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A casi un año de que Mauricio Macri informara con orgullo sobre la inscripción de 6218 aspirantes a la Policía Metropolitana, Página/12 obtuvo precisiones sobre el personal militar que ingresó en los últimos meses. Son listados de uniformados que pidieron la certificación de servicios en el Ejército y la Armada para anotarse en la fuerza que conduce Eugenio Burzaco, el civil que reemplazó al procesado y detenido Jorge “El Fino” Palacios. La Aeronáutica es la única que no recibió solicitudes semejantes con el mismo objetivo, aunque admitió que quienes obtuvieron la baja hace más tiempo pueden aspirar a un puesto. Con todo, la información que involucra a una veintena de ex oficiales y suboficiales, entre ellos algunos que revistaron en los servicios de Inteligencia, es más simbólica que representativa del número de militares que se enrolaron en la Metropolitana. Según dos fuentes consultadas, “son muchos más” los que abandonaron cuarteles o buques.
Los últimos ingresantes se registraron el 11 de noviembre pasado, seis días antes de que el juez Norberto Oyarbide dispusiera la detención del comisario retirado Palacios. El 9 de febrero de 2009, el jefe de Gobierno porteño había anunciado que la Metropolitana tendría “otro nivel” basado en un criterio de selección “muy riguroso”. Esas coordenadas parecen coherentes con sus últimas opiniones acerca de que “el personal militar no está capacitado para brindar seguridad en la Ciudad, pero sí para darle seguridad al país”. Así intentó diferenciarse de las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, proclive a militarizar la sociedad y reeducar jóvenes en los cuarteles. Aunque Macri pareció perder de vista un detalle.
La condición castrense se pierde con la baja de las Fuerzas Armadas, pero perdura la formación que recibieron sus efectivos y más cuando rondan los cuarenta años y pasaron la mitad de su vida bajo bandera. Una formación que no se compadece con labrar contravenciones o infracciones de tránsito. Según la Marina, en los últimos meses de 2009 se alejaron para alistarse en la Metropolitana once efectivos, entre oficiales y suboficiales. En el Boletín Oficial porteño, que publica las resoluciones del Ministerio de Justicia y Seguridad con las nóminas del nuevo personal policial, se confirman al menos ocho: Miguel Antonio Celentano, Orlando Fabián Barrera, Héctor Fernando Basconcelo, Diego Martín Molina, Juan Alejandro Urzagasti, Miguel Fernando Pantoja, Antonia Beatriz Cabrera y Miguel Angel Humana. Todavía no aparecen Mariano Gallo, Walter Enrique Pisacco y Luis Javier Mendicino. Entre ellos hay un teniente de fragata, infantes de Marina, especialistas en Informática y personal de Inteligencia.
El ministro Guillermo Montenegro es un hombre muy cercano a la Armada. Su padre y homónimo llegó a capitán de navío, es director de maestrías del Instituto Universitario Naval (IUN) e integrante del Comité de Referato de la revista donde publica investigaciones el IUN. Mientras estudiaba en el Liceo Naval y jugaba al rugby, el ex juez federal que llegó al gabinete de Macri de la mano de Gabriela Michetti, obtuvo cierto predicamento en ese ambiente donde se formó. Por eso, suscribió sin titubeos cada resolución con la incorporación de marinos a la Metropolitana. Incluso, las de varios integrantes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) que se habían incorporado antes, ya retirados, y a quienes en el entorno de Burzaco les atribuyen una operación de infiltración en la fuerza.
La cantidad de certificaciones de servicios solicitadas al Ejército para ingresar en la Policía es semejante a la que recibió la Marina. La nómina redactada el 21 de diciembre menciona a diez efectivos sin distinción de rango: Pablo Emilio Pájaro, Alfredo Javier López, Néstor Fabián Farías, Diana María Jimena Ormazábal, Renato Fermín Machuca, Darío Sebastián Flores, Elías Daniel Martínez Coronel, Mario Gastón Ledesma Nicolini y Ramón Nicolás Escalante. Su promedio de edad es menor al de los marinos –no llega a los 30 años– y muchos provienen del interior. Recibieron el mismo rango en la mayoría de los casos: oficial mayor.
A todos ellos los favoreció el decreto 210 que Macri firmó el año pasado y que en su cláusula transitoria tercera, volvió inocuos los efectos de la Ley 24.079 de Seguridad Interior de la Nación. El jefe de Gobierno consiguió así que no les sea “computada incompatibilidad alguna derivada de la posesión de estado policial o militar vigente en su fuerza de origen”. En la misma cláusula se aclara que “ante una eventual convocatoria obligatoria de su fuerza de origen, el interesado deberá acreditar su solicitud de baja en dicha fuerza para continuar en la Policía Metropolitana. Quienes así no lo hicieren, serán dados de baja en forma automática”.
La Metropolitana logró cautivar a 6218 aspirantes a comienzos de 2009 (3824 hombres y 2394 mujeres), una cantidad muy semejante a la que el gobierno porteño piensa poner en las calles en tres años: 6470 efectivos, aunque con una brecha más grande entre hombres y mujeres: 4850 y 1620, según datos aportados en su momento por el Ministerio que capitanea Montenegro. Cuando se proyecta el origen de quienes nutrirán a la Policía local en el Plan Trienal 2009/2011, se ve que un 75 por ciento provendrán de otros distritos y de las Fuerzas Armadas y apenas el 25 por ciento restante serán formados en las academias de la ciudad.
La mayoría de los que ya conforman el personal de la Metropolitana pasó por la Policía Federal, con su secuela de comisarios aficionados al espionaje. Hasta el propio Burzaco se desembarazó del superintendente de Seguridad Urbana, Miguel Eduardo López, un hombre del Fino que tiene una empresa de servicios de seguridad, Nexus SRL, y era comisionado general. Ahora parece haber llegado el turno de militares expertos en distintas tareas, aunque en ciertos casos con una faceta que inquieta: haber sido servicios de Inteligencia, la especialización que, con Ciro James, se notó en la ciudad.
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