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A más de 20 años de los hechos, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel militar de La Tablada comienzan a ser juzgadas. El juez federal de Morón, Germán Castelli, ordenó la detención del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando, y declaró de lesa humanidad e imprescriptibles las ejecuciones y torturas a miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que el 23 de enero de 1989 coparon ese regimiento. Al resolver que estos delitos no prescribieron, Castelli entendió que “el presidente de la Nación (Raúl Alfonsín), ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación”. Pero agregó que “varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional”.
El proceso que había culminado con la condena a los atacantes del regimiento ignoró lo que terminó estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. Los cuerpos de quienes perdieron la vida el 23 de enero de 1989 –los que murieron en el combate más los nueve ejecutados y cinco desaparecidos– fueron enterrados por orden del juez Gerardo Larrambebere sin previo aviso a sus familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. “Me acuerdo perfectamente de que en ese duro trance en que ellos eran atormentados y flagelados imploraban por sus vidas”, dijo el sargento José Alberto Almada sobre la detención de “dos atacantes desarmados con las manos en alto”. La declaración de Almada fue esencial para desmentir que Iván Ruiz y José Díaz hayan intentado fugarse en una ambulancia, previo asesinato del cabo Esquivel. “Se continuó con los actos de tortura porque yo escuchaba gritos desgarradores de dolor y me daba cuenta de que eran Iván y José. Esta sesión de interrogatorio y de tortura en ese lugar se llevó a cabo en presencia de las más altas autoridades y con su aquiescencia”, dijo el sargento al desmentir la versión dada por el mayor Varando y el general Arrillaga sobre el asesinato del cabo Esquivel.
En abril del año pasado, los abogados Rodolfo Yanzón y Martha Fernández, que representan a los familiares de las víctimas, consideraron que estaban comprobados los hechos y solicitaron al juez Castelli que cite a declaración indagatoria al general Arrillaga –encargado de recuperar el cuartel que aún se jacta de la efectividad de aquella acción y acusado de haber sido parte de la Noche de las Corbatas (secuestro de abogados) en Mar del Plata durante la dictadura–, como así también que sea convocado como acusado el mayor Varando, procesado y camino a juicio oral en otra causa por el asesinato de Gustavo Benedetto durante la represión de diciembre de 2001.
El martes, el magistrado firmó la orden de detención e indagatoria de Varando y Arrillaga. Este último ya está detenido en su casa de Capital Federal a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata en otra causa por delitos de lesa humanidad. Castelli los acusó de las ejecuciones de los militantes del MTP que participaron del copamiento, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que según videos usados como prueba fueron capturados vivos en el lugar, porque consideró que hay pruebas suficientes para “sospechar fundadamente que Iván Ruiz y José Alejandro Díaz habrían sido apresados en el interior del cuartel el día 23 de enero de 1989 y allí habrían muerto en manos de militares argentinos”. A criterio del juez, esas pruebas también indicarían que “el mayor Varando fue la última persona que tomó contacto con Ruiz y Díaz, como así también que el general Arrillaga estaba a cargo de la recuperación del cuartel y del trato de los capturados”.
Al declarar que las ejecuciones de estos dos militantes del MTP fueron delitos de lesa humanidad, así como otros 20 casos de torturas, Castelli evitó un eventual cierre de la causa por prescripción. Si bien el copamiento del cuartel se realizó en democracia, el juez resaltó que “los hechos constituyeron un ataque sistemático contra una población civil”, según la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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