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La idea era ir temprano, por eso Felipe y Marcela Herrera Noble llegaron a las 6 al edificio del Cuerpo Médico Forense, en el Palacio de Tribunales. Desde 2003 y por orden de sus , los hijos adoptados de la dueña de Clarín condicionan su voluntad de dar una muestra de su sangre a que ésta sólo sea cruzada con dos de las familias querellantes, y que esto se haga por fuera del Banco de Datos Genéticos, porque sostienen que se trata de un simple caso de filiación. Su abogado, Jorge Anzorreguy, remarcó la voluntad de sus clientes de “terminar” con el proceso. “Estaban tranquilos, siempre lo estuvieron, hace cinco años y medio que esperaban esto”, dijo el letrado. Ayer quedó en evidencia que la Justicia les permitió accionar en la forma que pretendían y en oposición a la exigencia de las querellantes Abuelas de Plaza de Mayo, que consideran que se trata de una posible apropiación y sustitución de identidad de hijos de desaparecidos y, por lo tanto, de un delito de lesa humanidad.
En tal sentido, las Abuelas vienen insistiendo en que las muestras de Felipe y Marcela Noble tienen que ser cotejadas con las existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) del Hospital Durand, como indica incluso una ley recientemente sancionada. Esa norma, 26.548, dispone que cuando se investiga si una persona es hija de desaparecidos los análisis genéticos deben efectuarse exclusivamente en esa institución porque es la única que cuenta con las muestras genéticas de las familias de los desaparecidos. Esto es, mientras los Noble quieren liquidar el tema cruzando esa información sólo con las dos familias que reclamaban inicialmente, los García-Gualdero y Miranda-Lanuscou, Abuelas necesita cotejar con todas las familias que están buscando. “La única medida lógica para determinar si Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos es cotejar con todos”, enfatizó Mariano Gaitán, abogado de Abuelas.
Al salir de Tribunales, Anzorreguy aseguró que el juez federal Conrado Bergesio “cumplió” y que lo ordenado ayer “fue ratificado por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema”. El letrado agregó que sus clientes “respetaron lo dispuesto por la Justicia”, y que “en todas las etapas los tribunales consideraron que esta diligencia amparaba en forma más amplia a todas las partes”. Al ser consultado sobre el pedido de cotejar las muestras en el BNDG, Anzorreguy respondió que “no es el momento de opinar eso, porque lo único resuelto en el expediente, por la Cámara de Casación Penal, es que se haga el examen como estaba solicitado por los señores Noble Herrera”. En Abuelas no opinan lo mismo (ver aparte). Frente a Tribunales se hicieron presentes H.I.J.O.S. y el legislador porteño Juan Cabandié, quienes entregaron una carta dirigida a Felipe y Marcela, donde expresaban apoyo en “este duro momento”.
A mediados de 1976, durante los meses en que Herrera de Noble los adoptó, más de treinta mujeres dieron a luz en cautiverio. Ernestina Herrera de Noble es una de las imputadas de la causa “Barnes de Carlotto s/denuncia” y había sido procesada y encarcelada en 2002 por el ex juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, luego de ordenar el análisis compulsivo de Marcela y Felipe en el BNDG. Pero cuando este magistrado fue destituido, Bergesio dispuso su falta de mérito. Los médicos Fabio Katz y Norma Ca-ddopi, además de Aldo Rico y Jorge Rafael Videla, son los demás imputados. El nuevo juez del caso suspendió el análisis en el BNDG para realizarlo en el Cuerpo Médico Forense, bajo las condiciones que pusieron los Noble: sólo con las dos familias querellantes, con la destrucción de las muestras después del análisis y la no decodificación de su perfil genético. De este modo estaban seguros de que daría negativo. La querella apeló esto y la Cámara de San Martín decidió en 2004 que el estudio se hiciera en el BNDG, pero sólo entrecruzando con las dos familias. En desacuerdo con esta última parte de la resolución, la querella volvió a apelar pero la Cámara les dijo que no tenían legitimación respecto del resto de los grupos familiares del Banco.
El caso pasó por la Cámara de Casación y llegó a la Corte Suprema, porque los Noble se resistían a que el estudio fuera hecho en el BNDG con o sin su consentimiento y la querella insistía en el cotejo general. Recién en junio de 2008, cuando la causa volvió al juzgado de Bergesio, Abuelas de Plaza de Mayo fue aceptada como querellante y pidió que la investigación, y los eventuales análisis de ADN incluyeran a los 22 grupos familiares que buscan niños nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres en la época en que Marcela y Felipe fueron adoptados por Herrera de Noble. Hace tres meses la Cámara de San Martín dijo que la causa debía abarcar los casos que reclamaba Abuelas y que el juez debía actuar conforme al criterio fijado en el caso Prieto, en el cual la Corte dispuso que cuando una persona presuntamente víctima de apropiación se niega a realizarse los análisis de ADN debe obtenerse material genético de objetos de uso personal. Bergesio nunca cumplió con esa indicación. El 22 de diciembre la Cámara le ordenó que “tome las muestras de ADN de las personas cuya identidad se cuestiona, en forma inmediata y sin más dilaciones, para someterlas a los cotejos necesarios”, e insistió en que siguiera los lineamientos del caso Prieto.
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