El fervor que produjo la declaración de default de Rodríguez Saá contagió a legisladores duhaldistas, menemistas y reutemistas. Qué hicieron y propusieron ellos durante esa efímera primavera.
Por Felipe Yapur
Alfredo Atanasof, actual jefe de Gabinete, era diputado a fines del año 2001, cuando gobernó Adolfo.
Hace exactamente un año, la Argentina vivía su peor momento político y social de los últimos tiempos. Fernando de la Rúa ya había abandonado el gobierno dejando detrás de sí a 30 personas muertas por la policía. Adolfo Rodríguez Saá, presidente designado por el Congreso, se había despachado el día de su asunción con el anuncio de la suspensión del pago de la deuda externa. Los diputados del PJ abandonaron por un momento sus diferencias y acompañaron como pudieron la medida y con lo más parecido al fervor revolucionario, el 26 de diciembre de 2001, menemistas rabiosos, reutemistas, duhaldistas y delasotistas firmaron en conjunto distintos proyectos de resolución donde expresaban “su más firme apoyo a la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo” de interrumpir el pago de la deuda, resolvían amnistiar a todos los detenidos del 19 y 20 de diciembre y solicitaban la creación de una comisión investigadora de esos días de revuelta popular. Rodríguez Saá se fue antes de la última campanada de fin de año y los proyectos murieron en algún cajón del Congreso dando por terminada aquella semana cuando el justicialismo post década menemista volvió a ser revolucionario.
Por esos días, la amplia sonrisa del Adolfo anunciando el cese del pago de la deuda y el estruendoso aplauso que le siguió todavía estaban frescos en el recuerdo de los que presenciaron esa Asamblea Legislativa. Tal vez el fervor de aquella sesión, llevó a que legisladores peronistas como el menemistas Manuel Baladrón, los duhaldistas José María Díaz Bancalari y Alfredo Atanasof, el delasotista Carlos Alesandri, el reutemista Jorge Obeid y el salteño romerista Juan Urtubey, a redactar y firmar una serie de proyectos “revolucionarios” para los tiempos que corrían y, sobre todo, por el tipo de leyes que habían acompañado no hace mucho tiempo atrás como la reforma laboral de la Alianza y las menemistas privatizaciones de los servicios estatales de una década atrás, entre otras. El único que no participó de la iniciativa fue el entonces jefe de la bancada, Humberto Roggero. La razón no tenía nada que ver con lo ideológico, el cordobés continuaba internado tras su accidente de julio de ese año.
“El alto grado de opresión que la deuda externa generó sobre nuestra economía provocó, en los últimos años, la caída de los principales índices de recuperación y la imposibilidad de generar políticas que reviertan esta situación”, sostenían los diputados que, salvo uno de ellos, nada tuvieron que ver con aquellos diputados de la Tendencia peronista que ocuparon sus bancas durante el corto período de Héctor J. Cámpora y luego con Juan Domingo Perón. De todas formas, y más allá de estas pequeñas diferencias, los revolucionarios justicialistas de fin de año, aseguraban en sus fundamentos que “el anuncio del flamante Presidente (Rodríguez Saá) en torno de la suspensión del pago de la deuda externa generó un alivio en la población y despertó la sensación de que nuestro país podría hacer frente a un proceso de recuperación largamente anhelado”.
Ese día, los mismos diputados se solidarizaron con los detenidos del 19 y 20 de diciembre al firmar un proyecto de ley donde amnistiaban a todos aquellos que estaban presos “como consecuencia del estallido social que desencadenara la declaración de estado de sitio, eximiéndolos en consecuencia, de toda sanción impuesta en el Código Penal”. En sus fundamentos juraban que era “imposible permanecer indiferente a los hechos de conocimiento público”. También aseguraban que tal decisión se basaba en el pedido realizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, “quienes le solicitaron una ley para la liberación de todos los presos políticos y sociales, como también solicitaron dar a publicidad la lista completa de los que cometieron homicidios en ocasión de estos hechos durante la represión policial”.
Padres de la patria
Los senadores no fueron menos que sus colegas de la Cámara baja. En esa semana no sólo sancionaron la intangibilidad de los depósitos y prolongaron el período de sesiones ordinarias fruto de la crisis que vivía el país, sino que además legisladores peronistas tales como la tucumana Malvina Seguí, impulsaron el mismo 26 de diciembre un proyecto de resolución donde se creaba “una comisión especial para estudiar el arreglo de la deuda externa”. La santacruceña Cristina Kirchner, en tanto, solicitaba la formación de otra comisión que debía investigar la represión del 20 de diciembre”. Ambos proyectos fueron remitidos el 27 de diciembre a las comisiones de Economía y Seguridad Interior. Desde ese día permanecen perdidos en alguno de los archiveros de dichas comisiones.
La tucumana Seguí, que tiempo después se vio envuelta en el nuevo caso de sobornos en el Senado, presentó también un proyecto de ley que preveía el pago de pensiones graciables a los familiares de las víctimas del 19 y 20. Como sus proyectos anteriores continúan dormidos en algún rincón de la Cámara alta.
El único que superó las comisiones parlamentarias y llegó al recinto fue el que presentó el entrerriano Jorge Busti que preveía el freno al pago de la deuda y la creación de una comisión bicameral. El Senado la aprobó y la remitió a la Cámara de Diputados. Allí quedó para siempre.
El mismo 26 de diciembre ingresaron también los decretos presidenciales que fijaba las retribuciones del Poder Ejecutivo, desafectaban el parque automotor y suspendían los teléfonos celulares. Todos fueron archivados el diez de enero de este año y con ellas ese corto período flamígero del peronismo postmenemista.
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