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La Cámara Federal rechazó la recusación al juez Norberto Oyarbide que había presentado el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, luego de ser procesado como partícipe necesario de una asociación ilícita por el espionaje ilegal. El líder de PRO había basado su intento de apartar al juez –al que también le pidieron juicio político– en las declaraciones del ex menemista Héctor Maya, aliado de PRO en Entre Ríos. El ex senador sostenía que Oyarbide le dijo en un encuentro casual y sin testigos: “A Macri me lo llevo puesto”. El juez lo desmintió. “El evento referenciado por la defensa de Macri carece de la fuerza necesaria para provocar el apartamiento”, consideraron Sus Señorías.
Los defensores de Macri, Santiago Feder y Ricardo Rosental, apelaron el procesamiento y, a la vez, recusaron a Oyarbide. En rigor, utilizaron tres argumentos: los dichos de Maya, las declaraciones públicas de Oyarbide y el diferente tratamiento para Guillermo Montenegro y para Macri. Además, pidieron la nulidad de todo lo actuado. A esto, los diputados del PRO le sumaron luego un pedido de juicio político a Oyarbide con argumentos similares. Sólo le agregaron una causal más, luego de que filtraran a la prensa la supuesta identidad de quien alertó al familiar de una víctima del atentado en la AMIA, Sergio Burstein, que lo estaban espiando.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler deshicieron los argumentos de los defensores de Macri en un fallo de seis páginas. Es la segunda vez que ratifican a Oyarbide, tras la primera recusación de Montenegro. En los fundamentos, hicieron notar que los abogados de Macri no afirmaron “que las declaraciones de Maya sean ciertas (lo aclaran expresamente)” y señalaron que, en la audiencia a la que Macri llegó con la ayuda de –según su lapsus– “un motochorro”, pidió fuera de término que compareciera Maya, en lugar de fundar sus argumentos, que es la razón por la que se lo convocaba. “El alegato oral de la defensa de Macri no transitó por esos carriles: no profundizó sobre los dichos del ex senador Maya –a los que se refirió sólo superficialmente–, ni contestó el informe labrado por el juez Oyarbide”, detallaron los magistrados. En esa oportunidad, se dedicaron a cuestionar la instrucción del magistrado.
Los jueces consideraron que los dichos de Maya tienen “un valor relativo”. “Aun dándole crédito a la existencia del encuentro entre el ex senador y el juez, una lectura prudente debe apreciarlo en su justa medida. Este examen no puede dejar de considerar las circunstancias del diálogo –casual o ‘accidental’– la distancia temporal entre él y la convocatoria de Macri (...), ni las decenas de cuerpos de actuación labrados desde noviembre/diciembre del año pasado”, consideraron los camaristas, que no se privaron de recordar que Maya le había planteado su denuncia a Macri hace tiempo y el jefe de Gobierno la había descartado. “Las características de la información aportada no pasaron inadvertidas por el propio Macri, quien a pesar de su contenido tan sólo judicializó su sospecha una vez que fuera procesado”, refrescaron.
Sus Señorías interpretaron que la defensa de Macri quería llevarlos a un examen de toda la causa y estimaron que, precisamente, eso es lo que harán cuando analicen la apelación, que es la vía ordinaria. “Tampoco la tiene por sí sola la comparación de los temperamentos asumidos respecto a Macri y Montenegro”, advirtieron sobre el argumento macrista de que había habido un trato diferenciado en el caso del ministro de Justicia. “En estos términos, la recusación no puede prosperar”, desestimaron.
Después de este rechazo, desde la gestión PRO nadie quiso salir a hablar. El único que se animó a dar la cara fue el legislador macrista Gerardo Ingaramo. “Resulta sorpresivo que la Cámara no dé lugar a un testimonio tan ilustrativo como el del ex senador Maya”, consideró, y estimó que Oyarbide “dio sobradas pruebas de su actitud discrecional”. Por su parte, Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro, estimó que “Macri quiso utilizar una chicana judicial, en vez de intentar probar que no tiene nada que ver. Quiso ganar tiempo o ensuciar la cancha, algo que no debe hacer un jefe de Gobierno”.
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