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Tras su fallido intento de visitar la Legislatura motu proprio, la oposición porteña avanzará con la citación al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. En ese punto, los distintos bloques tienen un acuerdo a prueba de grietas. En cuanto al destino de Mauricio Macri, un sector de la oposición plantea avanzar en la creación de una comisión investigadora sobre el caso de espionaje ilegal. Otros interpretan que habrá que esperar a un eventual procesamiento del jefe de Gobierno. Para ese momento, hay reservados reclamos de que se tome licencia y una eventual interpelación al jefe de Gobierno, que abre el camino al juicio político.
Desde el bloque PRO, en tanto, preparan el contrataque. Intentarán resistir la iniciativa con su bloque de 26 bancas, a los que Macri y su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, monitorearon personalmente durante el intento de visita de Montenegro la semana pasada. Algunas de las estrategias macristas ante el avance de la causa serán:
- En plan de cambiar el eje, volverán a la carga en una sesión especial el 28 de mayo con el endurecimiento del Código Contravencional, que incluye la prohibición de cuidacoches, limpiavidrios y encapuchados en las marchas, al que le sumaron una nueva idea de prohibir que haya dos personas en una misma moto en el microcentro y la legalización del uso de las pistolas eléctricas Taser. Curiosamente, cuanto más avanza la causa judicial, más restrictiva se vuelve la reforma. En la misma proporción, se reduce cualquier esperanza de un acuerdo con otros bloques.
- Buscarán desacreditar la pesquisa del juez Norberto Oyarbide, en la línea que planteó el jefe de Gobierno, que anunció que hará su propia investigación. No se refería a los sumarios administrativos, que –según informó Montenegro a los opositores– nunca se iniciaron, sino a un operativo mediático sobre los datos del expediente. Por ejemplo, buscarán otros cruces de llamadas de James para armar una lista de autoridades de la Policía Federal con la que haya tenido contacto frecuente.
- Incluso hay quien analiza en el PRO volver a la carga con las olvidadas denuncias de escuchas durante el juicio político por el incendio de Cromañón. Los macristas que hicieron la denuncia en el momento, entre ellos Gabriela Michetti, se volverían a presentar ante el juez Ariel Lijo para exigirle que reactive la investigación. Aunque no parecería haber muchos elementos, bien les puede valer un titular en los diarios.
En tanto, la oposición porteña elabora su propia agenda, para la que seguramente tendrán mañana varias reuniones. Hay consenso mayoritario en avanzar con la citación a Montenegro, que sería votada el 18 de mayo. Con la visita inesperada del ministro el jueves pasado el PRO intentó romper la unidad entre los distintos espacios y operó especialmente sobre la Coalición Cívica y los monobloques. Su estrategia falló: los opositores no bajaron al recinto y leyeron una declaración en la que señalaron que la “crisis institucional” en la ciudad excede el caso de espionaje.
En esa línea irán las preguntas que deberá responder Montenegro: no se reducen únicamente a los interrogantes de la causa de espionaje, sino a otros escándalos de la Metropolitana, como la purga que debieron efectuar a menos de un mes de que saliera a la calle. Si el ida y vuelta entre el ministro y los opositores tiene las características de la última vez, cuando la Legislatura consideró insuficientes sus explicaciones, podrían solicitar su remoción. “La Legislatura tendrá que decir algo sobre las mentiras, los encubrimientos, sostener decisiones ilegales. Y esto implicará que el ciclo Montenegro se agotó”, estiman en el núcleo duro de los opositores.
En tanto, el legislador Gonzalo Ruanova, junto a otro sector de la oposición –Raúl Fernández, los radicales y el bloque del PJ– impulsarán esta semana la creación de una comisión investigadora, que tendría 15 miembros. “Hay dos tipos de responsabilidad: la política y la judicial, La Justicia confirmó que hay una asociación ilícita que funcionaba dentro del Estado. La comisión tiene que dilucidar las responsabilidades políticas de Montenegro, de Rodríguez Larreta y Macri”, señaló Ruanova a Página/12. “No creo que haya que esperar a que lo procesen a Macri”, dijo. La iniciativa no cuenta, de momento, con el respaldo de otros bloques opositores.
El jefe de la bancada ibarrista, Eduardo Epszteyn, ya presentó un proyecto para que la Legislatura pida copia de la causa judicial. Si se produce el procesamiento, se abre un abanico de opciones: algunos opositores plantean la interpelación a Macri –para la que necesitarían 40 votos, que de momento no tienen–, otros, que se pida licencia. “En caso de procesamiento, vamos a pedir al jefe de Gobierno que dé un paso al costado hasta que se esclarezca”, indicó el jefe del bloque kirchnerista Juan Cabandié. “Ante el primer procesamiento, Macri debiera venir a la Legislatura a dar explicaciones de todo el proceso, no sólo de las escuchas”, estimó el legislador de Igualdad Social, Martín Hourest. En tanto, el lilito Fernando Sánchez se mostró proclive a seguir siendo “prudente, pero firme con el macrismo”.
Por W. P.
Con la excepción del legislador del MST-Nueva Izquierda Marcelo Parrilli, no hay muchos opositores que quieran hablar sobre un eventual juicio político a Mauricio Macri, para evitar que se siga victimizando. La Constitución porteña establece dos causales de remoción: la comisión de un delito –para lo que tendrían que esperar a una condena firme– o bien el mal desempeño, porque el que fue destituido Aníbal Ibarra. Para iniciar un juicio político deben contar con dos tercios de la cámara, es decir 40 de 60 bancas. Como el PRO tiene 26, cuenta con las herramientas para bloquear cualquier planteo, como también para evitar una posible interpelación al jefe de Gobierno. Ni lentos ni perezosos, en la bancada PRO ya otean el horizonte de posibles deserciones en sus filas. El peronista Daniel Amoroso, ahora alineado con Francisco de Narváez, prendió las luces de alarma cuando faltó a la sesión del jueves, donde el PRO intentó presentar a Guillermo Montenegro de improviso para evitar que lo citaran. En el macrismo calculan que se podrían abrir, además, uno o dos legisladores ex Recrear, pero juran y perjuran que nunca serán los seis necesarios para que se le inicie juicio político al jefe de Gobierno.
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