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En una semblanza autobiográfica, Juan Belén dijo que “somos simples, católicos apostólicos romanos, solidarios, trabajadores, no cabe la posibilidad de que no fuéramos justicialistas”. El ex delegado en la fábrica SIAM de Avellaneda y ex concejal de Lanús en la lista de Manuel Quindimil cree que “Perón nunca se equivocaba porque tenía millones de neuronas, no diez como cualquiera de nosotros” y explica que los metalúrgicos “tocamos acero y nos hace escalofríos en la columna”.
Escalofríos es lo que provocó en el gobierno y en la CGT el pensamiento maniqueo y anacrónico de Belén cuando dijo que el acto convocado para el próximo viernes por la CGT era una advertencia a los tres poderes del Estado en defensa del modelo sindical de personería única, amenazado por la zurda loca, manejada desde afuera. “Por la CTA, que es la cuarta internacional”, aclaró. Con buenos reflejos, la presidente CFK pidió que no se realizara el acto anunciado en apoyo de su gobierno y el secretario general de la CGT Hugo Moyano llamó por teléfono al de la CTA, Hugo Yasky, quien estaba en España, para explicarle que la posición de Belén no era la suya. Lo completó con una declaración pública en la que manifestó su respeto por los trabajadores que representa la CTA y por el derecho a reclamar su personería.
Sin detenerse en la provocación de Belén, cuyas efusiones folklóricas nadie toma demasiado en serio ni en su gremio ni en la CGT, Yasky se había limitado a contestar que la libertad sindical es una flecha que está en el aire y que nadie podrá detener. La relación personal entre el Hugo Blanco y el Hugo Negro se inició en abril de 2007, cuando anunciaron un repudio conjunto de ambas centrales al asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba, que se concretó en un cese de actividades. Pero antes de que ambos ocuparan sus actuales cargos, la CTA que por entonces conducía Víctor De Gennaro y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) que inspiraban Moyano y el dirigente de los colectiveros Juan Manuel Palacios, compartieron paros y movilizaciones en contra de las políticas de desguace del Estado, precarización laboral y ajuste. A esta coincidencia histórica, los secretarios generales le agregaron la buena sintonía personal, sostenida en la relación entre el abogado de la CGT, Héctor Recalde, y el vocal de la Comisión Ejecutiva de la CTA, Edgardo De Petri, ambos diputados nacionales del Frente por la Victoria. Quien contribuyó a aclarar lo que estaba sucediendo fue el secretario general de Luz y Fuerza, Oscar Lezcano, quien de tan Gordo ya no puede caminar sin un bastón, cuando respaldó a Belén. Pese a la imagen mediática de liderazgo todopoderoso, Moyano conduce la CGT en un equilibrio inestable. Primero formó un triunvirato con Susana Rueda y José Luis Lingeri y recién en 2005 llegó a la Secretaría General. En la renovación de 2008, los gremios que recelan de su afinidad con el kirchnerismo recortaron su autonomía y sólo pudo conservar el cargo por la intervención directa de Julio De Vido.
Al anunciar la suspensión del acto del viernes, la presidente se declaró “admiradora de nuestra organización sindical, del trabajo en blanco, los salarios decentes”. CFK atribuye a esa organización la vigencia de convenciones colectivas de trabajo, un salario y una participación en el PIB superiores a los de otros países de la región, la existencia de obras sociales y hoteles para los trabajadores. Sin embargo, los beneficios para quienes mueven los subterráneos de Buenos Aires no se deben a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) sino al cuerpo de delegados que formó una Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), cuya inscripción reclama al ministerio de Trabajo. Desde 2000, ese cuerpo de delegados consiguió la estabilidad laboral, por la que desde hace años no hay más despidos; recuperó la jornada de seis horas correspondiente a un trabajo insalubre, que se había perdido con la privatización. También pudo suprimir la tercerización de parte del trabajo con empresas contratistas que no reconocían los derechos laborales. Las condiciones de trabajo y la capacidad adquisitiva del salario mejoraron y, al reducirse la explotación de los trabajadores, se crearon 1500 nuevos empleos. Esto explica que en febrero, el 99 por ciento de los votantes apoyara separarse de la UTA.
La mayoría del cuerpo de delegados tiene algún tipo de relación con la CTA. No obstante, se han abstenido de cualquier pronunciamiento sobre la pertenencia de la nueva asociación gremial a cualquiera de las centrales, para no agregar ese elemento de división a una lucha de por sí compleja. Uno de los partidos de la izquierda extraparlamentaria a pesar de sí misma que influye entre los delegados abrió un cauce de negociación. Moyano se mostró predispuesto pero chocó con la intransigencia absoluta del líder de la UTA, Roberto Fernández, quien amenaza con un paro de colectiveros si se reconoce al cuerpo de delegados del subte. Moyano no apoyaría esa medida, pero tampoco tiene espacio para enfrentarlo en la discusión por el subte, ya que la UTA es uno de los gremios con los que puede contar en su fragmentado consejo directivo. Durante un encuentro con el ministro Carlos Tomada en el que se trató la nueva reglamentación de accidentes de trabajo, el líder de la CGT opuso la situación de Fernández en la UTA con la propia en Camioneros. “Eso le pasa por alejarse de las bases”, dijo. Tanto en la CGT como en la CTA se lamenta la ausencia de Palacios, quien hoy vive en un barrio de Miami bautizado CGT. Pese a las diferencias ideológicas, el cuerpo de delegados era reconocido por la UTA de Palacios, quien le dio un lugar en las negociaciones paritarias. Las amenazas de Fernández no son sin embargo de fácil cumplimiento, ya que la UTA se ha distanciado de los trabajadores que representa. Los choferes de larga distancia solían ganar un 30 por ciento más que los de los colectivos urbanos. La ecuación se ha invertido y en varias provincias se está preparando el lanzamiento de sindicatos paralelos, no por razones ideológicas sino de conveniencia, que son las más efectivas.
El gobierno, las dos centrales y el cuerpo de delegados buscan vías de solución para un conflicto en el que cada uno debe lidiar con sus propios frentes internos. Intervinieron en esas gestiones integrantes de Foetra, el único sindicato cuya conducción es compartida entre dirigentes de la CGT y de la CTA. Uno de los puntos de la protesta del cuerpo de delegados era el descuento de la cuota sindical destinada al gremio del cual los trabajadores se separaron. La empresa absorbería ese costo adicional, para cumplir con ambas representaciones. El principal temor del cuerpo de delegados es que a partir de diciembre, cuando venzan los mandatos de veinte de ellos, Metrovías los despida. El viernes la presidente decidió garantizar la estabilidad de los delegados aún después de la finalización de sus mandatos, mientras continúa el trámite para la inscripción gremial, que con alta probabilidad será resuelto por la justicia. “Si Roggio toca a un delegado, le revoco la concesión. Nosotros fuimos los que garantizamos que no despidieran a los delegados de Kraft, aunque más bien no simpatizaban con el gobierno”, fueron las exactas palabras presidenciales. De ese modo también sería posible el descuento de la cuota sindical por planilla para la nueva asociación. Este rumbo evitaría la desmesura de zanjar cuestiones de encuadramiento sindical mediante un paro de 48 horas, contribuyendo al malhumor social con el que cuentan todas las fuerzas políticas interesadas en golpear al gobierno y a los trabajadores de cualquier central, mientras el ex senador Eduardo Duhalde sueña con diciembre de 2001 y las cámaras patronales agropecuarias preparan un nuevo zarpazo disciplinador, y las banderas del maoísmo aborigen se preparan para flamear al aire como en la concentración de 2008 en Palermo. Un acuerdo en el subte también restaría margen a quienes intentan alinear a la CTA como fuerza de oposición frontal, con el cálculo oportunista de que ese giro sería aprobado por las clases medias urbanas, en retirada de su apoyo inicial al gobierno. La inequitativa distribución de neuronas no es privativa de ningún partido o central.
El rechazo de la renuncia de Néstor Kirchner a la presidencia del PJ ratificaría a ese partido como base de la construcción política oficial, con los condicionamientos que esa estructura intenta imponerle, de los cuales Juan Belén es apenas un botón de muestra. Kirchner tomó esa decisión al mismo tiempo que escogía a Daniel Scioli como candidato a la gobernación bonaerense. Su argumento fue que de otro modo Maurizio Macri podría ganar en ese distrito. Esa catástrofe no ocurrió entonces, pero sí en 2007, donde ni el propio Kirchner pudo impedir la victoria del experto en paraísos fiscales y elusión impositiva Francisco de Narváez. El justicialismo es mucho más débil ahora que en 2007. Y, como era de prever dados sus antecedentes, Scioli no ha hecho una gestión más afín con un proyecto progresista que la de Macri. Mientras el jefe de gobierno porteño monta una estructura de espionaje político, comercial e incluso familiar y corre a golpes a los indigentes que viven en las calles, Scioli y su ministro de Seguridad Carlos Stornelli pactan el regreso de la mejor policía del mundo: pretenden incrementar sus facultades para detener a menores de edad, penalizar formas defensivas de manifestación (como la cara tapada para impedir las usuales represalias posteriores), y reponer los edictos que jamás sirvieron para ofrecer seguridad pero que fueron eficientes para proveer al financiamiento espurio de la política con fondos de origen delictivo. El hacinamiento en cárceles y comisarías reasume carácter explosivo y el orden interno sólo se mantiene mediante un régimen de terror. Esto adquiere una extrema gravedad dado que desconoce decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta fragilidad política es contradictoria con la decisión de transferir recursos por más de 10.000 millones de pesos anuales a los sectores más vulnerables de la sociedad mediante la asignación universal reclamada desde hace una década por distintas fuerzas políticas y sociales y que contó con el apoyo de tres millones de votos en la consulta realizada hace ocho años por el Frente Nacional contra la Pobreza, Frenapo. Esta es la medida distributiva más profunda adoptada en décadas y tendrá un impacto social muy fuerte, con la drástica reducción de la pobreza y la indigencia, y también económico ya que esa masa de recursos se volcará al consumo, cuando ya se advierte el comienzo de la salida de la recesión motivada por la crisis internacional, atenuada aquí respecto de Chile o Brasil por el gasto público. Pero su implementación es cualquier cosa menos sencilla. Este no ha sido hasta ahora el fuerte de la administración. Lo menos que puede decirse es que no estará en plena vigencia en diciembre, sino en forma gradual a lo largo del próximo año. También subsisten interrogantes sobre su sustentabilidad en base a los fondos de la Anses, lo cual invita a pensar formas de complementación, como el ya mencionado impuesto a las ganancias de capital de las personas físicas o la reimplantación parcial de los aportes patronales reducidos en 9 puntos por Menem y Cavallo. Un cálculo de Cifra (el centro de investigaciones económicas de la conducción de la CTA, que dirige Eduardo Basualdo), estima que por cada uno de los puntos que se recuperen ingresarían 1842 millones de pesos. Junto con las retenciones, la recuperación del sistema previsional y la ley audiovisual, la asignación por cada uno de los cinco primeros hijos de cada hogar, al mismo tiempo que avanza el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo y están por comenzar los procesos de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército, explican la odiosidad que concita el gobierno de CFK. Hay que retroceder más de medio siglo para encontrar otro gobierno que haya confrontado con la Sociedad Rural, el poder financiero, los grandes medios y el partido militar, sin dejar de lado los chisporroteos con el Episcopado Católico. Tanta audacia requeriría para sostenerse algo más que las fatigadas piernas del PJ y la CGT.
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