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Antes de que hoy se reúna por primera vez la comisión especial parlamentaria que debe emitir un consejo no vinculante sobre la suerte de Martín Redrado al frente del Banco Central, ya tiene sobre la mesa una serie de pedidos y reclamos. La propia presidenta Cristina Kirchner reclamó públicamente “un trámite breve y rápido”, igual que los jefes de los bloques K en el Congreso, Miguel Pichetto y Agustín Rossi. Cerca de Julio Cobos, que presidirá la comisión, afirmaron que el vicepresidente “no dilatará” la decisión pero que “quiere escuchar a todos” los involucrados. En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gray, tiene elaborada una larga lista de invitados a testimoniar ante la comisión, que incluiría al ministro de Economía Amado Boudou. Margarita Stolbizer, en tanto, le pidió a Cobos que “amplíe” la investigación sobre la conducta de Redrado como presidente del Central.
El encuentro de la comisión especial, hoy a las 10, en el salón Gris del Senado, “será constitutivo”, aunque la propia Carta Orgánica del Banco Central afirma que la comisión estará presidida por el titular de la Cámara alta: Julio Cobos. Allí, Cobos junto al oficialista Gustavo Marconato y el cívico Prat Gay –los otros dos integrantes designados de la comisión– definirán a puertas cerradas su funcionamiento y elaborarán la agenda de trabajo, que de todos modos quedaría abierta –según colaboradores de Cobos– a los avatares de su propia labor.
Desde el Gobierno no quieren que la decisión de la comisión se dilate y salieron a proclamarlo. “El tema amerita que el trámite sea lo más rápido y breve posible porque tenemos que ponerle un cierre institucional a la cuestión de una vez por todas”, expresó la Presidenta sobre el consejo que debe emitir la Comisión Bicameral, durante la visita que ayer por la tarde realizó al hospital de niños de La Matanza.
Antes, las principales espadas parlamentarias del kirchnerismo se habían pronunciado en el mismo sentido. “La voluntad política del oficialismo es que el trámite sea en el menor tiempo posible. No se trata de un juicio (a Redrado), sino que la comisión deberá evaluar los antecedentes y emitir una opinión de tipo político”, sostuvo el diputado Agustín Rossi. “Para dar previsibilidad respecto de la Argentina, es necesario que la comisión que debe aconsejar sobre la salida del ex presidente del Banco Central tome una resolución durante esta misma semana”, sumó el senador Pichetto, poniéndole límites a la decisión legislativa, que no es vinculante.
Por su parte, Cobos mantuvo ayer varios encuentros en el Senado para evaluar la situación. Primero, se reunió con el secretario y el prosecretario parlamentario del Senado, Juan Estrada y Juan José Canals, respectivamente, con quienes analizó los pasos reglamentarios que debe dar la comisión especial. Más tarde, el encuentro mezcló aspectos técnicos y políticos: convocó al ex secretario legal y técnico durante su gobernación mendocina, Jorge Albarracín, y su principal colaboradora legislativa y ex ministra de Economía de su gestión provincial, la senadora Laura Montero. Varios de sus más estrechos colaboradores afirmaron que Cobos “no quiere estirar el plazo” de funcionamiento de la comisión, “ni adoptar una resolución prematura”. “Quiere escuchar a todos”, coincidieron ante la consulta de Página/12. “El consejo que debe tomar la comisión, aunque no es vinculante, tiene que estar fundamentado”, insistieron ante este diario en una referencia crítica al DNU 18 que decretó la remoción de Redrado. Aunque tampoco descartaban que el Gobierno aporte a la comisión los fundamentos con que el procurador general, Esteban Righi, les pedirá a los fiscales que inicien otra denuncia contra Redrado (ver aparte).
En tanto, Prat Gay volvió a insistir ayer en que la comisión debe tomarse “el tiempo que sea necesario” y que “no tiene plazos para expedirse”. El diputado de la CC y también ex presidente del Central pulía anoche una larga lista de funcionarios y especialistas, que presentará hoy ante Cobos y Marconato. Allí también estaría incluido el ministro Boudou.
Pero no son pocos los legisladores opositores que ayer consideraban a Redrado como “un cadáver insepulto al que sólo le falta la partida de defunción”. Stolbizer aportó lo suyo: “La situación de Redrado es insostenible pero no por haber desobedecido a la Presidenta, ya que tenía prohibido por ley recibir órdenes del Poder Ejecutivo. Su conducta debe ser investigada y valorada por los perjuicios que ha causado a la nación y no al Ejecutivo”, sostuvo la dirigente del GEN. También pidió a Cobos que investigue si Redrado “gastó discrecionalmente dineros públicos”, si “la Fundación Capital recibió aportes de bancos privados, a los que debió controlar”, y “si favoreció a terceros con información reservada en la compra de bonos y títulos públicos”.
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