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La causa del espionaje llegó a la Corte Suprema, que tiene en sus manos el futuro de la investigación. El alto tribunal tendrá que definir si el expediente que llevó a la cárcel al comisario retirado Jorge “Fino” Palacios podrá seguir a cargo del juez federal Norberto Oyarbide o si deberá mudarse a los tribunales de Misiones como pretende el propio ex jefe de la Policía Metropolitana. Según el magistrado porteño, el caso es suyo porque las escuchas ilegítimas se hicieron desde oficinas de la SIDE en Capital Federal, lo que a su vez implica que hubo una defraudación al Estado. Pero hay un juez de Posadas que reclama las actuaciones con el argumento de que las órdenes para pinchar teléfonos salieron de dos juzgados misioneros. Mientras tanto, Oyarbide cerrará hoy, con la declaración del espía Ciro James, una ronda de indagatorias por el delito de asociación ilícita y podría haber nuevos procesamientos.
La disputa por la causa de las escuchas viene alimentada desde Misiones, donde el juez Fernando Verón abrió un expediente paralelo y reivindica su competencia, y desde Buenos Aires, donde el Fino Palacios pidió que se anule todo lo actuado por Oyarbide y quiere a toda costa ser investigado por Verón, de quien –todo hace pensar– esperaría mayor piedad. Oyarbide se niega a entregar el expediente, que se abrió con la denuncia de Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del Atentado a la AMIA.
Palacios y James son dos imputados centrales en la trama, el primero por impulsar las pinchaduras y el segundo por ejecutarlas –con ayuda de policías y jueces misioneros– y retirar las grabaciones de la SIDE. También hay secretarios judiciales comprometidos por firmar órdenes de escuchas, entre ellos una actual secretaria del juez Verón.
Cada vez que dos jueces pelean por quién se queda con una investigación, la discusión debe saldarla el superior tribunal que tienen en común. En este caso es la Corte Suprema de la Nación, que ayer recibió fotocopias de los primeros diez cuerpos de la pesquisa del espionaje. El interés de Palacios por forzar un pronunciamiento supremo podría tener una explicación: en el tramiterío palaciego la causa quedó a estudio de la secretaría 3, que está a cargo de Esteban Canevari. Canevari tiene una amistad de larga data con Diego Richards, el abogado del ex jefe de la Metropolitana. Juntos fueron secretarios en el fuero federal, donde la jueza María Servini de Cubría los denunció por irregularidades en la causa del Yomagate; desplazados, ambos fueron a parar a la Corte de la mano del ex camarista de Casación penal Alfredo Bisordi, antes secretario penal supremo, quien ahora se dedica a ejercer la defensa de represores. La Corte de la década menemista puso al dúo al frente de la investigación del atentado a la embajada de Israel.
En la Corte intentan eludir un pronunciamiento sobre el espionaje en plena ebullición del expediente. Por eso el viernes último le pasaron la posta al procurador general de la Nación, Esteban Righi, a quien le pidieron que emita un dictamen con su opinión sobre el conflicto de competencia. El envío, ese día, fue firmado por el secretario Cristian Abritta. Al parecer fue porque el secretario penal no estaba y la indicación de la presidencia del tribunal fue desprenderse del tema cuanto antes. Canevari, según fuentes cortesanas, suele excusarse cuando le toca alguna causa donde el abogado es Richards, aunque esto no implica necesariamente que haya un cambio de secretaría. Por lo pronto, al juzgado de Oyarbide llegaron oficios que tendrían su firma, según allegados a la investigación.
La intervención de la Corte Suprema fue requerida también por el Superior Tribunal de Misiones, que suspendió por treinta días a los jueces de Posadas Horacio Gallardo y José Luis Rey. Ambos habían firmado las órdenes para que se hicieran escuchas no sólo a Burstein, sino al parapsicólogo Daniel Leonardo, cuñado de Mauricio Macri, al empresario Carlos Avila y a dos gerentes de Supermercados Coto, entre otras víctimas. Todos los teléfonos eran de Capital. Para justificar las pinchaduras ante la SIDE, se los involucró en causas penales sobre homicidios y robos a los que eran ajenos. La suspensión preventiva no trajo grandes consecuencias para Gallardo y Rey que, por otro carril, consiguieron que el jurado de enjuiciamiento provincial se negara a iniciarles un proceso de desafuero. Así, el organismo cerró el único camino que le quedaba a Oyarbide para indagarlos por la fuerza.
En los últimos días Palacios, cinco policías y cuatro secretarios judiciales fueron indagados por asociación ilícita, una imputación mucho más grave que la que Oyarbide contempló al comienzo de la causa. James declara hoy y esta misma semana podría haber una definición sobre las situaciones procesales. La única que podría quedar postergada es la del ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, cuestionado por haber nombrado a James como asesor legal de su cartera como supuesta pantalla de sus tareas de espionaje. Mientras tanto la Cámara Federal estudia los planteos de excarcelación de James y Palacios. El ex jefe policial y su defensor tienen hoy una audiencia con los camaristas.
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