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La Justicia podrá analizar el ADN de dos presuntos hijos de desaparecidos utilizando muestras obtenidas de ropa incautada en un allanamiento. La Cámara Federal porteña avaló una decisión de la jueza María Servini de Cubría en la causa Prieto, que investiga la apropiación de dos menores por un suboficial de la Marina durante la dictadura. En esa misma causa, en agosto pasado, la Corte Suprema autorizó el secuestro de artículos personales, cepillos de dientes, peines y ropas como medios de prueba para determinar la identidad de posibles descendientes de desaparecidos.
La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazó los recursos de queja presentados por Emiliano y Guillermo Prieto. Ambos objetaban que los efectos personales que Servini de Cubría ordenó secuestrarles en septiembre fueran peritados para determinar su ADN. El objeto del peritaje es cotejar el resultado con el Banco Nacional de Datos Genéticos y realizar “los correspondientes estudios de histocompatibilidad”, según señalaron los jueces, para determinar si existen vínculos entre los jóvenes y “los grupos familiares Ingold-Angerosa y Segarra-Torres”, dos matrimonios de desaparecidos, o con otras víctimas de la dictadura.
Emiliano y Guillermo fueron criados por Guillermo Antonio Prieto, un suboficial de la Marina en actividad durante la dictadura, y su esposa Emma. El matrimonio inscribió a los niños como hijos biológicos: Emiliano, del 6 de agosto de 1978, y Guillermo Gabriel, del 1º de junio de 1976. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que nacieron en cautiverio y que sus verdaderos padres serían dos parejas diferentes. Ambos figuran como nacidos en un domicilio particular y se presume que el certificado, como sus documentos de identidad, son falsos.
Ante la resistencia de los hermanos a que se analice su código genético, la jueza Servini de Cubría había argumentado que el análisis de las muestras obtenidas era la “única alternativa capaz de dar respuesta a la cuestión debatida, ya que se intenta dilucidar la eventual filiación de quien fuera inscripto como Emiliano Matías Prieto”. Ahora, tras la apelación, la Cámara consideró que “la cuestión puesta a estudio se torna claramente inapelable, ya que obtenido el material genético conforme a las pautas indicadas por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes pronunciamientos, la magistrada ha dispuesto la realización de un peritaje, sin involucrar ninguna acción de Emiliano Matías Prieto”.
La puja por conocer la filiación de los dos jóvenes comenzó en 2000, cuando la Justicia ordenó una extracción compulsiva de sangre a Emiliano. El se negó y tras sucesivas apelaciones su expediente llegó a la Corte Suprema. El joven planteó que el examen viola sus derechos de “intimidad, integridad física, psíquica y moral, a la dignidad, a la vida privada y a gozar de los derechos civiles”. Hace tres meses, el máximo tribunal rechazó la extracción compulsiva de sangre a mayores de edad para obtener muestras genéticas, pero autorizó los allanamientos a domicilios de personas presuntamente apropiadas durante la dictadura para incautar elementos que permitan rastrear su verdadera filiación.
Mientras, el Congreso analiza un proyecto oficial que habilita a la Justicia a ordenar la recolección de pertenencias de posibles hijos de desaparecidos para constatar su identidad, aun cuando la víctima no dé su conformidad.
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