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Desde San Luis
La faraónica, literalmente, pirámide de gobierno de Rodríguez Saá.El arquitecto se empecina en explicarlo. Ese pedazo de tierra arrasada que se abre adelante no es un fragmento de nada, sino una réplica deliciosa –asegura– de la explanada que precedía al Cabildo original. Detrás está la estructura. Una escultura de un absurdo tamaño real del Cabildo de Buenos Aires, desplegada sobre los bordes de una meseta en la fantasmal Ciudad de la Punta, a veinte kilómetros de la capital puntana. Se destinaron 18 millones de pesos en los últimos nueve meses a copiar los detalles de planos originales resguardados en la Ciudad de Buenos Aires y en la Dirección de Arquitectura de la Nación. El poderoso mausoleo es aún más enorme que el que sigue frente a la Plaza de Mayo, porque es como era antes de ser reducido. Un agujero en lo alto alberga una copia perfecta de la campana, sobre una torre en la que trabajaron hasta los relojeros que atienden la pieza original. Los docentes de San Luis, que durante las últimas semanas estuvieron en huelga, propusieron cambiar el nombre del gobernador Alberto Rodríguez Saá: en los volantes distribuidos de mano en mano, en las calles, lo nombraron ARS II, “el dueño de una república en la que el pueblo debe pagar los delirios del faraón”.
Si las copias de las obras de arte son desdeñadas por la alta cultura, por su carencia de originalidad, el faraón de estas tierras ha encontrado la forma de devolverles su aura. ¿Quién puede decirle a ese arquitecto que estira el cuerpo cansado ante su obra que lo que tiene delante no es un encanto? A lo mejor, un encanto siniestro si el que se pasea por las balcones se concibe a sí mismo como el original de un héroe de Mayo.
Alberto Rodríguez Saa intenta inaugurar su Cabildo este 25 de mayo. El arquitecto apura a la tropa para los últimos trazos de pintura blanca. Todo repite las delicadas formas de una obra de arte. Las puertas son de madera de quina. Las terminaciones de cedro rosado. Los herrajes de cada una de las diez puertas centrales son de hierro martillado, como en 1810. Los techos abovedados dieron más trabajo. Replican las mismas formas originales. Y el reloj se fabricó en Serviclock, la firma que repara el modelo real de Buenos Aires.
“En el 1800 no había luminarias”, advierte el arquitecto, pelos al viento, corridos por los aires secos del desierto. Los dos faroles del acceso tendrán lamparones en lugar de velas; lo mismo que las arañas suspendidas adentro. Hay hasta un escudo de Garay. Muebles replicados por exquisitos ebanistas locales, balconadas, las galerías por detrás del Cabildo y, delante, hasta un símil de la Pirámide de Mayo modelo 1811.
La última gran obra puntana está lista y ya prolonga otras desmesuras del imperio:
- La casa particular del gobernador es una mansión ubicada en la zona de Durazno, donde acaba de levantar una cancha para un inexistente campeonato de Polo Mundial y de donde intenta desterrar a los vecinos más pobres para crear un municipio, con presupuesto de 13 millones de pesos y un habitante único: él.
- La Casa de Gobierno es perfecta, pero Rodríguez Saá fabricó una nueva con la exótica forma de las pirámides, con un costo de poco más de 350 millones de pesos. Las llamadas Terrazas de Portezuelo concentrarán antes de fin de año buena parte de la administración provincial. En el medio, levantó el “Hito del Bicentenario” con 37 millones de pesos, al que los puntanos empiezan a nombrar como “monumento fálico”.
- Expropió 82 mil hectáreas para albergar a un pueblo ranquel, pero a los indígenas sólo les dio 2500 hectáreas y ahí mismo levantó un anfiteatro flotante, de 5 millones de pesos.
- Hizo un autódromo para las competencias de TC, construyó el mástil más alto del mundo en un lugar remoto de la provincia y hace pocas semanas, en medio del conflicto docente, llenó las calles con mil bailarines de Río de Janeiro para la “versión del carnaval más austral del mundo”.
Pero Alberto Rodríguez Saá no sólo dispone esas escenas monumentales, también crea su público. Parte de los empleados de la provincia encuentra las entradas para los eventos descontadas automáticamente en sus recibos de sueldo.
–¿Pero qué quiere qué le diga? –dice José Roberto, pala en mano, agachado entre los ladrillos detrás del Cabildo. El cigarrillo se le acaba apretado en los labios–. ¡Por suerte ahora no tenemos que ir a Buenos Aires para ver el Cabildo, lo tenemos acá!
En las últimas semanas, algo de la lógica del imperio empezó a quebrarse. Como sucedió en 2004 durante el doble comando de gobierno en la municipalidad de la capital, el último 8 de marzo los maestros convocaron a un paro por tiempo indeterminado que duró cinco semanas y terminó con 17 mil personas en la calle.
Las razones del paro todavía no se resolvieron. Los docentes pedían aumentos del salario básico y recuperar un derecho perdido: el reintegro de los dos cargos que muchos dejaron de cobrar hace dos años por una disposición del gobierno. Durante la huelga, las aulas quedaron por primera vez casi vacías. Hubo asambleas, docentes autoconvocados, ollas populares en la Plaza Independencia y marchas convocadas hasta por Facebook que atravesaban la provincia y perforaron el cerco mediático impuesto por el único diario, La República, dirigido por Feliciana Rodríguez Saá, la hija de Adolfo Rodríguez Saá. Otro dato importante: por primera vez los cinco gremios docentes lograron ir juntos a la huelga y articular una propuesta colectiva.
“Es tan grande la desesperación por la necesidad de cambios que la gente se plegó a cualquiera de las movidas”, explica Carlos Rojas, de Unión de Trabajadores de Educación Provincial (UTEP), uno de los gremios más grandes. A las marchas se sumaron subterráneamente los profesores de la universidad nacional, los gremios de salud y también la dispersa clase política, abroquelada en la oposición que intenta empezar a reunirse para crear una alternativa que termine con los casi 27 años de mandato de los Rodríguez Saá.
Las marchas concluyeron con una mesa de negociación partida de la que participaron sólo tres de los cinco gremios. El gremio de base de Ctera, ASDE, no aceptó el acuerdo. Todos volvieron a las aulas, incluso ellos. Pero hace una semana convocaron a un paro de 24 horas que se propaló en las aulas con adhesión de 60 por ciento. Muchos de ellos son maestros autoconvocados, que en 2004 se desafiliaron en masa de los gremios más grandes y son los que continúan llevando adelante pequeñas formas de protesta, a pesar de haber vuelto a la actividad.
Detrás de escena, existen otros emergentes sociales capaces de ir explicando algunos de los indicios de que esta vez pasa algo. Uno de esos indicios se vio durante los días de huelga. Como sucedió en 2004, el gobierno convocó a su poderoso ejército de reserva, conformado por los beneficiarios de los planes de inclusión social. Pero esta vez las contramarchas convocadas por Alberto Rodríguez Saá no funcionaron. Los beneficiarios de los planes que en aquellos años eran casi 50 mil personas con el paso del tiempo y con el enfrentamiento de la provincia con Nación fueron perdiendo lugar. Hoy la oposición calcula que los planes bajaron a 20 mil personas.
“No es que esa gente empezó a venir a nuestras marchas”, aclara María Inés Quattropani, la secretaria general de ASDE. “Lo que pasó es que desertaron. No vinieron a las marchas, pero tampoco respondieron al llamado del gobierno.”
En las calles, empezó a aparecer otro dato. Los números del desorbitante gasto público en inversiones estrafalarias aparecieron en los enormes carteles que los maestros llevaron en andas. “San Luis es un indigente vestido de etiqueta”, decían los letreros enormes. O “Patroncito: la peonada quiere educación”. O “La educación se tapa con lentejuelas”. Las leyendas corrían de boca en boca, y fueron una provocación para el régimen. Los datos silenciados por las páginas del diario empezaron a trasformarse en lo que parecen indicios del hartazgo.
Al cabo de las primeras cuatro semanas de huelga, el gobierno logró sin embargo empezar a quebrar la protesta. El punto de inflexión se produjo cuando pagó los sueldos, descontando buena parte de los días del paro.
“Lo que yo te diga no te va a servir”, dice, cáustico, el Negro Aníbal Olivera, profesor de Historia contemporánea de la universidad nacional, ex detenido político. “Los docentes siempre fueron la espada de Damocles de los Rodríguez Saá: se llevan mal con un Estado que impulsa un programa neoliberal que hace desaparecer a la escuela pública.”
En los últimos 27 años, el gobierno trasladó a los docentes al régimen de agentes municipales. Abrió escuelas charter con equipos directivos que gerenciaban organizaciones educativas como empresas privadas; eliminó los concursos y los puntajes; congeló las vacantes y hace dos años puso un techo a los sueldos eliminando la posibilidad de que cobren uno por cada cargo. Ahora, la provincia cada vez tiene menos docentes, mientras el gobierno impulsa un programa de digitalización de avanzada para reemplazarlos por computadoras.
“Ojalá, pero no creo que cambie algo”, murmura Olivera. “Si los Rodríguez Saá de verdad se llegan a sentir amenazados, van a volver a poner otra vez en la calle a ese ejército de reserva de desocupados, te aseguro que van a volver a darles los planes.”
Dorita pide la palabra. Es miércoles a la noche, una semana después del último paro. Unos treinta maestros la rodean, están sentados en un aula helada prestada por la universidad. El encuentro que en ocasiones parece reeditar ciertas lógicas de lo clandestino ensaya alternativas para continuar con las protestas. Lo mismo sucede ahora en otros lugares, hay asambleas en Villa Mercedes y en Merlo. Dorita, unos sesenta años, quien peina canas, tejido de lana entre las manos, representa a una de las doce escuelas que se hallan acá.
“No tenemos que ser propagadores del miedo”, dice mientras le da unas vueltas al tejido. “Me niego a que mis hijos aprendan a que en San Luis hay que seguir bajando la cabeza, así al que se la cortan es al de al lado.” Y sigue: “Somos cabeza de un movimiento social, estamos asumiendo eso que escuchamos que nos dicen los papás en las aulas, o el taxista cuando nos lleva: ¡sigan así, no aflojen!”.
En estos días, los maestros discuten el acta de acuerdo con la que supuestamente terminó el conflicto. El Ministerio de Educación les dio un aumento de poco más de 200 pesos a lo largo del año, pero uno de los problemas más graves es que no sólo no les devuelven los días de huelga, sino que para no seguir descontando días pendientes los obligan a ir a la escuela una semana del receso y otra semana en el verano. Los chicos no estarán obligados a ir, sólo es una obligación de los maestros.
–¡Pido la palabra! –se oye por atrás–. ¿Qué pasa si no vamos? ¿Nos pueden echar por abandono de trabajo? Y si es así, ¿por qué no declaramos paro y chau?
–¿Pero cómo vamos a declarar paro en época de receso? –dice Quattropani.
En la asamblea hay maestros de ASDE pero también los autoconvocados. Se discuten variantes del acto del 25 de mayo; la propuesta de un quite de colaboración en las aulas; la idea de un acto académico para hablar de lo que está pasando y una posible marcha de antorchas para ese día capaz de reunir a todos los sectores. De a poco, van pidiendo la palabra. Una maestra dice que no tiene tizas en las aulas. Otra, que empezaron a faltar muchos chicos en su escuela porque venían de Nogolí, un pueblo donde el gobierno eliminó el único medio de transporte.
En el Cabildo, mientras tanto, José Roberto estira la segunda hilera de ladrillos, con su segundo cigarrillo en la boca. “Yo llegué a San Luis hace diez años”, dice. “Soy de Mendoza, mis padres eran gremialistas y con la dictadura tuvimos que rajarnos.” Pasó veinte años en Misiones, un exilio que probablemente le dio ese aire de otro lugar. “Cuando llegué a San Luis, acá había trabajo, a los dos años me fui a la Casa de Gobierno, pedí una casa, eso fue en marzo y en noviembre me la dieron. Y por eso pago 67 pesos por mes.”
Los programas de vivienda fueron una de las mejores propagandas del régimen. “Pero ojo que eso estuvo bien”, dice Olivera. El asunto es que la mayor parte del empleo en la provincia depende de forma directa o indirecta del Estado. “Y ése es el problema”, continúa el obrero. “A los muchachos les están pagando 650 pesos por mes, y ahora con un extra de 500 pesos: llegan a las 8 de la mañana y trabajan hasta las cinco de la tarde por 1150 pesos.”
Una de las premisas de todo gobierno es el control del jefe de Policía. Era un dogma de los Juárez en Santiago del Estero. Aunque el control social no podría explicar por sí solo la masividad de los votos, explica parte de los orígenes. En San Luis los controles son más modernos, pero el régimen de los Rodríguez Saá también tiene una pata colocada en cierta lógica represiva. Enrique Ponce es abogado de la APDH, desde donde se impulsaron juicios a los represores; en este momento es además delegado del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en la provincia y es uno de los que piensa el modelo de esa manera. El ex teniente coronel Gustavo Guillermo López, que integró el Operativo Independencia, hasta el año pasado era el ministro de Seguridad provincial. Cuando una jueza lo detuvo en el marco de una investigación, salió prometiendo su cabeza servida en bandeja de plata. Según los datos de los organismos de derechos humanos, no es el único represor asociado al Estado. El ex teniente Alberto Camps integró los grupos de tareas de la dictadura, pero hasta el año pasado se desempeñó como jefe del Programa de Inclusión Social de los Rodríguez Saá. A Enrique Ponce acaban de pasarle un papel con otro nombre: Miguel Angel Miranda, un ex suboficial mayor que participó de la dictadura y ahora –por lo menos hasta la semana pasada– era jefe de Seguridad de la Comunidad del gobierno.
La lógica represiva excede incluso a esos nombres. Los organismos de derechos humanos tienen identificadas dos casas que funcionan como las viejas D2 dedicadas a tareas de espionaje. Una denuncia judicial da cuenta además de la existencia de mecanismos de tortura, con submarino seco y submarino mojado contra uno de los supuestos responsables del crimen de una trabajadora sexual. La policía acá no investiga, dice uno de los investigadores judiciales, “apela al método de la autoconfesión con los mecanismos de tortura para extraer las pruebas que necesita”.
En esta tierra donde las pirámides serán la casa de la nueva sede del gobierno, buena parte del sistema parece erosionarse. Detrás del conflicto docente –alimentado por el incremento voraz de los exotismos– se abren paso denuncias contra el gobierno en la Cámara de Diputados y en el Concejo Deliberante de la capital.
La Cámara de Senadores funciona con nueve senadores, todos del oficialismo. La Cámara de Diputados tiene 43 miembros, 14 son de la oposición, pero cuatro de ellos no pueden asumir porque se lo impide el gobierno. Elías Taurant es abogado de esos diputados, todos del Acuerdo Cívico y Social. Ganaron las elecciones el 28 de junio en los departamentos de Belgrano y de Dupuy, pero la Comisión de Acuerdos les niega el ingreso porque los consideraron responsables de “falta de ética”: después de haber pertenecido en algún momento a las filas del oficialismo –dicen– no pueden ser representantes de la oposición. La presidenta de la Comisión de Acuerdos es Graciela Mazzaroni, ex cuñada del senador Adolfo Rodríguez Saá. Otra integrante es María Antonia Salino, ex esposa de Alberto Rodríguez Saá. Los diputados aún pelean su banca. “Es absolutamente inconstitucional”, dice Taurant, que luego de varias interpelaciones acaba de presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el Concejo Deliberante de la capital puntana, todos los jueves se vive una agitación idéntica. La intendenta de la ciudad desaparece alegando “la enfermedad de los jueves”, como comenzaron a llamarla. El HCD funciona con 14 bancas: siete del oficialismo y siete de la oposición, pero por las reglas de juego no hay empate. Como la presidencia del Concejo está en manos del oficialismo, la oposición queda con la mayoría de las bancas. Para impedir que el Concejo funcione, los días jueves la intendenta se va de la ciudad: le deja su cargo a la presidenta del HCD, y así la oposición termina reducida a una minoría que por sí sola no puede sesionar.
Pese a todo, la parálisis genera movimientos extras. La oposición en Diputados o en el HCD intenta por primera vez armar un frente, sostenidos incluso por algunos viajes de delegados del gobierno nacional. La alianza esta vez prevé algo grande. “Es imprescindible”, dice Carlos Ponce de la Cámara baja. Pero también lo dice Laborda Ibarra: “Con otro período más, los Rodríguez Saá se van a 32 años de mandato. No hay antecedentes de un gobierno así”.
–¿Qué quiere que le diga? –sigue Jorge Roberto pico en mano, sexto pucho entre los labios, patio del Cabildo–. Yo tengo seis hijos, con mi tercera mujer, que es joven. Todos que reciben la asignación familiar que me da la Cristina, y la verdad, con eso estamos de diez: ¡si es la verdad! Si quiere que le diga la justa, se lo digo, porque será zurdo y todo, pero si hasta los cartoneros lo quieren. Y quiere que le diga más, se lo digo: yo soy recontra kirchnerista.
Hay una fisura en la barriga del régimen.
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