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El juez federal de Misiones Ramón Chávez se negó a allanar los juzgados de sus dos colegas involucrados en la causa del espionaje, una medida que le había pedido por exhorto el juez federal Norberto Oyarbide con el propósito de secuestrar los expedientes donde fueron ordenadas las escuchas ilegales a por lo menos siete personas. Chávez le requirió al Superior Tribunal de su provincia que decida si Oyarbide puede actuar en esa jurisdicción. Los jueces de Posadas que están imputados, Horacio Gallardo y José Luis Rey, están citados a indagatoria para hoy en los tribunales de Retiro. Si no comparecen, podrían pedir su desafuero.
El juez Chávez, a quien en Misiones vinculan con el ex gobernador Ramón Puerta y hasta le atribuyen cierto parentesco, recibió a las 7.30 a la delegación de la Policía Federal que llevaba instrucciones de Oyarbide, pero no autorizó a los agentes a hacer el procedimiento y les dijo que volvieran a las 19 con la excusa de que tenía que ir a un acto. Cuando regresaron, les informaron que el juzgado había resuelto girar el exhorto a la Corte provincial, para que ese tribunal defina cómo proceder.
El juez porteño viene reclamando desde hace varias semanas a sus pares Gallardo y Rey fotocopias de las causas en las que ordenaron las famosas escuchas. No consiguió cooperación alguna: ni los papeles ni las grabaciones. En una ocasión en que mandó a buscar la documentación en son de paz, uno de los jueces se escapó por la ventana y el otro dejó una nota de rechazo. Por todo esto decidió disponer los allanamientos de los despachos de Sus Señorías.
Los expedientes que busca Oyarbide –dos de ellos investigaciones de asesinatos– son aquéllos donde fueron escuchados, en base a pistas falsas, los teléfonos de personas que no tenían nada que ver: Sergio Burstein, de familiares de AMIA; del empresario Carlos Avila, de su yerno que ocupa un cargo gerencial en el canal Torneos y Competencias, de dos gerentes de supermercados Coto, del abogado Francisco Castex del influyente estudio Iribarren y del parapsicólogo Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio Macri.
En todos los casos las cintas con las conversaciones las retiraba de oficinas de la SIDE el abogado Ciro James, el ex auxiliar de inteligencia de la Policía Federal que apareció contratado desde 2008 en el Ministerio de Educación porteño y se preparaba para entrar a la Policía Metropolitana de la mano del comisario retirado Jorge “Fino” Palacios, un importante sospechoso en la trama del espionaje.
Un dato curioso en el que repararon los investigadores porteños es que James también tuvo tiempo atrás autorizaciones del juez Chávez, el que ayer trabó los allanamientos, para retirar escuchas de la SIDE. Aún no determinaron si era para hacer espionaje ilegal. Su pedido de ayer a última hora para que defina el Superior Tribunal misionero es algo inusual, ya que no se trata de un problema entre jueces locales sino entre jueces federales. Una eventual disputa de competencia debería ser resuelta por una Cámara Federal, según le apuntaron a Página/12 entendidos en el tema.
Lo cierto es que buena parte de la Justicia penal de Posadas parece resuelta a complicar la pesquisa de Oyarbide y el asunto ya tiene ribetes de un verdadero conflicto institucional. El procurador general de la provincia, Miguel Angel Piñero, opinó públicamente que “Oyarbide no es competente en este tema y debería dejar la causa en manos de los jueces misioneros”. El abogado del juez Rey habló de un “avasallamiento a la soberanía política de la provincia”. El juez de instrucción de Posadas Fernando Verón también dijo que “todo debe analizarse en Misiones”.
Cerca de un mes atrás, cuando estalló el escándalo del espionaje, Verón abrió una causa donde les apunta a los policías misioneros que actuaban en combinación con James pidiendo la pinchadura de determinados números: ayer sorpresivamente indagó a los cinco policías –cuatro de ellos altos jefes de Homicidios y de Investigaciones la mayoría– que están imputados en la causa de Oyarbide, tres de los cuales incluso ya fueron procesados por él.
Aún es un enigma si los jueces Gallardo y Rey –a quienes también se les atribuye lazos con Puerta, de histórica afinidad con Macri– aparecerán por Buenos Aires para ser indagados. El fiscal Alberto Nisman, que interviene en el caso, ya pidió su desafuero e insistiría si no comparecen. Oyarbide también analiza esa opción, entre otras.
Hasta ahora James y los policías procesados fueron acusados de violar la ley de inteligencia y falsificar documentos (por introducir pistas truchas en las causas), pero cada vez se refuerza más la idea de que habría operado una asociación ilícita, que implica un delito bastante más grave.
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