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La Corte Suprema tendrá el camino liberado entre hoy y mañana para fallar sobre la medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es porque los jueces supremos recibirán el dictamen que le encomendaron al procurador general, Esteban Righi, quien propondría revocar la resolución de la Cámara Federal de Mendoza, que dejó stand by el régimen jurídico aprobado por el Congreso para regular el sistema de medios. Todo parece indicar que el máximo tribunal seguiría el mismo criterio, según pudo saber Página/12, aunque la ley no recuperará vigencia de manera automática ya que otra medida cautelar de la Justicia salteña también la mantiene paralizada, a la espera de que la revise la cámara local.
Dos semanas atrás la Corte admitió la apelación del Estado nacional contra la suspensión de la ley de medios que había dispuesto la cámara mendocina a pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. El legislador denunció supuestas irregularidades en el debate y la votación de la norma. Como paso previo a su resolución, el alto tribunal le solicitó opinión a Righi.
En la Procuración ayer daban los últimos retoques al dictamen que se presentaría a más tardar mañana y que plantearía, en esencia, que el proceso de formación de las leyes no puede ser sometido a revisión judicial. También señalaría la falta de legitimación de Thomas, porque no demostró ningún perjuicio personal como consecuencia de la ley, de cuyo debate participó, ni podría arrogarse la representación de la población entera. Otro punto advertiría sobre la gravedad de que la Justicia impida la aplicación íntegra de una ley.
La Corte se tomaría todavía algunos días para resolver el caso, aunque entre los despachos ya circula algún que otro borrador que, anticiparon funcionarios del tribunal, se acercaría a la propuesta de Ri- ghi y podría contar con mayoría de al menos cuatro votos. Casi todos los supremos coincidirían, por ejemplo, en la falta de legitimación de Thomas. Uno de los votos que está en duda es el de Carlos Fayt, quien ha reconocido la legitimación a diputados promotores de amparos, como Héctor Polino.
Así, si la tendencia que se cocina entre Sus Señorías no cambia, todo hace suponer que la suspensión de la ley va rumbo a ser levantada. Pero esto no quiere decir que la norma recupere vigor de inmediato: aún hay otra medida cautelar, de la Justicia de Salta, que la mantiene en el freezer. Es un expediente similar al mendocino, de la diputada del PJ Zulema Beatriz Daher, ahora bajo estudio de la Cámara provincial, que estaría aguardando ver qué hace el más alto de los tribunales. Mientras tanto, la que rige es la ley de Radiodifusión de la última dictadura.
Por lo demás, en la Corte reina cierto malestar con la debilidad de muchos tribunales por conceder medidas cautelares con tal de objetar medidas o políticas de gobierno. También hay disgusto con los jueces mendocinos que, creen algunos ministros, habrían invocado “erróneamente” un fallo de la Corte actual (conocido como Halabi) que inauguró las “acciones colectivas”, aquellas capaces de extender los efectos de una sentencia a todos los ciudadanos. Estas “acciones de clase”, señala un cortesano experto, no implican que la Corte admita un control de constitucionalidad en el aire o sobre una ley en forma genérica.
Otro capítulo será el de los amparos de licenciatarios de radio y televisión, que cuestionan artículos puntuales de la ley. En ese caso, la Corte sí podría analizar el contenido de la ley en la medida en que haya particulares que se demuestren potencialmente afectados.
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