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A pesar de la ansiedad de algunos legisladores, el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales recién definió ayer una agenda de trabajo para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura, que comenzaría el martes 9 de marzo y que consistiría en tres reuniones, de las que participarán asociaciones de magistrados, decanos de universidades, colegios de abogados y asociaciones civiles. El kirchnerismo reclamó que se sume al debate la Comisión de Peticiones, ya que por error la oposición incluyó en el orden del día cinco proyectos de reforma, de los cuales dos fueron girados a esa comisión. Preocupados por no dilatar más la cuestión, los legisladores opositores rechazaron el planteo y el radical Ricardo Gil Lavedra presidente de Justicia le dijo a Página/12 que sólo van a analizar el tema. Para subsanar ese error y cerrarle la puerta al kirchnerismo, la oposición intenta bajar esos dos proyectos.
El tema de la tercera comisión se convirtió en uno de los ejes de la reunión, ya que el presidente de Peticiones, Poderes y Reglamento es el kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse. Por eso, el Frente para la Victoria en pleno salió a bancar la movida. Carlos Kunkel y Diana Conti fueron los más enfáticos defensores de la posición oficialista, a la que se sumaron Jorge Landau, Luis Cigogna y Patricia Fadel, entre otros.
La presidenta de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, advirtió sobre una intención de dilatar la tarea legislativa y consideró que “no se entiende” el motivo por el cual esos dos proyectos de reforma fueron girados a Peticiones. “Nuestra intención es avanzar, así que vamos a trabajar con esos proyectos a la vista”, dijo Camaño, descartando la incorporación de Peticiones y aclarando que esas iniciativas serán estudiadas por el plenario de Justicia y Asuntos Constitucionales. “No se entiende cuál es el sentido de que Peticiones trate estos proyectos, ya que no tiene incumbencia concreta”, insistió la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, flanqueada por Horacio Piemonte y Adrían Pérez.
Para zanjar la cuestión, Margarita Stolbizer propuso que dada la importancia del tema sean invitados a participar de las reuniones todos los diputados de la Cámara, aunque sin incorporar formalmente la tercera comisión. Desde el FpV estuvieron de acuerdo con la iniciativa, pero Kunkel señaló que de esa manera Vargas Aignasse no podría participar de las decisiones de los otros dos presidentes. “No es para obstruir, sino para aportar”, aclaró. En realidad, como esos dos proyectos de reforma en cuestión pertenecen a la legisladora de PRO Paula Bertol y a la cobista Laura Montero (actualmente senadora) y el peronista Enrique Thomas no debería haber inconvenientes para bajarlos.
“Uno puede comprarse la tapa de los diarios y creerse que el oficialismo tiene poder de veto, pero hay que ver la realidad de las votaciones del Consejo de la Magistratura. No seamos necios y ciegos, no convirtamos esto en el circo de las comisiones”, arremetió Conti. Por ese motivo se solicitó que se envíen a la comisión las estadísticas de las votaciones del Consejo. “Podemos estudiar el accionar del Consejo para ver si hubo veto, pero lo que debemos ver es si el diseño institucional permite que eso suceda”, le respondió Ricardo Alfonsín.
Según diagramaron Gil Lavedra y Camaño, en la reunión del 9 de marzo estarán la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes, el Consejo de Decanos de Universidades Públicas y de Rectores de Universidades Privadas. El 16 fue agendado para las organizaciones de la sociedad civil como la ADC, el Cels, Poder Ciudadano, Inecip, entre otras. Por último, el Colegio Público de Abogados de la CABA y la Asociación de Abogados serán citados el 23.
El oficialismo pidió agregar un miembro de la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal del país emita su opinión, y un representante del Ejecutivo. Además, solicitó la consulta a los legisladores que forman parte del actual Consejo de la Magistratura y de los ex miembros.
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