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Por lo menos hasta entrada la semana que viene y tal vez más también, la batalla judicial por las reservas y el trono del Banco Central quedará en un paréntesis. Es porque la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que anteayer quedó desintegrada por una movida del diputado Federico Pinedo (PRO), decidió devolverle todos los expedientes a la jueza María José Sarmiento para que sea ella quien se encargue del trámite más “burocrático” de las apelaciones que presentó el Estado. Mientras tanto, sigue vigente el efecto de la medida cautelar que devolvió a Martín Redrado a la presidencia del BCRA y de la que bloqueó el Fondo del Bicentenario. El Gobierno, por su lado, denunció a Pinedo por “estafa procesal” en una presentación que, por rebote, obligará a que sea investigada la conducta de Sarmiento (ver aparte).
El próximo paso de Sarmiento será “correr traslado” de la apelación del Estado a los abogados de Redrado y a los tres grupos de legisladores (de PRO y Coalición Cívica, UCR y PJ disidente) que impulsaron medidas cautelares, para que contesten con sus argumentos. Los plazos previstos dan algo de aire a la pulseada. Podrían ser entre tres y cinco días, aunque no se descarta que aceleren sus presentaciones. Sobre todo si tienen alguna esperanza de que las dos juezas que integrarán la Cámara del fuero Contencioso desde la semana próxima, Clara Do Pico y Marta Herrera, puedan fallar a su favor. Do Pico tiene una relación de amistad con Sarmiento. Herrera es una catamarqueña de pasado afín al radicalismo, proclive a conceder medidas cautelares.
Tal como estaba conformada esta semana, la Cámara quedó casi sin posibilidades de actuar. Desde un comienzo tanto los abogados de Redrado como los diputados de la oposición les apuntaron a dos de los jueces de turno, en los que temían una actuación favorable al Gobierno. Hasta que consiguieron que se apartaran. Primero Carlos Grecco se excusó por razones de decoro tras recibir una lluvia de críticas por haber aceptado la apelación del Estado durante el fin de semana. El miércoles, Pinedo recusó a José Luis López Castiñeira “sin causa”, una modalidad que obliga a todo magistrado a dar un paso al costado, y que las partes pueden usar una única vez en el proceso. Así, quedó solo Néstor Buján. Llamar a jueces de la Cámara Civil por dos días les pareció un despropósito.
La apelación de Pinedo fue un baldazo de agua fría para el dúo Buján-López Castiñeira. Los jueces se habían puesto de acuerdo en buscar una salida política y llegaron a tener casi terminada una resolución por la cual convocarían a una audiencia a los presidentes de las Cámaras legislativas, Julio Cobos y Eduardo Fellner. Incluso estaba prácticamente pactado el resultado de esa potencial reunión: de ella saldría una fecha concreta para convocar a sesionar al Congreso para revisar el DNU que destinó fondos al pago de la deuda.
El oficialismo, contó un funcionario cercano a la causa, estaba dispuesto a aceptar la deliberación parlamentaria si había una resolución de la Cámara que indicara que así debía ser o exhortara a que eso ocurriera. El tribunal haría modificaciones parciales a las medidas cautelares, aunque no suspendería por completo sus efectos. Igual, todo demoraría unos días, debido a que la jueza Sarmiento fue concediendo medidas cautelares.
El plan naufragó cuando López Castiñeira quedó fuera de juego. El PRO y la CC, evidentemente, no aceptaban el acuerdo político y prefirieron mantener la causa judicial al rojo vivo. Además, que el Congreso debata los DNU podría hacer que los legisladores pierdan legitimación para seguir litigando y no querían correr ese riesgo. Y temían que algunas disposiciones de los camaristas los debilitaran. Por ejemplo, al parecer los dos jueces mantenían serias dudas sobre la legalidad de la decisión de Sarmiento de convertir el expediente “Pinedo” en un juicio ordinario, pese a que en un comienzo consideró que revestía extrema urgencia.
Un alto funcionario de la Corte consultado por este diario advirtió: “Es muy extraña esa disposición de ‘ordinarizar’ el trámite del amparo; ni siquiera parece algo posible: un amparo tramita como tal o se rechaza, no veo otra posibilidad”.
La Cámara de feria integrada por López Castiñeira y Buján sí había quedado, en cambio, con posibilidad de fallar en el expediente de Redrado. Pero no lo hizo, aunque el Poder Ejecutivo, a través del procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino, pidió que el tribunal se “abocara” y resolviera de manera urgente, casi a modo de un per saltum.
El argumento que el tribunal esgrimió ayer al devolver todos los papeles a la jueza Sarmiento es que si no daban la posibilidad a todos los demandantes de replicar la apelación del Estado, estarían violando el derecho de defensa.
Los nuevos plazos comenzarían a correr recién hoy. Una vez que Redrado y los diputados hagan sus contestaciones, la Justicia debería expedirse con rapidez teniendo en cuenta que está habilitada la feria por la gravedad del tema. Como mucho, la ley les da cinco días en el caso del proceso sumarísimo, como el del titular del Central, y de diez días en el del Fondo del Bicentenario. Hay quienes ya hablan de que el desenlace judicial tal vez ni siquiera sea durante la feria, y pase para febrero.
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