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Jorge Lemus sigue ganándose pedidos de juicio político. Por segunda vez, un magistrado solicitó a la Legislatura que se destituya por mal desempeño al ministro de Salud porteño. En este caso, fue la jueza Elena Liberatori la que consideró que el funcionario debe ser removido por incumplir una sentencia firme que lo obliga a realizar refacciones en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García, así como a contratar al personal necesario.
El primer juez que le pidió juicio político a Lemus fue Roberto Andrés Gallardo que, además, le bloqueó todas las cuentas bancarias y envió la causa al fuero penal para que se le inicie un proceso por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Gallardo envió el pedido de juicio político porque el ministro incumplió un fallo que le ordenaba enviar una ambulancia a la villa 21-24 para prestar asistencia médica. Liberatori hizo lo propio por el incumplimiento de una sentencia que lo intimaba a terminar las obras necesarias para el Tobar García y contratar a unos ochenta empleados que faltan, entre médicos, terapistas, administrativos, enfermeros y profesores de educación física. En una de las reiteradas audiencias judiciales, el director del hospital psiquiátrico, Roberto Yunes, advirtió que “la falta de personal comprometía el servicio de salud”.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de Liberatori e hizo responsable al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por la situación de los niños. La jueza Liberatori lo citó a una audiencia en el Tobar García, pero el líder de PRO no concurrió, por lo que tuvo que pagar una multa. Sin embargo, las obras no se hicieron.
La semana pasada, Lemus tuvo que dar explicaciones por estos incumplimientos ante la Legislatura. Allí aseguró, entre silbidos, que estaban haciendo refacciones a la primera etapa de las obras (los lugares de internación), pero que se descartaba seguir con la segunda (cocina y lavadero) y la tercera (consultorios externos). El ministro aclaró que no iban a construir el lavadero porque el lavado se iba a tercerizar. El ministerio ya cuenta con una causa penal por una licitación de lavado de ropa de cama de los hospitales, en la que se sospecha que las tres empresas ganadoras pertenecían a la misma familia o se cartelizaron.
–¿Usted considera que está cumpliendo con el fallo judicial? –le preguntó la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre.
–Nosotros le informamos al juez lo que vamos a hacer y, si tiene una diferencia de opinión, siempre lo hace saber –respondió Lemus.
El viernes pasado, sus funcionarios debieron presentarse ante la jueza Liberatori para explicar los incumplimientos. Sostuvieron que el lavadero no se iba a hacer porque “para eso está el Laverrap”, y que no había dinero para hacer las contrataciones de empleados, aunque el hospital carece hasta de telefonista. El asesor tutelar Gustavo Moreno pidió sanciones pecuniarias para los responsables. “Los incumplimientos judiciales desde el Ministerio de Salud son de todos los días: falta una terapia intensiva pediátrica en el hospital de quemados, la situación del Moyano y el Borda es grave. No se pueden estar iniciando juicios para que después el ministro ordene la desobediencia judicial”, consideró Moreno ante Página/12.
Liberatori resolvió, en cambio, enviar el expediente a la Legislatura, con la recomendación de que “proceda a la destitución” de Lemus, dado que el funcionario “incurrió en la causa de mal desempeño en relación a las obligaciones a su cargo”. Es la segunda vez en la historia de la Justicia porteña que un magistrado le pide juicio político a un ministro (la primera fue la sentencia de Gallardo).
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