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La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado citó para mañana a Felipe y Marcela Noble Herrera, hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. En ese encuentro, la magistrada les informará los pasos a seguir en la causa en la que se investiga si los jóvenes son víctimas del terrorismo de Estado. Arroyo Salgado tiene un dictamen de la fiscal y una orden anterior de la Cámara Federal de San Martín en las que se pide que avance con los estudios de ADN que servirán para determinar si el patrón genético de Marcela y Felipe coincide con los de las familias de desaparecidos que están buscando a sus nietos y cuyas muestras se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Todo indica que Arroyo Salgado dialogará con los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, así como con sus abogados, para que den el consentimiento para la realización de los exámenes. Pero como en casos anteriores en los que ya intervino, la jueza concretará los análisis genéticos sin demora.
Arroyo Salgado tiene experiencia en investigaciones vinculadas con jóvenes apropiados durante la última dictadura militar. Intervino en la restitución de Bárbara García Recchia y, a principios de mayo, declaró nula la falsa identidad de quien resultó ser Francisco Madariaga Quintela. En este último caso, la magistrada resolvió el expediente a velocidad record, ya que fue el propio Francisco –cuyo padre es Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo– quien se presentó ante el juzgado con la intención de conocer su verdadera identidad. El apropiador, Víctor Alejandro Gallo, conocido carapintada, fue detenido no bien se conocieron los resultados de los estudios genéticos.
Arroyo Salgado es una jueza de bajo perfil. Por ello, no trascendieron los objetivos de la convocatoria de Marcela y Felipe. Tomando en cuenta la forma en que la jueza condujo los anteriores expedientes, es muy posible que quiera dialogar con los hermanos Noble Herrera y sus abogados en la búsqueda de su consentimiento para la forma en la que se van a realizar los estudios. Está claro que la comparación genética se hará sí o sí, ya que lo ordenó la Cámara, hay dictamen de la fiscal Rita Molina y también la Cámara de Casación rechazó los recursos presentados por los letrados de Felipe y Marcela. Por otra parte, es lo que reclaman las Abuelas de Plaza de Mayo desde hace años, ahora representadas por Alan Iud, y también las familias querellantes cuyos abogados son Pablo Llonto y Alcira Ríos.
Una de las cuestiones que están en danza tiene que ver con las muestras obtenidas hasta ahora. Por un lado, Felipe y Marcela aceptaron una extracción realizada en el Cuerpo Médico Forense, pero sólo accedían a que su sangre fuera comparada con las dos familias querellantes y no con todas las que buscan los nietos que fueron apropiados durante la dictadura. El anterior magistrado, Conrado Bergesio, que tuvo la causa prácticamente paralizada durante siete años, igualmente ordenó allanamientos en los domicilios de los jóvenes, de los que se llevó pelos, cepillos de dientes y otros elementos de los que pudieran extraerse las muestras para establecer el ADN. El material, depositado en el juzgado de Bergesio, fue trasladado por orden de Arroyo Salgado al Cuerpo Médico Forense y está disponible para la realización del entrecruzamiento, aunque es casi seguro que la cuestión de las muestras también sea tema de la audiencia de mañana.
El proceso de realización de los estudios está en marcha y la lógica indica que –si no hay más maniobras dilatorias– antes de mitad de año podrían estar los resultados. Para Abuelas y las familias querellantes, el caso de Felipe y Marcela ha sido, de lejos, el más difícil: una interminable carrera de obstáculos.
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