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Por Salvador María Lozada *
Sorprende que la multitud de opiniones, reclamos, quejas y debates que ha suscitado la pretensión presidencial de crear un fondo con reservas del Banco Central para garantizar el pago de la deuda externa, en su enorme mayoría, sistemáticamente soslayan el asunto capital y decisivo, lo que realmente más importa: precisamente ese pago de la deuda, si corresponde hacerlo, si esa deuda es legítima, si pagarles a los presuntos acreedores es procedente; dicho de otro modo, la calidad jurídica de lo que se intenta hacer.
Lo grave, lo gravísimo, es que se pretende afectar reservas del Banco Central para asegurar el pago de una deuda que en su origen fue declarada parcialmente ilegal. Lo dispuso así la sentencia dictada el 13 de julio de 2000 por el juez en lo Criminal y Correccional Federal Jorge Ballesteros; también implica desconocer, además, que esa deuda, en alguno de sus segmentos más recientes, es materia de tres causas penales que tramitan en el Juzgado Federal Nº 2 interinamente a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, lo que determina que hasta tanto este magistrado no se expida sobre su legalidad, resulta imposible que el Poder Ejecutivo efectúe alguna renegociación de la misma o afecte fondos del Estado para su pago.
La cuestión fundamental radica entonces en que el destino que se quiere dar al dinero del Estado nacional es contrario al principio básico, esencial de todo ordenamiento jurídico: el principio de legalidad. Dicho de otro modo, se intenta pagar unas obligaciones inexigibles, cuyo núcleo originario ha sido declarado ilegítimo por esa sentencia firme en la célebre causa promovida por Alejandro Olmos.
Es por demás obvio que si bien el Poder Ejecutivo elabora la política económica, ello de ningún modo lo habilita para convalidar actos irregulares o sanear infracciones legales ni desconocer el orden jurídico que regula la legitimidad de sus decisiones.
La existencia de una investigación judicial sobre el endeudamiento externo no tiene nada que ver con cuestionar una política económica en particular, sino en el hecho de poder demostrar que la deuda se estructuró sobre la base del desconocimiento de normas constitucionales y preceptos legales, configurándose así un sistema que escapó al control de legalidad que deben tener los actos de gobierno. Eso no supone judicializar la política económica del gobierno, sino simplemente poner en evidencia la conformación de diversos actos ilícitos que partiendo de decisiones políticas, solamente pudieron concretarse desconociendo o burlando el sistema legal que nos rige.
No se trata de cuestiones subjetivas, o facciosas o partidistas. Simplemente se trata de la observancia de la ley y el respeto de la cosa juzgada, emergente de una sentencia firme como la emitida en su momento por el juez Ballesteros.
En este debate sobre el Fondo del Bicentenario, el asunto de la deuda externa y su judicialmente declarada ilegitimidad debe tener una excluyente centralidad, algo en que sólo parecen haber reparado los bloques que componen el Proyecto Sur. Como así también debe tener una significación prioritaria la auditoría que se impone lleve adelante el Congreso de la Nación. Sólo con el examen minucioso de cada una de estas presuntas obligaciones habrá seguridad y legítima exigibilidad de las acreencias que se le reclaman al gobierno nacional. Esta auditoría sí es, en efecto, una deuda pendiente del órgano legislativo.
La sentencia del juez Ballesteros fue girada al Congreso para que éste actuara en consecuencia respecto de los numerosos delitos y fraudes cometidos en la formación de la elefantiásica deuda externa que dejó la dictadura militar.
Las mayorías legislativas, con su robótica dependencia del Poder Ejecutivo, no han hecho otra cosa durante más de una década que ignorar esa sentencia y omitir dolosamente sus obligaciones. En ese lapso se han dado reciclajes, megacanjes, reestructuraciones, renovaciones de aquella deuda, todo lo cual siempre implica capitalización de los intereses supuestamente adeudados. Este procedimiento, también ilegítimo por claramente usurario, no ha hecho sino engrosar las cifras de las pretendidas acreencias.
En un país que está muy lejos de ocupar posiciones respetables en los rankings mundiales de transparencia y moralidad públicas, tal vez sea una ingenuidad muy grande preguntarse por los motivos en razón de los cuales hacen los gobiernos tanto y tan sostenido esfuerzo, para olvidar las importantes razones que tiene el país para oponerse al pago de esas deudas ilegítimas o muy dudosamente exigibles.
Quienes toman decisiones sobre la deuda externa parecen dominados por una irresistible y sospechosa Pasión Pagadora, que también en su momento convendrá investigar.
* Ex juez de la Nación, director (In Absentia) Instituto de la Deuda Externa, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Autor del fallo Swift-Deltec.
Por Sandra Russo
Como las cáscaras de una cebolla, una por una se fueron cayendo las máscaras desde que la Resolución 125 hizo chillar tractores y cacerolas. Esa lucha sí que fue una sola desde entonces, sostenida por otros intereses, mezclados, emparentados, amasijados, que se expresan en los medios monopólicos. ¿Será Cristina una presidenta que sale al cruce públicamente de un intento destituyente, será vista así? Todo indica que no. Que la derecha saldrá a decirle que exagera o es muy susceptible, y que buena parte de nuestra centroizquierda saldrá como hasta ahora, sin movimiento de mentón, a coincidir.
Ya uno no puede hacerse el que ve otra película. Estamos viendo la misma. Los que ven TN para “informarse” y los que ven TN para presenciar el gran espectáculo de la desinformación sistemática de un pueblo. El proceso se acelera y ya no se puede mirar para otro lado o instalar debates superpuestos que no rozan el debate urgente. Cierra el relato de la derecha: esto es un caos, los montoneros hacen trotscoleninismo, las señoras como Mirtha Legrand tienen miedo de hablar mal del Gobierno delante de mozos y mucamas, la institucionalidad corre tanto peligro que hay que romperla pronto, meterle un tajo como hicieron ya varias veces en democracia, abortar mandatos, sacárselos de encima. Lo que no cierra es el relato de un sector del centroizquierda según el cual el kirchnerismo simula ser progresista, cuando en realidad hay derecha afuera y adentro del kirchnerismo.
Ni “centroizquierda” designa a algo consustanciado y homogéneo, ni “progresismo” tampoco. Menos todavía, “derecha”. Que la hay dentro y fuera del kirchnerismo es cierto, pero no calibrar, no discernir, no dimensionar los biotipos de derecha y con esa retórica alejada de la verdad dar por respondidas todas las preguntas es por lo menos, a esta altura, estrábico. Yendo en camino de ser imperdonable. Los que probablemente no perdonen un retroceso como el que asoma sean los representados por esas corrientes políticas antikirchneristas que en carne propia volverán a experimentar los rigores monstruosos de la derecha con los más débiles. Tenemos a mano a Buenos Aires para saber qué hace la derecha cuando gobierna. Tenemos también el recuerdo del último gobierno radical.
Es hora de hablar y de pensar un poco más sensatamente. Si fuera posible, de deponer algunos egos en virtud del tamaño de lo que habría que defender. Salvo que se siga adherido a la idea de que cuanto peor, mejor, y en ese caso se esté dispuesto a que se pierdan nuevas generaciones de argentinos en las fauces del neoliberalismo que no cede en su pretensión hegemónica. Salvo que ninguno de los avances que, incluso traspasando las enormes contradicciones del poder, se han materializado en los últimos dos años, resulte de importancia. Salvo que la lucha sea más atractiva que la victoria.
¿Quién banca a la democracia? ¿A qué le llamamos democracia? ¿Qué forma y qué protagonistas tiene la democracia que en todo caso todos defendemos? ¿Nos fijaremos en los ejes comunes o elegiremos diferenciarnos para brillar en las ruinas? ¿Qué cálculos estratégicos hacemos? ¿Qué acumulación de fuerzas privilegiamos? ¿Hasta dónde dejamos avanzar este dislate? ¿Quiénes somos “nosotros”? ¿Qué conjuntos creamos para pechar la embestida? ¿Qué cosas nos importan realmente? ¿Qué motores políticos nos encienden? Y sobre todo, ¿contra quién, contra qué peleamos? De las respuestas a estas preguntas puede salir una resistencia con mayoría de edad, de gente grande, de pueblo grande. Si se miran las otras experiencias latinoamericanas exitosas, ninguna ha salido a flote sin un mínimo consenso interno de las fuerzas populares. El peronismo lo complica todo, ya lo sabemos. Pero estamos a años luz de que en este país se pueda producir un avance popular que lo excluya. Ya lo intentó la derecha, con la proscripción. El centroizquierda tiene que elaborarlo.
Aquel ánimo destituyente que denunció Carta Abierta hace ya mucho, y que fue desmentido puerilmente por periodistas que aunque cacareen progresismo tienen sus intereses personales atados a los grandes medios, nos sopla el oído.
Acá el problema son las mayorías, el problema es la ampliación de ciudadanía, el problema es que estamos en una región que de diversos modos mira este Bicentenario con ojos de un desafío que las clases dominantes no soportan. El problema es que las masas clientelares de siempre en todas partes encuentran grietas y ya no se trata de los desocupados de los ’90, sino de conciencias que piden su parte. Este Gobierno no satisface a muchos de esos sectores. Pero duele imaginar el destino de esos sectores, de los representados por esas dirigencias, si gana la restauración.
Tenemos un centroizquierda que no enfoca la trama que tiene delante de sus narices. Con la escena preparada para una destitución que, como en Honduras, busca su pata judicial, con un vicepresidente que opera como líder de una oposición inenarrablemente reaccionaria, con el vendaval de fondo de viejos servicios que vuelven a amenazar de muerte a militantes y periodistas no alineados en el discurso único mediático, por bandas de la noche que se sienten amparadas moralmente por las estrellas de la televisión, con la derecha pinochetista llegando a un Chile extraño y doloroso que despide a Michelle Bachelet con una extraordinaria imagen positiva, pero vota el regreso de la sombra, es por lo menos zozobrante ver a algunos dirigentes de centroizquierda hablar en TN como si TN fuera un vulgar canal de noticias.
Es tiempo de ajustar las lecturas, porque qué pasaría si la cosa fuera al revés, y si el llamado centroizquierda fuera el que simulara un progresismo que, por ejemplo, fue bien disimulado cuando le abrieron el camino a Elisa Carrió para presidir la comisión de Juicio Político. Una posición orgásmica para la infeliz pitonisa que, no obstante, será probablemente uno de los obstáculos entre Cobos y el poder adelantado.
Acá no pasa nada de lo que dicen que pasa y nada que justifique que las cosas se cuenten como se cuentan. Acá hay canales, radios y diarios que operan sin parar en la abyección más visible, y una democracia que corre peligro si algunos sectores clave se siguen haciendo los más puros y los más esclarecidos que ninguno. Es una cuestión de prioridades, que es una buena palabra en política. Una palabra que puede salvar los pasos adelante y dejar lo pendiente para el juego democrático, y cuya abstracción puede depararnos desastres que hoy no podemos evaluar.
Ya está claro que hay más que ánimo destituyente. Saltó por el lugar más obvio, el Banco Central. No hay nada de espontáneo en Redrado declarando “Yo soy un técnico, yo soy un técnico”, como si las aberraciones políticas de los técnicos no hubieran provocado tan luego ahora mismo la crisis económica mundial.
Ya está claro que se opera para limar, desgastar, perjudicar, desanimar, obstruir, aplastar un proceso político que se basa en la mayoría aplastante de las elecciones presidenciales de 2007. No respetar esa regla de juego, que es la principal, la línea rectora de la democracia, es asomarse al mundo sin reglas de los golpistas, de los genuflexos que sólo prosperan en escenarios circunstanciales, de los cómplices que esta vez no podrán decir que no sabían qué pasaba.
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