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En una decisión que podría reabrir la controversia por el juzgamiento de los delitos cometidos por organizaciones armadas y su eventual aprovechamiento por quienes aún enarbolan la llamada “teoría de los dos demonios”, la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó que se investigue el asesinato del capitán del Ejército Miguel Angel Paiva. Los camaristas hicieron lugar al pedido de su hija para que la causa sea desarchivada. El hecho ocurrió en octubre de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, y habría sido cometido por integrantes de la guerrilla del ERP.
La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah y ordena que el hecho, ocurrido hace 36 años, se investigue a partir de nuevas pruebas documentales. A pesar del tiempo transcurrido, el tribunal no aplicó la prescripción de la acción penal dado que “no es un principio abstracto, sino que se aplica a imputados” y en este caso “nadie lo planteó”. La causa había sido sobreseída provisionalmente, lo que equivale al actual archivo, el 5 de febrero de 1975, luego de que la instrucción policial determinara que “las diligencias practicadas no habían permitido individualizar a los autores del homicidio”.
La reapertura de la investigación fue pedida en 2008 ante el juez Marcelo Martínez de Georgi por Fabiana Raquel Paiva, que invocó su “derecho a la verdad”. La mujer aportó recortes periodísticos con el resultado de esa investigación, en los que el entonces jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, mencionaba el nombre de tres presuntos autores, guerrilleros del PRT-ERP. Los camaristas admitieron lo “prematuro” del sobreseimiento provisional dictado dado que en la investigación aludía a dos atacantes, de apellido Favario y Molina, “cuando los señalados fueron tres”. Eduardo Favario fue un miembro del ERP que también apareció mencionado como responsable de otros ataques de la organización guerrillera y murió en 1975 en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Molina sería Jorge Molina, uno de los cofundadores del ERP, junto con Mario Santucho, Benito Urteaga y Enrique Gorriarán Merlo.
Según crónicas de la época, el 2 de octubre de 1974, poco después de las 7, Paiva salió de su casa de Córdoba al 4600 y fue hasta una parada de colectivos para dirigirse a la Escuela Superior de Guerra, donde estaba haciendo un curso. Vestido de civil, fue acribillado de una docena de balazos por tres personas que portaban ametralladoras y un revólver.
La decisión de la Cámara vuelve a poner en discusión los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros armados, que tras la anulación de las leyes de impunidad no volvieron a ser investigados porque sus acciones no fueron consideradas crímenes de lesa humanidad, a diferencia de los perpetrados por las fuerzas de seguridad, es decir, por el aparato represivo del Estado. Solamente en octubre de 2007 el fiscal de Rosario Claudio Palacín dictaminó que el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, cometido por miembros del ERP, era de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.
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