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El juez federal Ariel Lijo procesó sin prisión preventiva al radioaficionado Néstor González, identificado como el autor material de las amenazas a Cristina Kirchner mediante una interferencia a la radio del helicóptero que la llevaba de Olivos a la Casa Rosada. El hombre, un mecánico de aviones que arrastra sanciones por actividades similares, quedó comprometido por un análisis pericial que determinó que la voz que se escuchó decir “maten a esa yegua” era la suya, y por los equipos y grabaciones hallados en su casa. Todavía seguirá detenido porque se le abrió otra causa por tenencia de armas de guerra, un delito más grave, a raíz del hallazgo de una escopeta calibre 14 y un revólver 22 durante el allanamiento a su vivienda.
A González, de 62 años, se le imputó el delito de interferencia a los servicios de comunicaciones entre la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery y el helicóptero presidencial. Lijo había ordenado su detención tras recibir testimonios que lo señalaban como principal sospechoso y un informe preliminar de peritos que decía que su voz era coincidente con la que se oyó en la frecuencia de radio de la aeronave que trasladaba a la Presidenta el 11 de diciembre último, casi al mismo tiempo que comenzaba el juicio contra los represores de la ESMA. “¡Maten al pescado!”, fue otra de sus frases. “Mátenla”, redobló. Luego sonó “La avenida de las Camelias”, la marcha militar característica de los comunicados de la última dictadura.
La resolución del juez advierte que a González se le secuestró una antena especial para banda aeronáutica y, según precisaron allegados a la investigación, se estableció que sus equipos estaban preparados especialmente para escuchar las radios de Gendarmería, Seguridad Marítima, SAME, la frecuencia de la torre de control de Aeroparque, la del Sistema Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior y también la Custodia Presidencial (puntualmente, las comunicaciones con la Policía Federal y con la Casa Militar). Todavía no se estableció qué es puntualmente lo que escuchó. Pero, por ejemplo, en su celular se hallaron grabaciones de diálogos entre la torre del Aeroparque Metropolitano y una aeronave.
Entre las pruebas recolectadas, el fallo del juez Lijo señala: por sexo, edad y rasgos frecuenciales la voz de González sería la de las amenazas; un radioaficionado reconoció la voz registrada en las interferencias investigadas como la suya; tenía varias denuncias anteriores ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde se corroboró que reproducía canciones (entre ellas, la misma marcha militar) e interfería en diversas frecuencias de manera ilegítima y, el día anterior a las interferencias investigadas, la CNC lo sancionó y revocó su licencia de radioaficionado por infracciones previas. Además, destaca el magistrado, González insultó y amenazó de muerte al personal de la CNC que fue a verificar sus interferencias.
Por ahora, Lijo no determinó si actuó por sí o si trabajó para intereses de otros. Siempre estuvo la sospecha de que trabajaba o tenía alguna vinculación con militares o carapintadas. La fecha de la amenaza a la Presidenta, al iniciarse el juicio por los crímenes de la ESMA, fue tomada como todo un indicio. Todavía están bajo análisis sus llamados telefónicos y contactos, igual que sus grabaciones clandestinas. Lijo también estudia la conexión con otra denuncia que apunta a Héctor Alderete, responsable del portal Seprin, investigado por otras amenazas a funcionarios. González sigue detenido por tenencia de armas, una causa radicada en la Justicia ordinaria.
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