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La polémica situación que rodea al removido presidente del Banco Central, Martín Redrado, tiene ahora un nuevo ribete judicial. Se trata de un pedido del gobierno nacional para que se investigue si incurrió en el delito de “encubrimiento”, luego de que Redrado amenazara con revelar “las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares”. La presidenta Cristina Kirchner instruyó a la Secretaría Legal y Técnica para que realice una presentación en la Procuración General y se formalice así una investigación que determine si el BCRA “no denunció o no hizo los controles necesarios” sobre la supuesta compra de divisas. Fuentes de la Procuración confirmaron que recibieron ya la denuncia del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y que hoy por la mañana será trasladada a la Cámara para que se efectúe el sorteo al juzgado correspondiente.
“Si tenemos en cuenta que la autoridad en materia de regulación, de contralor y aplicación en materia penal cambiaria” es el Banco Central, “cuando se cometen delitos en el cambio de moneda es precisamente esa institución la que deberá dar explicaciones y qué pasó, por qué no denunció o no hizo los controles necesarios”, afirmó ayer la Presidenta al culminar una visita a un hospital de niños en La Matanza.
La amenaza de Redrado al oficialismo se había producido el domingo por la noche, después de que la Policía Federal le impidiera el ingreso a la entidad monetaria y le presentara una nota de su presidente interino, Miguel Pesce. En esa nota se interpretaba que el ex Golden Boy se encontraba fuera del banco y se adjuntaba una copia de la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del viernes. Ante esa situación, Redrado radicó una denuncia penal en la comisaría primera que recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide (ver aparte).
“Si hasta ahora me defendí, ahora paso al ataque”, le dijo entonces Redrado al diario Clarín y alertó sobre la existencia de una “lista específica de amigos del poder” que adquirieron dólares. “Me gustaría saber de qué poder habló –replicó irónicamente CFK–, porque puede ser del poder económico, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, así que habría que precisar de qué poder está hablando.”
El texto de la presentación de Zannini reproduce las declaraciones de Redrado y solicita que se investigue si se ocultaron hechos delictivos.
“Como se comprenderá –aclara la nota–, viniendo de quien vienen las afirmaciones relatadas no son inocentes y activan la necesidad promover la actuación de la Justicia en demanda de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, por lo que corresponde tome usted cartas en el asunto.”
El escrito señala, además, que “más allá de la evidente intención intimidatoria de las afirmaciones, no queda claro si el ex funcionario conoció o participó de la comisión de delitos cambiarios que estaba obligado a evitar, prevenir, fiscalizar o denunciar”. “En cualquiera de los casos –concluye– se impone la actuación del Ministerio Público.”
En concreto, la sola compra de divisas norteamericanas no constituye un delito a menos que supere el máximo de dos millones mensuales establecido por ley. Redrado tendrá que explicar qué tuvieron de especial esas operaciones –en caso de haber existido– para amenazar con hacerlas públicas.
Ayer por la mañana, la Presidenta se juntó en Olivos con el jefe de Gabinete, con quien conversaron sobre los dichos del removido funcionario y sobre la reunión de la comisión especial que se producirá hoy y que deberá aconsejar al Ejecutivo sobre la remoción del presidente del Banco Central. En ese momento, Aníbal Fernández anticipó lo que finalmente confirmó Cristina por la tarde: si no se concretaba la amenaza en la Justicia lo iban a denunciar a él por “encubridor” y por incumplir los deberes de funcionario público. “¿Cómo garantizamos y nos quedamos tranquilos de las barbaridades que él está denunciando? Que se haga la denuncia, que se investigue y que luego se sancione a los responsables”, aseguró Fernández. El procurador general, Esteban Righi, siguió de cerca el tema a pesar de encontrarse de licencia fuera del país. Sin embargo, en este caso la función del Ministerio Público fue simplemente trasladar la denuncia a la Cámara para que hoy mismo se efectúe el sorteo y a su vez el juez de turno le dé curso a su fiscalía. De lograrse avances en este proceso judicial, fuentes del Senado no descartaban que el oficialismo lo utilice como argumento a favor de la remoción de Redrado en la comisión especial que deberá emitir un consejo no vinculante al Ejecutivo (ver aparte).
Los titulares de las bancadas kirchneristas en Diputados, Agustín Rossi, y en Senadores, Miguel Angel Pichetto, mantuvieron junto al diputado Gustavo Marconato, el senador Eric Calcagno y Zannini un encuentro ayer en Casa de Gobierno, en la que analizaron la situación. “Si él tenía esa información y esa información le generaba dudas o estaba convencido de que se estaba cometiendo un hecho ilícito, tendría que haber ido a la Justicia. Si no, lo van a acusar por encubridor”, insistió Rossi.
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