antecedentes y oposición, y que el Presidente se autolimite”. La diputada Margarita Stolbizer le mandó una carta a Duhalde diciéndole que no está de acuerdo con la postulación de Boggiano porque “aparece como una maniobra dirigida a otorgar una salida elegante a quien no la merece”y le advirtió que la transparencia en la selección incidirá en la percepción y de neutralidad y eficacia de la CPI.

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