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El procurador general adjunto ante la Corte Suprema, Luis González Warcalde, dictaminó a favor de la anulación del juicio que condenó a cadena perpetua a Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia del empresario Alfredo Yabrán, por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas. González Warcalde admitió “la violación de la garantía de imparcialidad como fruto de una deficiencia estructural del sistema de enjuiciamiento penal” y recomendó a la Corte realizar un nuevo juicio.
El caso había llegado al máximo tribunal por un recurso del abogado defensor de Ríos, el penalista Jorge Sandro, quien sostuvo que en la causa contra el ex custodio “fue afectada la garantía que le asiste a toda persona a ser juzgada por un tribunal imparcial”. Para justificar su acusación, Sandro elevó un recurso en el que sostuvo que los jueces que intervinieron en la etapa de instrucción fueron los mismos que luego actuaron en el juicio oral.
Se trata de los magistrados de Dolores Jorge Dupuy, Raúl Begué y Susana Yaltone, los cuales –como integrantes de la Cámara de Garantías de Dolores– confirmaron la prisión preventiva de Ríos y ordenaron profundizar la investigación, para más tarde (en el año 2000) concluir un juicio en el que dictaron la condena a perpetua del ex jefe de la custodia de Yabrán. Lo acusaron de ser el instigador del crimen de Cabezas, ocurrido en las afueras de Pinamar el 25 de enero de 1997.
El dictamen de González Warcalde hizo lugar a la presentación de la defensa de Ríos y destacó que la Corte ya había ordenado la realización de nuevos juicios en tres casos parecidos; entre otros, en el caso Fraticelli, donde se intentó determinar si el ex juez santafesino de Rufino Carlos Fraticelli y su esposa, Graciela Dieser, habían asesinado a su hija. Si la Corte sigue el planteo, deberá ordenar el dictado de una nueva sentencia.
En el juicio oral, que duró cincuenta y cinco días y terminó en febrero de 2000, se probó que al fotoperiodista lo esposaron, lo balearon dos veces en la nunca y luego quemaron su auto por orden de Alfredo Yabrán, a quien –sostiene la versión oficial de la Justicia– le molestaban las fotos que Cabezas le había sacado. Hubo condenas para los ex policías Gustavo Prellezo, Sergio Camaratta y Aníbal Luna, así como a la banda Los Horneros (ligada a una unidad básica y a la barra brava de Estudiantes de La Plata), que integraban José Luis Auge, Horacio Braga, Sergio González y Héctor Retana. Yabrán no llegó a ser juzgado porque se suicidó el 20 de mayo de 1998, cuando la policía fue a detenerlo, en una de sus estancias en Entre Ríos.
Sin embargo, favorecidos por amplias reducciones de penas y demoras en la Suprema Corte bonaerense para resolver las apelaciones –la Cámara de Casación tardó cuatro años en tratar la apelación al fallo del Tribunal Oral–, tanto los ladrones de la banda como los policías que los reclutaron para asesinar a Cabezas fueron recuperando la libertad uno por uno.
De todos los acusados, Ríos era el más cercano a Yabrán. Pasó once años en prisión, desde septiembre de 1997 hasta noviembre de 2008, cuando le fue concedida la libertad condicional, de acuerdo con la ley del “dos por uno” –derogada en 2001 pero vigente al momento del homicidio–, mediante la cual se computaron doble los años en que estuvo preso sin sentencia firme. Meses antes ya había sido beneficiado con la prisión domiciliaria, por la que además consiguió que designaran a su mujer como guarda legal.
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