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Menos de veinticuatro horas después de haber sido removido del Banco Central por un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, Martín Redrado volvió a ocupar su despacho tras conseguir que la Justicia dictara una medida cautelar en su favor. Tal como se lo había pedido la oposición, Redrado decidió mantenerse en escena como “funcionario republicano resistiendo en su puesto”, a la manera ya probada del vicepresidente Julio Cobos, e implementó una estrategia legal con el apoyo del PRO y la Coalición Cívica para reingresar al edificio del BCRA. Apoyándose en que legisladores de esas fuerzas habían llevado a los Tribunales un pedido de amparo para frenar la creación del Fondo del Bicentenario, el otrora “golden boy” presentó un recurso del mismo tipo para su reposición. La jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento hizo lugar a los dos pedidos, frenando el uso de reservas para el pago de deuda pública y suspendiendo la salida del funcionario removido. Así, aunque en el Central ya había asumido como su sucesor Miguel Pesce, Redrado hizo un reingreso mediático a la sede de Reconquista 258, donde permaneció “en funciones” toda la tarde. El Gobierno anticipó que apelará la medida judicial, pero hasta anoche no habían encontrado a la jueza.
En una visita a Avellaneda por el plan de cooperativas Argentina Trabaja, Cristina Kirchner habló de la situación con palabras similares a las que había empleado cuando tomó la medida: señaló que el Banco Central “no es una institución unipersonal” y sostuvo que remover a Redrado fue “una obligación, no sólo por el Fondo del Bicentenario, sino porque también estaba impidiendo que sesionara el directorio” de la entidad.
Aunque el Gobierno anunció casi de inmediato que apelaría los fallos de la jueza Sarmiento para que la Cámara los deje sin efecto, destrabar la inédita coexistencia de los dos titulares del BCRA no será algo automático. Para empezar, anoche el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se quejó de que estaban tratando de ubicar a la magistrada para presentarle la apelación, sin mucha suerte. “Estamos buscando a la jueza, pero no la encontramos, le pedimos a la Policía Federal que la busque para que le dé al Estado la misma posibilidad que le dio a Redrado”, declaró el jefe de Gabinete, poniéndole a la crisis un paso de comedia.
Fernández subrayó así el malestar de la Casa Rosada porque la jueza “le concedió en dos horas el recurso” a Redrado, que pidió la cautelar a la mañana y la obtuvo a la tarde. Al margen de este reproche, otro motivo de espera será que el Ejecutivo deberá aguardar a que la Cámara de Apelaciones dicte el nuevo fallo. “El Estado lo que tiene que hacer en el marco de la responsabilidad es presentar una apelación y esperar que la Sala se expida”, definió el funcionario.
Uno de los argumentos que empleó Redrado al presentar el amparo fue que él nunca se había negado a cumplir con el decreto 2010/09, que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario, demorando la implementación del uso de reservas para pagar deuda pública. “El no se manifestó ni a favor ni en contra”, fue la definición que dio su abogado, Gregorio Badeni, al ser consultado sobre el tema. Otro de los motivos esgrimidos ante la jueza fue que la Carta Orgánica del Banco Central dice que cuando el Poder Ejecutivo remueve a un integrante de su directorio “por mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, como fue el caso, debe tener “el previo consejo” de una comisión bicameral de legisladores, lo que no se realizó.
La jueza consideró valederos estos planteos. Al otorgar la cautelar, sostuvo en ese sentido: “no se advierte que el actor (Redrado) hubiere incurrido en el invocado incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ello es así toda vez que de la simple lectura del decreto 2010 (para crear el Fondo del Bicentenario) se observa que no existe plazo alguno dentro del cual del Banco Central debía dar cumplimiento a la requisitoria allí dispuesta”. Y en otro párrafo, apunta que “desde la publicación del decreto 2010 hasta el decreto de remoción sólo habían transcurrido 13 días hábiles administrativos”.
Horas antes de dictar esta medida, Sarmiento había hecho lugar al pedido de frenar, también cautelarmente, la implementación del Fondo del Bicentenario, impidiendo el pago de deuda pública con reservas. La presentación había sido realizada por Federico Pinedo (PRO), Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega (Coalición Cívica). En este caso, la jueza apuntó que se debe congelar la medida hasta que el Congreso la trate, ya que las dos cámaras pueden llegar a derogar el decreto. La medida de no innovar regiría –según su criterio– hasta que las dos cámaras del Congreso hayan debatido el tema.
La orden de restituir a Redrado en su cargo fue atada a la anterior. Sarmiento sostuvo que si el funcionario es removido, ya no podrían quedar obstáculos para que el Fondo del Bicentenario se implemente.
El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, fue uno de los especialistas con los que Cristina Kirchner consultó la remoción de Redrado por decreto. El ex senador conoce el tema porque como legislador integró la comisión bicameral que debe expedirse cada vez que el Ejecutivo quiere desplazar a un director del Banco Central. Ayer, defendió la remoción de Redrado y acusó a la jueza Sarmiento de querer “licuar las atribuciones de la Presidenta”. “La jueza no puede inmiscuirse en una decisión que está perfectamente tomada por ley, ya que es una atribución del Poder Ejecutivo nacional”. El gobernador detalló que según el artículo 9 de la Carta Orgánica de la entidad, cuando se remueve a un presidente del Central el dictamen de la comisión no tiene carácter vinculante, lo que significa que la Casa Rosada puede o no tomar su opinión.
Otras fuentes del Gobierno agregaron que desde el punto de vista legal, el decreto cumplió con los pasos requeridos, porque tuvo el acuerdo de ministros (que lo firmaron) y Redrado ha tenido actitudes que mostraron públicamente que su intención es impedir la concreción del Fondo del Bicentenario. La apuesta oficial es por esto a que la Cámara de Apelaciones convalide el argumento de desobediencia, que es la base de su remoción.
La otra vía por la que inevitablemente pasará el tema será la del Congreso. Allí, el DNU tiene diez días para su tratamiento en una comisión bicameral integrada por ocho oficialistas y ocho opositores, para ser trasladado luego al pleno de ambas cámaras. Para invalidar el DNU, se necesitaría del rechazo tanto de los diputados como de los senadores, que sesionarían recién en marzo. Pero ayer la oposición comenzó a apurar los preparativos para intentar autoconvocarse antes de ese plazo (ver página 6).
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