Página/12 :: El país :: “Están en peligro todas las restituciones”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, se presentó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que, en caso de que el análisis de ADN sobre Marcela y Felipe Noble Herrera previsto para el próximo lunes sea suspendido, “el Estado argentino incurriría en violación a las garantías de acceso a la Justicia y de plazo razonable para la determinación de los derechos”. En el escrito también se advirtió que se reforzó la custodia del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) por temor a un atentado y se recordó que en septiembre de 2002, “cuando este caso cobraba fuerte impulso por primera vez”, el domicilio de Carlotto fue “baleado por desconocidos”.

Las Abuelas informaron al organismo internacional que están sucediendo “hechos y circunstancias que amenazan el proceso de restitución de niños” y solicitaron que “realicen un seguimiento estricto a fin de evitar la concreción de violaciones irreparables al derecho a la verdad y a la identidad de cientos de jóvenes y familias y de la sociedad argentina en su conjunto”.

En su presentación ante la CIDH, el organismo de derechos humanos relató que la defensa de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, impugna la labor del BNDG desde 2006, cuando su directora fue cesanteada por haber alcanzado la edad jubilatoria. “Si este planteo prosperara –dice el escrito– no sólo se perpetrarían violaciones a los derechos humanos en el caso concreto, sino en todo el proceso de restitución de niños apropiados ilegítimamente durante la dictadura, pues el material genético recabado durante más de 26 años por el BNDG –con la colaboración de los familiares que buscan incansablemente a sus nietos– debería ser descartado. Si esto ocurriera, cientos de familiares de desaparecidos deberían volver a brindar su ADN, lo cual en muchos casos resulta imposible dado su fallecimiento (lo que exigiría hallar sus cuerpos, en el caso de que no hubieran sido cremados, y exhumados). Además, quedaría legalmente desconocida la identidad de 18 personas que fueron “restituidas” desde el año 2006 a la fecha”.

“Abuelas de Plaza de Mayo tiene el deber de advertir que tomando en consideración el nivel de poder involucrado en esta causa, la presión ejercida sobre las autori-dades judiciales intervinientes es inusitada y justifica la extrema preocupación de nuestra parte. Abuelas de Plaza de Mayo pretende, nada más y nada menos, que el debido proceso legal. La virulencia y agresividad de ciertos planteos nos ha llevado a exigir a las autoridades el reforzamiento de la custodia policial del BNDG, pues tememos la realización de un atentado o siniestro contra el mismo”, señalaron. Recordaron también el atentado sufrido en la casa de Carlotto en septiembre de 2002 y que el año pasado “días después de la sanción de tres importantes leyes sobre la restitución de niños” el custodio personal de la presidenta de Abuelas “repelió otro ataque”. Mencionaron, además, como otro hecho de gravedad, “el daño que sufrió la caja fuerte en la que estaban reservadas las muestras hemáticas obtenidas en este caso emblemático”.

LAS ABUELAS DE PLAZA DE MAYO SE PRESENTARON ANTE LA CIDH

“Están en peligro todas las restituciones”