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“Si, por ejemplo, alguien puede conservar su vida robando un pan, evidentemente hay aquí una lesión de la propiedad de un hombre, pero sería injusto considerar esta acción como un robo ordinario... la necesidad del presente inmediato puede justificar una acción injusta, pues con su omisión se cometería a su vez una injusticia y, en realidad, la mayor injusticia, la total negación de la existencia de la libertad.”
La frase anterior no fue enunciada por un dirigente social o sindical ni por el referente de un partido de izquierda, tampoco por Fidel Castro. Pertenece a Georg Hegel, filósofo alemán que no puede ser acusado de filoizquierdista, quien la escribió en 1820, época en la cual las naciones industriales aún se repartían el mapa y la esclavitud era moneda corriente. Esta idea, que está pronta a cumplir 190 años, parece revolucionaria frente a la retrógrada reforma del Código Contravencional que impulsa el gobernador bonaerense Daniel Scioli.
El proyecto busca –sin el más mínimo disimulo– recomponer un Estado hiperrepresivo, devolviendo a las fuerzas del orden las facultades que las llevaron a cometer los peores abusos, facultades que entran en colisión con los más elementales principios constitucionales sobre los derechos humanos.
Incorporar figuras como las del “merodeo” o de “actitud amenazante” conduce directamente a una estigmatización de los sectores más postergados que resulta tan inconducente como falsa, al igual que la posibilidad de que la policía detenga a menores de 14 años sin autorización judicial. Todo esto contribuye a consolidar el eje jóvenes-pobreza-droga–delincuencia que se busca instalar desde el poder y los medios masivos, creando un chivo expiatorio que pueda pagar el costo de una sociedad disfuncional.
Debemos tener bien presente que la matriz de concentración y exclusión económica que impuso el neoliberalismo tuvo un correlato imprescindible en una política de represión salvaje del campo popular, cuyo ejemplo más cabal es la “maldita policía” bonaerense, la que mató a Bulacio, la que añoran Scioli y Stornelli.
Por eso, cuando la crisis internacional golpea fuerte y los sectores empresariales buscan cargar su costo en la espalda de los trabajadores; cuando se empiezan a desafiar los intereses de algunos de los sectores más poderosos de la Argentina; cuando se empieza a discutir la redistribución del ingreso, una iniciativa de neto corte fascista como ésta sólo puede ser el presagio de la reacción que buscan imponer con el garrote los sectores acomodados de esta sociedad.
En este sentido, no debemos perder de vista que otro de los puntos del proyecto apunta a reprimir toda forma de protesta social, corte de calles, etc. Cómo no recordar el pasaje del viejo Marx en el cual, analizando la disolución del orden feudal, plantea que los campesinos que fueron expulsados de sus tierras “empezaron viéndose castigados por algo de que ellos mismos eran víctimas, por verse reducidos a vagabundos y mendigos. La legislación los trataba como a delincuentes ‘voluntarios’, como si dependiese de su buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones, ya abolidas”.
Ya en los años 2002 y 2004, cuando la crisis todavía nos golpeaba y se castigaba a quienes se movilizaban para defender sus derechos, desde la Cámara de Diputados impulsamos proyectos tendientes a evitar la criminalización de la protesta. Tras seis años de crecimiento económico se nos pretende llevar nuevamente a esa realidad, que los argentinos dejamos atrás y a la que no queremos volver.
Quienes sostenemos que desde el año 2003 a la fecha el país ha transitado un camino –sinuoso, empinado, pedregoso– que ha implicado mejoras reales para los sectores populares, no podemos tolerar esta situación. Debemos gritar bien fuerte y oponernos con toda nuestra fuerza, ideas y capacidad de movilización. No estamos discutiendo una ley, estamos discutiendo un modelo de país.
* Diputado nacional, Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires.
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