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El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ofreció cien mil pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan localizar a un ex comisario de la Policía Federal acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Se trata de José Darío Mazzaferri, sobre quien pesa desde mayo del año pasado una orden de captura internacional dictada por el Juzgado Federal 1 de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Mazzaferri se desempeñó hasta mediados de 2007 al frente de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal, fue desplazado del cargo a pedido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos y está acusado de secuestrar y torturar a estudiantes secundarios y dirigentes políticos en 1976.
La causa en la que está imputado Mazzaferri se inició en 2006 a partir de la denuncia presentada por César Román, un profesor de historia radicado en Mar del Plata, quien sindicó al policía como miembro del grupo de tareas que lo secuestró el 16 de julio de 1976 en la puerta de su casa, en Concepción del Uruguay, y lo trasladó a la sede local de la Policía Federal, donde fue sometido a torturas. “El oficial Masaferro (sic) tomó un artefacto parecido a un soldador eléctrico pero más chico, supongo que era una picana, y la aplicó sobre el cuerpo de aquella persona, que se arqueó sobre sí mismo y gritó de dolor”, declaró Román en 2006 ante el juez Guillermo Quadrini. “Después, apuntándome con aquel artefacto, me dijo ‘empezá a cantar, pendejo de mierda, o después sigo con vos’. Las dos personas que estaban allí me volvieron a encapuchar y volvimos por las escaleras, donde tuve tremendas sensaciones de vómitos y mareos”, recordó.
En la causa a cargo de la jueza Beatriz Aranguren, que reemplazó a Quadrini, también figuran como víctimas el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta; el ex concejal Juan Carlos Rodríguez y el empleado municipal Carlos Martínez Paiva, la persona a quien Román vio en la mesa de torturas. Ya están procesados el general Albano Harguindeguy, el coronel Juan Valentino, los comisarios Francisco Crecenso y Juan Carlos Mondragón y el suboficial Julio César Rodríguez.
A través de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, que depende del ministerio a cargo de Julio Alak, se firmó la Resolución 1532 que dispone el pago de cien mil pesos a “aquellas personas que brinden datos útiles que resulten determinantes para la detención de José Darío Mazzaferri”. El Ministerio precisó que “la identidad de la persona que suministre datos será mantenida en secreto” e informó que quienes puedan aportar datos para dar con el paradero del prófugo deben comunicarse al 5300 4020 o bien a [email protected]
El Ministerio de Justicia informó que hasta ahora doce presuntos represores fueron capturados gracias a la intervención de la Unidad Especial y enumeró: Claudio Pittana, Felipe Romeo, Pedro Godoy, Juan Máximo Copteleza, Jorge Granada, Julián Corres, Norberto Tozzo, Jorge Olivera, Jesús Herminio Antón, Guillermo Madueño, Jorge Díaz Smith y Carlos Somoza. El ofrecimiento de recompensas abarca actualmente a 18 acusados prófugos por delitos cometidos durante la dictadura: Fernando Delgado, Néstor Cendón, Jorge Vildoza, Héctor Di Pasquale, Aldo Mario Alvarez, Pedro Salvia, Gonzalo Sánchez, Roberto González, Eduardo Angel Cruz, Juan Carlos Linarez, Jorge Vidal, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Héctor Schwab, Francisco Di Paola, Luis Baraldini, Héctor Mendoza, Ricardo Joaquín Molina y Alejandro Lawless.
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