Página/12 :: El país :: Los intendentes radicales ven que hay conspiración

El descrédito de la clase política derivó en los últimos días en una módica caza de brujas en la que cualquier dirigente más o menos conocido se las ve en figurillas si es descubierto en un bar tomando té con su madre o comprándose un par de mocasines en un shopping. Los políticos tratan de capear el temporal lo mejor que pueden pero hay algunos que sienten que están al borde de sus posibilidades. Es el caso de los intendentes radicales bonaerenses que semanalmente se vienen encontrando con el presidente de la UCR provincia, Federico Storani, para lo que denominan “reuniones de contención”. A la ya de por sí dramática situación económica que viven sus distritos, los intendentes dicen sufrir el agregado de una orquestada campaña de descrédito que alternativamente les adjudica sueldos siderales, mansiones hollywoodenses o propiedades en el exterior. Tan bien habría andado la difusión de la supuesta campaña que los intendentes ya comenzaron a sufrir agresiones físicas que la semana pasada casi llevan a renunciar al marplatense Elio Aprile.
Lo malo de las manos negras es que siempre es difícil encontrar a los dueños de los brazos. Eso les sucede a los intendentes, que no coinciden a la hora de señalar a los responsables de esta supuestas campañas que los tienen a mal traer. En general, Storani y los suyos hablan de grupos de derecha que en el revoltijo buscan instalar la idea de una opción cívicomilitar para presidir el país. En esa estrategia apuntarían a desprestigiar a todo representante político que aún goce de cierta aceptación social, como puede ser el caso de algunos intendentes bonaerenses que han sido largamente reelectos y a los que siempre se los consideró como modelo de gestión. No hay sólo radicales en esto, sino también peronistas. Pero hasta el momento, según aseguran en la UCR, la peor parte la han llevado los radicales.
En las reuniones semanales con grupos de cinco o seis intendentes que se realizan en el Comité Provincia, además de analizar la caótica situación económica que sufren hasta los distritos mejor administrados, pasan revista la complicada trama personal que les toca vivir por estos días, marcados por la indignación de la gente que participa de los cacerolazos que levantan consignas como el repetido “que se vayan todos”.
Generalmente, los rumores se expanden de boca en boca o, en su variante más moderna, vía mail, con la coincidencia que siempre resulta imposible identificar su origen. Una vez que la versión está bien instalada, las protestas de la gente comienzan a diversificarse y los cacerolazos no sólo les apuntan a los bancos que tienen sus ahorros presos, sino también al intendente del lugar que en los últimos días se aumentó el sueldo o agrandó su casa.
Aprile supo que sobre él se aseguraba que cobraba un sueldo de 30 mil pesos y que había adquirido varias propiedades en Bari, Italia, de donde es oriundo. Que incluso a un amigo le pasó de viajar en un taxi, que el chofer le contara la historia y que cuando le preguntó de dónde había sacado la información le respondió que se la contó el familiar de un amigo. Es decir, a la manera de los mitos urbanos (que relatan historias de terribles robos de órganos o de ratas brasileñas carnívoras confundidas con perros), la versión se expande hasta convertirse en verdad irrefutable.
Aprile aseguró que de nada le valió exhibir su recibo de 6 mil pesos, ni decir que dona el aumento aprobado el año pasado por la Legislatura bonaerense, ni que no tiene más propiedades de la que habita. El sábado pasado un grupo de personas manifestó frente a su casa y agredió a su padre, José Aprile, de 85 años. Después del hecho, el intendente marplatense anunció su renuncia pero luego se echó atrás, justamente por pedido de su padre. “Es una campaña que va deglutiendo a los líderes sociales. Creo que se dirige a la anarquía, porque la anarquía generaviolencia, y la violencia termina en represión”, analizó Aprile. El intendente admitió no conocer de dónde viene el ataque, ni en su caso ni en el de otros. Pero que sectores minoritarios del peronismo e incluso del radicalismo se han montado en la maniobra para sacar provecho.
Una situación similar es la del intendente de Bahía Blanca, Jaime Linares. Pero como el ascendiente de Linares es español, en su caso las supuestas propiedades se ubicarían en la mediterránea Costa del Sol. Acerca del intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, la versión sostenía que su hijo se había fracturado un brazo colgando una cortina en una mansión recién adquirida. Un rumor de patas cortas, porque el hijo de Ivoskus ni siquiera tuvo el brazo enyesado. “Pero los detalles sirven para darle más credibilidad a la versión”, explicaba un dirigente radical.
Son raros los casos de intendentes sobre los que no pesan denuncias de corrupción o cobro de sobresueldos. Hay a quien lo acusan de poseer estaciones de servicio en Brasil o miles hectáreas de campo en la pampa húmeda, lo que actúa como disparador de la violencia. El intendente de Quilmes, Fernando Geronés, debió reforzar la custodia policial en su casa en los últimos cacerolazos. El de Junín fue un caso especial. En un cacerolazo a mitad de semana un legislador radical terminó herido y la próxima protesta comenzó con un escrache en la casa del intendente Abel Miguel. Luego los manifestantes fueron a la casa de la diputada justicialista Mirta Rubini y la protesta terminó con escándalo cuando uno de sus hijos baleó a un manifestante. Según los políticos de la zona, la marcha estaba encabezada por simpatizantes del ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín.
Días atrás, el diputado Leopoldo Moreau exageró diciendo que la situación que vivían los políticos era comparable a la persecución de los judíos por los nazis. Más moderado, Storani opinó que en el cuadro se combinan “algo de bronca espontánea de parte de la gente y mucho de inducido”. Y que quienes están fogoneando esta violencia contra la dirigencia política son sectores de derecha que buscan una salida cívico- militar. De lo contrario, razonó, no se entiende que dirigentes que hasta hace poco tenían buena imagen como Víctor Fayad en Mendoza, haya pasado un mal momento junto a su madre anciana en una confitería de su provincia. O que al presidente de la UCR, Angel Rozas, se le adjudiquen más hectáreas de campo en Santa Fe que goles a Gabriel Batistuta.
Los intendentes radicales llevaron su preocupación a un encuentro que mantuvieron con el gobernador Felipe Solá, quien ya estaba al tanto de lo que sucedía. Allí coincidieron en que la policía bonaerense había mantenido una actitud sospechosamente pasiva en cada caso de agresión a político, lo que a su entender aporta un nuevo elemento a la hipótesis de una campaña orquestada. Cuando estalló el conflicto en Junín, Solá pidió que “se termine la caza de brujas” y alertó sobre la posibilidad de una “guerra social”. Pero la sensación es de cierta impotencia ante la consigna “que se vayan todos” que suele inaugurar cada asamblea popular. Como decía un encumbrado dirigente radical: “Podemos equivocarnos, de hecho lo hicimos, pero no somos chorros. Ahora no nos queda otra que empezar de nuevo, tratando de convencer a la gente casa por casa”.

Los intendentes radicales ven que hay conspiración

Una vez por semana se reúnen con Storani para “contenerse” mutuamente ante las agresiones y los rumores que circulan sobre sus fortunas, mansiones e inversiones. Juran que todo es falso y ven seineldinistas y policías atrás de las agresiones y marchas.