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En la residencia de Olivos, con una ronda de café y una hora diez de charla, Cristina Kirchner y José “Pepe” Mujica mantuvieron el primer encuentro tras el fallo de la Corte de La Haya. Los presidentes acordaron dar mandato a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por argentinos y uruguayos, para que vigile a Botnia. Advirtieron que el control de la pastera, así como la recomposición de las relaciones bilaterales, “será un proceso” que “llevará su tiempo”. Y convinieron volver a encontrarse en la quinta de Anchorena entre mayo y junio.
Como era de prever, y contra todo lo publicado en los últimos días, ni la Presidenta ni Mujica quisieron poner en el centro de la escena la discusión sobre el corte de ruta de Gualeguaychú. En el encuentro que tuvieron con la prensa en Olivos, al término de la reunión, ninguno de los mandatarios habló del bloqueo. Tampoco permitieron preguntas, por lo que el corte quedó obligadamente en un segundo plano. En el escenario de la residencia de Olivos, las declaraciones públicas remarcaron un solo punto: el Uruguay y la Argentina acatarán el fallo de La Haya. “Queremos reencauzar nuestras relaciones, y hacerlo en el marco del Tratado del Río Uruguay, porque habernos apartado del Tratado fue lo que motivó el conflicto”, fue una de las definiciones con que la Presidenta puso la culpa en cancha uruguaya. Mujica fue muy cuidadoso en no generar un mal clima: “Vamos a respetar las reglas porque es lo que más les conviene a nuestras sociedades”, dijo.
El presidente uruguayo había llegado a la residencia presidencial poco antes de las 16, acompañado por su canciller, Luis Almagro, y por Guillermo Pomi, designado embajador uruguayo en Buenos Aires. En Olivos, Cristina lo esperó junto al canciller Jorge Taiana y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Recién al regresar al Uruguay, donde el reclamo contra el corte es una pasión nacional, el canciller Luis Almagro se permitió hablar del tema. “Estuvo en la agenda –reveló–, pero lo que decimos es que Uruguay no le va a pedir a la Argentina lo que Argentina no está en condiciones de cumplir” (ver recuadro).
La Comisión Administradora del Río Uruguay que ahora van a relanzar los dos gobiernos, cumpliendo con la indicación de la Corte de La Haya, está parapléjica desde hace años. La CARU depende de las cancillerías. Fue creada por el Tratado del Río Uruguay, de 1975, y es el ente que debió discutir el proyecto de Botnia antes de su construcción. Como se recordará, en el origen del conflicto, los integrantes argentinos de la CARU denunciaron que los uruguayos se negaban a dar información sobre las características técnicas de Ence (luego relocalizada) y Botnia. A partir de entonces, la situación sólo fue empeorando, es decir que la CARU no pudo dedicarse a hacer lo suyo. Desde hace por lo menos seis años está inactiva.
Ayer, los presidentes hablaron de un compromiso para devolverle al organismo sus atribuciones y un poder real, para que se ocupe de controlar el impacto ambiental, lo que incluye dotarlo de recursos técnicos y económicos.
La vigilancia ambiental es ahora el tema clave y, como tal, su implementación concreta será motivo de una delicada negociación entre los dos gobiernos. Cuando La Haya rechazó el pedido argentino de relocalizar la papelera, aun reconociendo que el Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, la Corte dejó abierta sólo una posibilidad para volver a discutir, en un futuro eventual, el traslado la pastera: que se pruebe que contamina. Desde el punto de vista judicial, la Argentina no podrá usar como argumento que Botnia estuvo mal habilitada, ni que perjudica a la actividad turística; el único argumento valedero será probar que Botnia contamina. La vigilancia ambiental tiene así ahora todo el peso del conflicto, con un agregado más, y es que en las audiencias de La Haya la Argentina denunció que Botnia contamina. El tribunal consideró que eso no fue probado. Como las muestras se tomaron en la costa de Gualeguaychú y no en el lugar donde Botnia tira sus efluentes, en el equipo científico que relevó la zona y en la asamblea de Gualeguaychú hay expectativas de que, si se accede a tomar las muestras directamente, tarde o temprano la contaminación se podrá probar.
Ayer, el anuncio del control conjunto estuvo a cargo de la Presidenta. Cristina dijo que se realizará siguiendo “los estándares de la CARU en materia de contaminación” y cuando no la CARU no los tenga, “los estándares internacionales”. Así, no avanzó por el momento en la propuesta que trajo Mujica de redactar un “estatuto ambiental”. El presidente uruguayo, a su vez, consideró que “lo único que puede darnos garantías es la racionalidad científica” de los controles. “Los desafíos industriales van a ir in crescendo, porque el homo sapiens ha decidido consumir, consumir, consumir y seguir consumiendo”, apuntó. “Tener elementos para cumplir con la vigilancia es parte de un problema contemporáneo y creciente que van a tener todas las sociedades y todos los ríos de la tierra”, añadió.
Junto con el anuncio sobre la CARU, todos los gestos del día estuvieron dirigidos a remarcar la voluntad política de recuperar la relación entre los dos países. La Presidenta señaló que la Argentina y el Uruguay deben “reencauzar las relaciones, y hacerlo en el marco del Tratado del Río Uruguay, porque habernos apartado del Tratado fue lo que motivó el conflicto”. Por su parte, Mujica anticipó que el camino no será fácil. “Los presidentes no son magos; ni la Presidenta ni yo somos Mandrake: necesitamos apostar a un proceso de etapas sucesivas para recuperar la confianza”, consideró, para agregar: “Vamos a respetar las reglas porque es lo que les conviene a nuestras sociedades”.
La idea de los presidentes es no dejar pasar más de uno o dos meses antes de volver a verse cara a cara. Mujica y Cristina quieren que ese encuentro sea una “reunión binacional de gabinete”, detallaron voceros del Gobierno. Si lo concretan, en la próxima reunión se reimpulsará no sólo la cuestión de Botnia sino toda la agenda pendiente entre los dos países.
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